Derechos, regularización, seguridad, acceso a la justicia. Estos son algunos de los conceptos incorporados en el documento de ocho carrilas que establece las nuevas directrices para el tratamiento de migrantes en Chile, los que llegan a 441 mil. Se trata de un decreto supremo llamado “Lineamientos e instrucciones para la política Nacional Migratoria”, el que servirá como base para el proyecto de ley sobre migración que será enviado al Congreso en 2016.
El documento firmado por a Presidenta Michelle Bachelet el pasado 6 de noviembre, contiene 15 ejes que serán la hoja de ruta para todos los organismos del Estado en materia inmigración y emigración.
Entre los puntos que se desarrollan están el velar por sus derechos humanos, apoyar a las mujeres migrantes quienes tienen una mayor afectación de derechos, asegurar principios de no discriminación, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, fomentar sus derechos laborales y el acceso al trabajo.
“El instructivo presidencial aborda los objetivos que se pretende concretar con la ley que vamos a a presentar en el Congreso, ese es el objetivo que tiene este instructivo, por eso tiene conceptos tan novedosos que se van a materializar después en la ley”, dijo Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería y Migración.
En esa línea, Sandoval aseguró que “lo que aquí existe es una definición política de la Presidenta Bachelet en términos de cómo entiende la migración y cómo entiende que debe abordarse, por lo tanto tiene que necesariamente la propuesta legislativa de la presidenta Bachelet tiene que guardar coherencia con este instructivo”.
Respecto al empleo, el documento presidencial señala que “el gobierno generará mecanismos concretos para facilitar el acceso de los migrantes al mercado del trabajo, ya que se considera (…) la herramienta fundamental que facilita el proceso de inclusión social en Chile”. En ese sentido, se agrega que “se deberá promover, en igualdad de condiciones con los trabajadores chilenos, los derechos laborales y la protección social de los migrantes, con independencia de su condición migratoria”.
En el caso de acceso a la Justicia, se señala que “el gobierno procurará que los extranjeros, en condición de igualdad con la población nacional, cuenten con asistencia y representación para los procedimientos en que sean parte”. Otro de los puntos es “fortalecer los instrumentos para la protección” de los derechos, especialmente de las mujeres “que se encuentran en una situación de desprotección de sus derechos cuando emprenden proyectos migratorios”, dice el decreto.
También, se detalla la necesidad de un registro e información como soporte de la política migratoria. La idea es generar “estadísticas de calidad, actualizadas (…) que deberá ser accesible a todos los servicios del Estado”. En ese ámbito, Sandoval dijo que “estamos desarrollando ahora informalmente un índice de movilidad migratoria que lo que permite es que nosotros podamos saber dónde se están trasladando las personas en el sistema, qué prestaciones piden, en fin. Pero nos cuesta mucho porque no hay recursos”.
Para Miguel Yaksic, director del Servicio Jesuita a Migrante (SJM), este “es un buen instructivo, es un buen intento en que Chile vaya articulando una política migratoria integral. Tiene enfoque de derechos, perspectiva intercultural, una lógica intersectorial que entiende que la migración no es un asunto de extranjería, sino también del sistema de salud, del trabajo, la educación y la protección social”. Sin embargo, señaló que “el problema que tiene es que una política migratoria no se articula por medio de un instructivo, sino que por la vía de la ley. porque los cambios administrativos son muy frágiles”.
Fabiola Morales, una de las voceras de Movimiento Acción Migrante, sostuvo que “son principios que abordan algunos de los criterios que debería tener una política migratoria, pero como bien dice el mismo documento, estos son sólo los ejes estratégicos de la política, falta el plan, en el que vamos a ver qué tanto se va a poder hacer con acciones concretas”.
