A dos semanas del inédito allanamiento a su casa en Rancagua, el fiscal Sergio Moya continúa molesto por el procedimiento encabezado por su colega, el persecutor de Aysén, Carlos Palma. Así lo dejó ver el martes 21 de mayo, a través de un recurso de protección contra el fiscal que indaga la implantanción de evidencia en el marco de la fallida Operación Huracán.
Según el persecutor de O’Higgins, quien el 19 de abril denunció a su superior, Emiliano Arias, por presuntas irregularidades en la tramitación de causas, el allanamiento ordenado por Palma fue fue una “ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a domicilio particular y, además, apartada de la ley”.
La diligencia ocurrió luego que la abogada defensora del capitán de Carabineros (R)Leonardo Osses, imputado en el caso Huracán, Marisa Navarrete, hiciera llegar a Palma un correo electrónico entre Moya y otro formalizado por Huracán, el mayor (R) Patricio Marín. Navarrete, además, es pareja del fiscal Arias.
Sin embargo, además del recurso de protección, ayer Moya entregó otro antecedente al tribunal de alzada. Invocó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por considerar que en el allanamiento se pasaron llevar los derechos de su hijo de 12 años.
En este otro escrito, Moya aseguró que “un allanamiento de estas características que no es algo a lo que se deba exponer a un menor, solo bastaba esperar hasta las 07:30 horas para que se fuera a clases y no viviera esta experiencia que lo tiene afectado psicológicamente y que sin duda lo marcará de por vida. Por lo demás, su existencia y presencia en la casa es de conocimiento personal del fiscal Carlos Palma Guerra”.
El persecutor agregó que “¿tiene alguna justificación iniciar el allanamiento pasadas las 05:30 horas de la madrugada, sabiendo que hay menores de edad?”.
LLAITUL
Esta no es la única preocupación de Moya. El 13 de mayo, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se querelló contra el fiscal y el exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos. Con esta acción judicial, el comunero sería interviniente en la causa, pudiendo acceder a antecedentes vinculados al investigador.
Esta es una de las cosas en las que Moya también advierte en el escrito. “Particular preocupación reviste para mí y mi familia que la información de índole privada llegue a manos de intervinientes como Héctor Llaitul Carillanca, líder de la CAM y querellante en mi contra. A su respecto, llevé adelante varios procesos en su contra en mis diez años de fiscal en la Novena Región”, dijo el persecutor en el documento.
Moya, además, agregó que “debemos recordar que esta persona fue condenada por atentar en contra del fiscal Mario Elgueta de la Octava Región y personal de Carabineros y PDI, a una pena efectiva de ocho años de privación de libertad, por lo que su peligrosidad no puede ser soslayada“.
La Tercera/Agencias
