El pasado martes 16 de octubre, luego del fin de semana largo, la falta de quórum en la Cámara de Diputados no permitió iniciar a tiempo la sesión ordinaria en el Congreso, por lo que debió postergarse hasta el arribo de al menos 52 parlamentarios de los 155 en ejercicio. No es primera vez que asuntos de esta índole hacen noticia: a mediados de diciembre del 2017, y con motivo de facilitar la llegada de parlamentarios de otras regiones post festividad de año nuevo, la misma Cámara acordó que el día 2 de enero, iniciarían su sesión -originalmente fijada a las 10.30 am- a las 17.00 hrs. En tal oportunidad, y dado el revuelvo ciudadano que ello generó, los diputados adelantaron el inicio una hora, a las 16.00 hrs. De igual forma, la sesión se inició una hora después, al tiempo inicialmente pactado.
El mismo mes de enero, la Cámara de Diputados aprobó en general un paquete de más de 100 modificaciones a su reglamento, que incluía formalizar en él el aumento de 4 a 29 los días hábiles para no asistir a legislar sin goce de sueldo -que equivalía a cerca de un 40% del total anual de sesiones-, algo pactado por los jefes de los comités parlamentarios en diciembre de 2015 y vigente hasta tal fecha. Dado el mismo revuelo ciudadano, la iniciativa no prosperó, y en el nuevo reglamento de abril de 2018, se mantuvo el límite actual de 4 días de ausencia injustificada sin goce de remuneraciones.
Por otra parte, conocido es el bajo nivel de aprobación sobre el trabajo que desempeña nuestro Congreso –incluyendo tanto a senadores como a diputados-. En la encuesta CADEM, ha figurado desde septiembre de 2015 a la fecha en los últimos lugares dentro de las instituciones más desaprobadas, nunca superando el 26% de aprobación. Y en el pasado sondeo de septiembre de 2018, alcanzó tan solo un 17% -lo mismo alcanzado por la Iglesia Católica- y superando por un punto al tan cuestionado SENAME.
Aparentemente, esto podría ser exclusiva responsabilidad de nuestros diputados. El tipo de conductas anteriormente descrito se aleja notablemente de la realidad de un trabajador promedio, y ciertamente que su salario –públicamente conocido y equivalente a poco más de 32 sueldos mínimos- también. Por otro lado, decisiones y actuaciones de esta índole y notoriedad, parecen ser totalmente omitibles, considerando que el apoyo de la ciudadanía y su imagen debiese ser al menos algo importante en su labor. El mismo Senado acudió a trabajar en pleno, tal mañana del 2 de enero, post año nuevo, sin ningún reparo.
No obstante, hay que señalar también que la propia institucionalidad permite lo anterior: el control (o autocontrol) a la Cámara de Diputados es irrisorio y no parece ser suficiente. Por una parte, se revelan las asistencias en el sitio web de la Cámara e incluso se publica un índice anual en la materia a modo de transparencia. Por otro lado, se establecen multas tanto por inasistencias injustificadas, faltas de quórum en sala o por ausencia en sesiones fracasadas de comisiones. Sin embargo, estas no superan el 4% de su sueldo bruto y el monto de las mismas es determinado en conjunto por los Comités Parlamentarios, vale decir, los mismos diputados. Asimismo, quienes califican la justificación de la ausencia como válida en caso de duda –fuerza mayor por ejemplo- es la Comisión de Ética y Transparencia, conformada por 9 parlamentarios, sin ningún tipo de control externo.
Lo anterior genera dos interrogantes. ¿Existen incentivos efectivos para que los diputados actúen acorde y en sintonía con la ciudadanía? ¿Es necesario generar mecanismos institucionales de control externo y rendición de cuentas para evitar este tipo de conductas? Mientras, sería conveniente -no solo para el alicaído apoyo popular- que los parlamentarios dejaran de hacerse autogoles y tomaran el peso al flaco favor que le hacen episodios como los anteriores a la desprestigiada actividad política. (El Líbero)
Florencia Sierra
Francisco Vicencio
