En los últimos días hemos debido tomar una decisión que siempre resulta compleja para la Intendencia Metropolitana: no autorizar la realización de una marcha. En este caso, se trata de la “Marcha por la Chilenidad”, que pretendía avanzar este domingo desde Plaza Italia hasta Los Héroes. Se trata de una decisión difícil pero suficientemente analizada tanto en su forma como en su fondo.
El derecho a reunión está consagrado en la Constitución (artículo 19 n°13), y como Gobierno respetamos ese derecho ciudadano. Sin embargo, también se dispone en la Carta Fundamental que cuando éstas manifestaciones se efectúan en plazas, calles u otros lugares públicos, debe ser la Intendencia respectiva quien entregue el permiso correspondiente tras requerir información respecto al lugar de reunión, el objetivo, quienes son sus organizadores, etcétera.
Y eso hicimos. Requerimos todos los antecedentes, analizamos paso por paso la situación, conversamos con todos los involucrados, y concluimos que se trataba de una marcha altamente riesgosa porque vulnera los derechos de otros y pone en riesgo la seguridad de todos, tanto de las personas que asistan a ella como de las que tienen el legítimo derecho de pensar distinto.
En ese contexto, no podemos pasar por alto hechos correlacionados que -si bien no pertenecen exclusivamente a la decisión- nos parecen muy preocupantes. Basta una sencilla mirada a las redes sociales y foros públicos para darse cuenta del nivel de odiosidad que ha despertado esta marcha, con grupos a favor que han llamado a ir con armas a esta concentración y otros en contra que hablan de enfrentarlos por la fuerza en las calles, y la consiguiente espiral de violencia que eso puede generar. Sin duda, este no es el país que queremos ni la democracia con la que soñamos.
Es preocupante ver que la masiva inmigración que ha vivido nuestro país en los últimos años sea ocupada por algunos para actos abiertamente xenófobos y racistas hacia quienes legítimamente ven a Chile como un país que puede brindarles la calidad de vida que no tienen en sus lugares de origen. Un país que se ha visto enriquecido por distintas oleadas migratorias, y con otros tantos miles de emigrantes que han dejado nuestras fronteras para establecerse en otros parajes, hoy da un triste espectáculo al calificar a alguien de “bueno” o “malo” según su color de piel o su procedencia.
Como Gobierno hemos dicho reiteradamente que en Chile son bienvenidos todos los que vienen a aportar con su trabajo al crecimiento del país y al suyo propio, y que al contrario seremos inflexibles con quienes pretendan delinquir o actuar al margen de las leyes que hemos establecido los chilenos para una convivencia pacífica y justa.
Hemos trabajado precisamente para atenuar los impactos que produce una inmigración masiva como la que hemos vivido en los últimos años, regulando la entrada y endureciendo los requisitos para estar en este país. Como bien dice el Presidente Piñera, queremos una migración segura, ordenada y regular. Y se requiere de una acertada gestión pública para construir un proceso que no altere la convivencia y que sea exitoso tanto a nivel de empleo, de servicios básicos o de acceso a bienes para todos los que lo requieran.
No estamos exentos de crítica a éste y otros procesos. Pero bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se confunda lo que es la libertad de expresión con lo que es odio irracional hacia “otro”, entendiendo una marcha como un campo de batalla donde gana el que pegue más fuerte. No estamos dispuestos a ello, por la seguridad de los asistentes y de quienes circulan por ese sector, pero sobre todo porque la construcción de un Chile más justo e inclusivo nunca debe hacerse bajo esa premisa. (La Tercera)
Karla Rubilar
