Ante la alerta que levantó el gerente general de la compañía, César Garrido, por el eventual cierre a fin de año de la siderúrgica Huachipato, las autoridades se reunieron para abordar la problemática que está generando y así evaluar medidas.
Esto, porque se estima que cerca de 20 mil puestos de trabajo estarían en riesgo si es que se pone fin a la fábrica.
En consecuencia, también se verían afectados proveedores de la empresa e industrias derivadas de la producción de acero. En la instancia, estuvieron la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, junto al seremi de Economía, Javier Sepúlveda y Héctor Medina, presidente del Sindicato 1 de Huachipato.
Tanto Dresdner como Sepúlveda aseguraron que este viernes el ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunirá con la empresa en su planta en Talcahuano, región del Biobío.
«(Grau) va a estar el día de mañana acá en la región y va a juntarse con la empresa para poder hablar en detalle respecto de las medidas que se puedan tomar por parte del Gobierno. Hay distintas instituciones que están involucradas también, hay medidas que corresponden con el apoyo de los parlamentarios y los avances que podemos generar para poder apoyar esta empresa», expresó la delegada presidencial del Biobío.
Al respecto, Sepúlveda reforzó que «nosotros como Gobierno hace ya bastante tiempo hemos estado preocupándonos de avanzar con algunas conversaciones».
En ese sentido, detalló que «algunas de esas conversaciones tienen que ver justamente con que la empresa como tal, haga ingreso de una solicitud a la comisión revisora de distorsión de precios que preside la Fiscalía Nacional Económica (FNE) -y que está compuesta por otros estamentos del estado, algunos autónomos y otros que dependen de nuestro Gobierno- que es una instancia muy técnica a la cual la empresa debe hacer la solicitud ingresando antecedentes detallados respecto a los niveles de producción, los sistemas y estructuras de costo, y diferenciales de precios con respecto al acero chino».
Dicho eso, remarcó que han planteado «desde el momento uno, que apenas se haga esa solicitud, vamos a activar esta comisión que actúa ‘a pedido’ -y no permanentemente- para que en el corto plazo o en el menor plazo posible se tenga alguna acción concreta».
«La empresa como tal, haga ingreso de una solicitud a la comisión revisora de distorsión de precios que preside la Fiscalía Nacional Económica (FNE) -y que está compuesta por otros estamentos del estado, algunos autónomos y otros que dependen de nuestro Gobierno- que es una instancia muy técnica a la cual la empresa debe hacer la solicitud ingresando antecedentes Javier Sepúlveda, seremi de Economía.
Sobre alguna de las medidas que están evaluando, detalló que por ejemplo, puede ser modificaciones a tratados de libre comercio, aranceles, y aduaneros.
Asimismo, «como cuotas de importación del acero chino, son distintas iniciativas que tienen que evaluarse dependiendo del marco regulatorio que nosotros tenemos como país».
Por su parte, Medina reiteró que «este es el peor momento, nosotros perdimos el 50% de nuestros productos planos, perdimos la mitad de nuestros compañeros de trabajo. Si éramos 3 mil, 1.500 se fueron para afuera. Así que es el peor momento».
Sin embargo, expresó estar positivo frente a las conversaciones con las autoridades, ya que sostuvo que «nos damos cuenta de que nuevamente es una empresa estratégica. Y el Gobierno lo toma como una empresa estratégica. Y eso es fundamental para buscar soluciones al cierre de nuestra compañía. Si se mira desde ese punto de vista, no tenemos ninguna duda que vamos a llegar a no al cierre de esta empresa».
«Vamos por buen camino. Y esperamos que no suceda lo que dijo nuestro gerente, que a fin de año se podría cerrar esta empresa. Para eso estamos trabajando», cerró. (Emol)
