La Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli; Renovación Nacional (RN); Partido Regionalista Independiente (PRI); Partido Republicano (PR); Partido Centro Unido (PCU) y el Partido de La Gente (PDG) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra de la resolución del Servel que resolvió anular parte de la candidaturas para los comicios de senadores y diputados del 21 de noviembre 2021.
En su reclamación, la UDI, RN, Evópoli y el PRI, que componen el pacto Chile Podemos +, denunciaron “situaciones anómalas al momento de ingresar a la plataforma informática” que dispuso el Servicio Electoral, lo cual -según ellos- impidió desarrollar el proceso con la debida normalidad el proceso de inscripción.
Según su presentación, la falla técnica mencionada en el párrafo anterior consistió en un bloqueo de la celda junto al nombre de cada candidato del Distrito 19 de la región de Ñuble, la cual permite, a los usuarios habilitados para dicho efecto, marcar preferencia por aquella persona y ser declarada por el partido respectivo como candidato en relación al distrito electoral en cuestión.
“Aquella situación ocurrió a eso de las 23:40 horas del día 23 de agosto de 2021, respecto de la cual no hubo posibilidad alguna que el Servel realizara los ajustes técnicos que permitiesen a nuestras representadas cumplir con el cometido mencionado anteriormente”, consignó la reclamación, añadiendo que las fallas de la plataforma fueron certificadas por el Notario de la Primera Notaría Pública de Providencia, Luis Eduardo Rodríguez.
El caso es que producto del hecho, el Servel rechazó la inscripción de las candidaturas a diputados de Cristóbal Martínez; Marta Bravo; Nataly De la Hoz; Angélica Cuevas y Frank Sauerbaum. En su resolución, explicaron que el Servel aceptó las candidaturas de pactos electorales representativos de las ideas de izquierda, situación que deja en una posición desmedrada a los electores de la región de Ñuble, habida consideración que los deja en la imposibilidad de poder elegir a un candidato de un pacto electoral distinto, impidiéndoles, al mismo tiempo, concretar uno de los principios basales del sistema democrático, cual es la alternancia en el poder, en conformidad a lo consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política.
En este proceso, UDI, RN, Evópoli y PRI son representados por los abogados Rodrigo Flores y Paulina Monti. Mientras que el Partido Republicano (PR) y Partido de La Gente (PDG) son asesorados por el abogado Rodrigo León Pinto.
Estos últimos en su presentación ante el Tricel fueron mucho más duros y acusaron al Servel de abuso en el manejo de bases de datos y la violación a la ley de protección de datos privados. “No tiene capacidad anticipatoria y está cuestionado por decisiones que abren problemas más que cerrarlos”, señaló el escrito.
“La cantidad de casos reclamados este año, de Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Fernando Atria en enero, la Lista del Pueblo, Felices y Forrados, Diego Ancalao y 23 mil atestamentos certificados por un notario muerto; juntemos eso con el caso Partido Ciudadanos en el 2017 (un partido sin militantes); y ahora lo que reclamamos por estos tres partidos y sus postulaciones parlamentarias, ha terminado por horadar a la autoridad electoral y despertar no solo sospechas, sino actos delictuales de proporciones mayores”, consignó el mismo documento.
“No existen condiciones de igualdad de trato al acceso, al momento de dar facilidades al Partido de la Gente, Partido Centro Unido y cuatro regiones en trámite de extensión al Partido Republicano, en comparación con otros partidos o con independientes, al punto que dichos partidos no pueden cumplir con la ley y aun así presentar candidaturas parlamentarias o a cualquier cargo de elección popular en este ciclo”, remató.
La reclamación busca evitar el rechazo de 10 candidaturas: dos de Republicanos, cuatro del Partido Centro Unido y cuatro del Partido de La Gente.
Por otro lado, Evolución Política (Evópoli) y el Partido Por La Democracia (PPD) también presentaron reclamaciones de manera individual. En el primer caso, el conglomerado oficialista busca reactivar la candidatura a diputado de Juan Manuel Santa Cruz por el distrito electoral Nº 21. Esto, luego que el Servel rechazara su postulación el pasado 2 de septiembre.
¿La razón? Según la resolución el “mandato para suscribir declaración jurada no ha sido otorgado mediante escritura pública. Art 3 inciso 2º, Ley Nº 18.700”, según consta en la página 18 del Anexo Nº 2 de la resolución individualizada.
En su presentación Evopoli sostuvo que el Servel no ha cuestionado las candidaturas a diputado del partido por razones de paridad de género, por lo tanto, el rechazo a la postulación de Santa Cruz puede generar problemas con los porcentajes previstos en aquella norma.
Mientras, que el PPD presentó un requerimiento a fin de revertir la resolución que rechazó la candidatura de Lautaron Loncón Antileo -hermano de la presidenta de la Convención Constituyente- que postula como candidato a diputado por el distrito 9 en la Región Metropolitana.
Su postulación resultó impugnada debido a que según el Servel, ya que no figura en el registro electoral de afiliados que mantiene el servicio.
REPUBLICANOS
Con la confianza de que, en el más breve plazo, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revertirá lo resuelto por el Servicio Electoral (Servel), el Partido Republicano presentó el recurso de reclamación con los antecedentes para lograr que las candidaturas a diputado de la colectividad que fueron impugnadas sean finalmente reconocidas como declaradas.
El escrito fue presentado dentro de los plazos legales y ahora deberá ser revisado por el Tricel, como parte del proceso de apelación a las candidaturas rechazadas por el Servel.
“Hemos señalado que acudiremos a todas las instancias legales para enmendar este grave error cometido por el Servel, y esta reclamación ingresada al Tricel va en esa línea”, señaló Rojo Edwards, coordinador político de la colectividad.
“Son muchos los chilenos que esperan ser representados por los candidatos del Partido Republicano en las próximas elecciones, y estamos confiados en que el Tricel les permitirá estar en la papeleta en noviembre”, agregó.
En ese sentido, reafirmó que “aquí debe primar la justicia electoral por el bien de la democracia y el país”.
MULET PIDE CAMBIOS DE CONSEJEROS DEL SERVEL
“Deberían designarse nuevos consejeros del Servel, sobre todo ahora que el Consejo del Servel ha estado tan cuestionado por sus decisiones que han sido abiertamente políticas”. Esa es la postura del presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, respecto a la polémica que reveló El Mostrador respecto a que los consejeros del Servicio Electoral, José Miguel Bulnes y Patricio Santamaría, continúan oficiando como consejeros, a pesar de que, por ley, cumplieron un período de 8 años en su cargo en febrero.
Según la legislación, ambos consejeros deberían haber dejado su puesto hace siete meses, pero se mantienen en sus cargos, y en el caso de Bulnes alterna su ejercicio en el Servel con el de gestor de intereses, en favor de empresas, sosteniendo reuniones con Corfo, por ejemplo.
“Creo que hay que revisar eso, me preocupa», estableció el diputado Jaime Mulet, sobre todo porque “por primera vez tenemos un cuestionamiento severo al Servel a propósito del rechazo de candidaturas por una falla en la plataforma del servicio y no por fallas de los partidos que declaramos las candidaturas”, indicó el diputado, aludiendo a la polémica que se generó con el rechazo de candidaturas de parte del Servel.
Mulet fue más allá e indicó que “hay quienes cuestionan la legalidad de esa extensión. Yo cuestiono el Consejo Directivo completo, creo que suena muy mala idea crear este consejo político, que en el fondo ha cuestionado candidaturas políticamente”.
“Cuando no existía el Consejo del Servel, nunca tuvimos problemas. Hubo más de 30 años de recuperada la democracia, donde el director nacional hacía una gestión siempre correcta sin un cuestionamiento político como lo hace hoy el señor Andrés Tagle (experto electoral de la UDI y actual presidente del Consejo Directivo del Servel)”, finalizó Mulet.
Los integrantes del Consejo Directivo del Servicio Electoral son designados por el Presidente, y por ley deben permanecer 8 años en el cargo, plazo que ya cumplieron Bulnes y Santamaría en febrero de 2021. Pero el Mandatario todavía no presenta los nombres de los sucesores al Congreso. Así, los consejeros continúan recibiendo su dieta de $3.5 millones mensuales, lo que a la fecha les ha significado un acumulado de $24 millones 500 mil. (La Tercera-El Dínamo-El Mostrador)
