En octubre de 2019 se vivieron diversos tipos de violencia, de las cuales una fue revolucionaria. Cuando la violencia política se manifiesta en el marco de una democracia liberal, las interpretaciones comunes apuntan a que ella sería una consecuencia de la ineficacia de los conductos institucionales para canalizar las pretensiones ciudadanas. En un contexto de desigualdad de ingresos y reconocimientos, abundan quienes arguyen que la violencia sería el síntoma de la “injusticia social”, por lo que esta estaría legitimada como reacción a una estructura económica y social inequitativa. Desde ese punto de vista, la violencia sería una suerte de terapia o condición necesaria con la que el “pueblo dominado” exorciza su condición y la sociedad en su conjunto se eleva a una etapa superior.
Si es que nos centramos en el discurso, señala David Apter (1997), podemos advertir que la legitimación de la violencia política no se produce como una mera consecuencia de condiciones materiales o sociales, sino que requiere de recursos simbólicos e ideológicos a partir de los cuales, por ejemplo, la destrucción de un torniquete del Metro de Santiago deja de ser interpretado como una infracción o hecho aislado, y se transforma en un acto inscrito en una narrativa superior que lo ampara y redime. Es lo que ocurrió cuando, a partir del 15 de octubre, varios dirigentes del Frente Amplio –incluyendo a Gabriel Boric que hoy aspira al sillón presidencial-, del Partido Comunista, del sindicato del Metro de Santiago, de la CONFECH, entre otras organizaciones, señalaron que no pagar el pasaje del transporte público no era un delito, sino que constituía una legítima “desobediencia civil”. De este modo, al estar justificada la evasión para quienes la ejercían, la represión contra quienes no pagaban el pasaje perdía su legitimidad, invirtiéndose así las valoraciones sobre los hechos y la violencia. Fue así como, en diciembre del 2019, un 41% justificaba evadir el transporte público cuando su precio sube y casi un 20% apoyaba participar en barricadas o destrozos como forma de protesta (Encuesta CEP, 2019).
Lo que detonó los hechos de ese octubre no fue, originariamente, la Constitución, sino el alza de 30 pesos del pasaje del Metro. El proceso de metamorfosis de los 30 pesos a los 30 años fue un efectivo ejercicio discursivo, configurado por diversos movimientos y organizaciones sociales que, desde sus agendas particulares, fueron incorporando un mayor contenido político y simbólico a los hechos. Institucionalmente, el gobierno tenía minoría en ambas cámaras y la protesta durante el estado de excepción constitucional fue avalada por representantes del Congreso que siguieron motivando el desacato a las leyes. Incluso, se buscó destituir por primera vez en democracia al Presidente. La Constitución prontamente se convirtió en letra muerta, triunfando la interpretación que apuntaba no a su reforma, sino a un rotundo cambio en las relaciones políticas, sociales y económicas bajo la pretensión de refundar el país desde una “hoja en blanco”. De este modo, lo que comenzó esa semana de octubre de 2019 se condensó en el acuerdo que permitió el plebiscito que dio origen a la Convención Constitucional.
Hoy, a dos años del 18-0, Chile se encuentra en medio de un proceso revolucionario complejo y de larga duración, que ha logrado ser canalizado institucionalmente, mas no contenido, en el órgano constituyente. En efecto, si bien la Convención Constitucional se entendió como el canal “reformista” con el que se podían resolver los conflictos que el estallido puso sobre la mesa, en reiteradas ocasiones esta entidad ha demostrado que se considera a sí misma como un poder soberano y, en ocasiones, ilimitado, como si su origen no estuviese en el acuerdo de noviembre sino en las protestas violentas y atentados al orden público que buscan amnistiar. Y lo cierto es que, de ganar Gabriel Boric, implicaría la concentración del poder, Ejecutivo y Constituyente, en sectores que peligrosamente facilitarían la implementación de un proyecto revolucionario y no reformista. Para constatar este aserto, basta echar una mirada a su programa de gobierno, el que no puede leerse sino en armonía con los grupos más radicales de la Convención. (El Líbero)
Alfonso España
