El oficio que la Empresa Puerto Valparaíso (EPV) envió al alcalde Jorge Sharp para que el municipio devuelva $426 millones correspondientes al permiso de obras del mall Barón, que la Corte Suprema declaró nulo el 27 de diciembre último, causó el rechazo del jefe comunal y de los concejales.
Ante el anuncio de EPV de reservarse el derecho «para solicitar judicialmente las indemnizaciones de perjuicios» y también la restitución de $810 millones por los estudios arqueológicos que se realizaron en el entorno del muelle Barón, el alcalde Jorge Sharp indicó que «si ejercen acciones en los tribunales, nos defenderemos con uñas y dientes».
Señaló que «uno puede alegar en tribunales lo que estime conveniente; puede alegar cualquier locura», tras lo cual afirmó que las acciones iniciadas por EPV «tienen una inconsistencia jurídica muy grande en sus sustentos».
Según el concejal y arquitecto Daniel Morales, el director de Obras del municipio porteño aprobó el permiso de edificación del 14 de febrero del 2013 de manera forzada, en base a ilegalidades de EPV y de Mall Barón, que se anuló con el dictamen de la Corte Suprema. Planteó que «si yo voy al Casino, pago mi entrada, me pillan que estaba haciendo trampa y me sacan, no puedo decir que me devuelvan la entrada».
El concejal Claudio Reyes argumentó que el pago del permiso de edificación no es un impuesto, sino el derecho por una labor realizada, como fue la revisión del proyecto del mall . «En este caso, la municipalidad cumplió y el proyecto se cayó por otras externalidades, como fue el dictamen de la Corte Suprema. Aquí hay un argumento válido, por lo que le pedimos a EPV que no insista.
Sharp precisó que la acción de la empresa rompe el espíritu con el cual se buscaba un acuerdo para desarrollar alternativas de uso del espacio del muelle Barón, como un parque público, junto a diversos inversionistas. (El Mercurio)
