De acuerdo al diccionario de la lengua de la Real Academia Española, “meritocracia es el sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se asignan en función de los méritos personales”. Tal cual, selección en función del mérito.
Los nombramientos y renuncias de las últimas semanas han activado el debate sobre los criterios de nombramiento de autoridades. El debate se ha centrado en los vínculos de parentesco y en prevenir cualquier privilegio, pero ¿cuánto se habla del mérito que deben tener los potenciales funcionarios? ¿Cuánto se habla de lo que serán capaces de hacer una vez nombrados en sus cargos?
La selección de autoridades y de cargos de confianza debe realizarse en base a criterios objetivos establecidos en normas conocidas por todos, que logren balancear de forma adecuada el resguardo de la probidad y evitar conflictos de intereses, pero al mismo tiempo que promuevan y aseguren el mérito, las capacidad y competencias para el cargo.
Podríamos decir que el nombramiento en estos cargos incluye características que el funcionario no puede tener (inhabilidades, parentesco, etc.), y otras que debe tener (mérito, preparación, etc.). Hoy pareciera que sólo importa lo primero. Mientras no exista el asomo de afectar una norma de probidad o transparencia, pareciera que todos están tranquilos, aun cuando el candidato al cargo no tenga el mérito ni las competencias para cumplirlo.
Cuidado. Necesitamos algo mucho mejor que eso. Necesitamos un equilibrio entre los bienes que queremos promover, para asegurar que las personas seleccionadas no lo sean por sus vínculos, sino por sus méritos. Pero para ello, el valor del mérito debe estar puesto en lo central del debate de la selección de funcionarios en el estado.
Nuestro país -un país de clase media- está cada vez más atento y sensible ante las decisiones de sus autoridades. Los líderes políticos, por su parte, están atentos también para aprovechar las coyunturas y hacer valer sus puntos de vista para criticar a sus adversarios o bien para defender a los propios. El punto es que en este ambiente de alta exigencia y escrutinio, la opinión pública pone sus acentos en aquello que más puede sensibilizar en una sociedad en cambio, aún cuando no sea el único factor relevante. En el último tiempo, ese aspecto ha sido el evitar los privilegios de las autoridades, cualquiera que esta sea. Bien por esa aspiración o narrativa, pero no es la única que asegura buenos funcionarios para el servicio público.
La administración del Estado es cada vez una tarea más compleja, y requiere de personas especialmente preparadas para liderar sus organismos con talento y proyección. El crecimiento del Estado, la incorporación de la tecnología, las restricciones administrativas, la regulación presupuestaria, el empoderamiento ciudadano, entre muchos otros temas, hacen que el ejercicio de funciones de liderazgo en el estado sea cada vez más desafiante y complejo. Por ello, el debate sobre los nombramientos en cargos de confianza debe incorporar con más énfasis el mérito y las capacidades. Nuestro Estado debe ser un vehículo para la meritocracia.
Como en muchos aspectos de la vida, en los nombramientos en el estado se necesita un balance. Probidad y mérito deben ir de la mano, y para que eso suceda, el mérito debe tener un espacio relevante en la discusión pública. (La Tercera)
Ernesto Silva
