Durante esta jornada la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas le pidió al Gobierno de Venezuela que detenga «todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra manera de agresión contra las organizaciones de empresarios y trabajadores no afines al Gobierno».
Esta solicitud se produjo luego de la petición de 33 empresarios, todos ellos miembros de la Conferencia Internacional del Trabajo, que decidieron presentar en 2015 una queja ante la Comisión del Consejo de Administración, el órgano ejecutivo de la OIT, en la que denunciaban al Gobierno de Caracas por «violencia, incumplimiento de convenios internacionales, y de organizar una campaña de desprestigio contra la organización de empresarios Fedecámaras«.
Desde entonces, la Comisión ha mantenido varios contactos con las partes afectadas y sesiones con la participación de testigos provenientes tanto de autoridades como de los sectores no gubernamentales.
El informe final de la Comisión denunció «prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las partes afectadas, e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores; todo ello vulnerando las garantías previstas en los Convenios».
Además, el informe de los expertos expone recomendaciones orientadas a promover «el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social».
Asimismo, desde la OIT se plantea la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia y amenazas, y pide la liberación inmediata de todo empresario o sindicalista que esté en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones, como los responsables sindicales de Ferrominera Rubén González y Rodney Alvárez, quienes respectivamente llevan casi uno y ocho años en prisión.
El Gobierno venezolano tiene ahora tres meses para comunicar si acepta las recomendaciones del informe. Si las rechaza, tiene la posibilidad de someter el caso ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, según ha indicado la OIT en un comunicado.(Emol Europa Press)
