Cierta polémica pública de matinal ha reiterado las majaderas críticas contra el sistema de pensiones basado en el ahorro individual, señalando que este no es propiamente un modelo de seguridad social, sino uno basado en el pérfido mercado.
Debería resultar ocioso recordar que no hay contradicción alguna entre el “mercado” y lo “social”, sino que, por el contrario, lo “social” -para ser compatible con la libertad- exige de la existencia de esos “mercados”, sin los cuales, lo “social” deviene en “socialismo” y en la posterior dictadura de esa minoría que se instala en el poder político del Estado como el factotum de lo supuestamente social por varias generaciones de las familias pertenecientes a la nomenclatura y que, en varios casos han terminado usando el mercado para sostener su poder social.
En efecto, con motivo de unas poco afortunadas declaraciones de la presidente de la Asociación de AFP’s, se ha reinstalado una discusión que, tras los retiros masivos de recursos para las pensiones realizados por los ahorrantes previsionales, parecía haber mermado, tanto por las urgencias que han surgido del impacto social y económico de la pandemia, como porque dichos retiros han terminado por evidenciar la propiedad personal de los ahorros obligatorios que disponía la ley respectiva, así como sus beneficios, correlativos, por cierto, a la capacidad y esfuerzo individual de los ahorristas, como debería ser justo.
Es meridianamente cierto que los resultados de ese esfuerzo de postergación de consumo de 40 años, no han sido, en la mayoría de los casos, los que, en las circunstancias económicas del lapso de instalación, se habían sugerido (jubilaciones equivalente al 70% de los sueldos en actividad), debido a la paulatina disminución de los rendimientos de esos ahorros, resultado de la caída de tasas de interés, las bajas remuneraciones promedio, las lagunas por cesantía y la indiferencia de décadas de la clase política y las propias AFP’s respecto del porcentaje de ahorro obligatorio dispuesto originalmente (10%) y los años de trabajo requeridos para alcanzar una mejor pensión. Buenas ideas para incrementar esos ahorros duermen el sueño de los justos en el Congreso -v.gr. depositar 1 millón de pesos en una cuenta previsional de cada niño nacido- a la espera de que la idea de liquidar el sistema tome cuerpo y se masifique para tener los votos para nacionalizar los recursos ahorrados y pasarlos a manos de quienes operan el Estado.
Así, no obstante que las asociaciones de fondos de pensiones consiguieron en sus primeras décadas de operación financiera un incremento notable de esos ahorros -al punto que, del total de los fondos vigentes, cerca de dos tercios corresponden a utilidades y poco más de un tercio al capital invertido- lo cierto es que buena parte de las pensiones que comenzaron a entregarse han sido decepcionantes. Es decir, en materia de gestión de fondos, propiamente tal, más allá de acusaciones en el margen referidas a comisiones y costos de administración, la crítica se golpea contra la dura muralla de la realidad, pues las AFP’s prácticamente entregaron una rentabilidad equivalente a las utilidades en régimen de gran parte de los negocios que financiaron. Pero más allá de ese éxito, las jubilaciones de la mayoría que se ha estado pensionando, son malas.
La explicación “social” es que, dado los bajos sueldos, las lagunas y reducido porcentaje de ahorro, la solución debería materializarse mediante el esfuerzo “colectivo”, es decir, que, en vez de que los ahorros previsionales vayan a cuentas individuales de trabajadores con bajas remuneraciones, éstas se pongan en un fondo común en el que, solidariamente, quienes ahorran más -porque tienen mejores sueldos-, aporten a quienes ganan menos, de modo que nadie reciba una pensión inferior al equivalente a la línea de la pobreza. Algo de esa lógica, aunque con recursos fiscales provenientes de la recaudación general de tributos, que es lo más equitativo, pues no expropia fondos de los trabajadores y no pone una mayor carga en la mochila de las pequeñas y medianas empresas, se instaló a través del Pilar Solidario y se desea profundizar con la próxima reforma previsional pendiente en el Congreso, con un aumento del ahorro previsional de los trabajadores y un aporte de las empresas destinando todo a un fondo común, innominado y tentador para malas prácticas políticas.
Asimismo, para ampliar y socializar sus efectos, se propone que, en vez de que sean las AFP’s quienes gestionan esos recursos -dado que es una industria que lucra con su administración- lo hagan entidades especiales creadas por el Estado, es decir, por quienes lo manejan (políticos, técnicos y funcionarios públicos), cuyos intereses no serían pecuniarios, sino “sociales” y que podrían tener mejores resultados operacionales que las instituciones privadas.
En un escenario ficticio en el que, en vez de haberse instaurado el modelo de las AFP’s en 1980 se hubiera acordado que, con el mismo 10%, iguales lagunas, tiempos de trabajo, recesiones, desempleo y bajas remuneraciones, dichos recursos los hubiera gestionado una entidad estatal ¿los resultados habrían sido mejores? ¿Lo social habría superado la marca del mercado?
Desde luego, la propia pregunta es impropia, pues los resultados de ambas gestiones dependen de cómo los mercados se hubieran comportado, en la medida que la rentabilidad de esos recursos se correlaciona con el éxito o fracaso de las inversiones que las AFP’s o los Estados hubieran alcanzado, en un mundo cada vez más global y en el que los capitales son atraídos universalmente por las utilidades que los proyectos entregan a sus promotores, abandonando aquellos que no rentan más que lo que pagaría un banco por mantener esos fondos, sin los problemas que derivan de administrar un emprendimiento.
Como se sabe, los fondos de las AFP’S chilenas han apalancado durante estos 40 años relevantes proyectos nacionales e internacionales en los más variados ámbitos de las economías, facilitando OO.PP., empresas, más valor, riqueza y empleos, al tiempo que mayor rentabilidad para los ahorros previsionales. Y no obstante que también han sufrido el impacto de las varias crisis económicas nacionales y mundiales de las últimas décadas, perdiendo valor en sus portafolios, rápidamente han logrado recuperarse, sosteniendo un volumen total que, por momentos, casi alcanzó el equivalente a la producción anual de bienes y servicios del país en todo un año.
A mayor abundamiento, un sistema “social” exigido en iguales condiciones que las AFP’s ¿habría tenido la capacidad para desembolsar en estos meses los más de US$ 50 mil millones retirados, es decir, el equivalente a casi un Presupuesto Nacional anual (US$72 mil millones)? Lo más probable es que, en tal situación, el Estado social, habiendo despreciado la riqueza que crea el mercado, se habría visto compelido a emitir pesos, sin respaldo en la producción, generando inflación, mayor pobreza y finalmente menos apoyo social solidario; o derechamente haberse negado a hacerlo, provocando tensiones sociales, desorden y, por consiguiente, represión y dictadura.
Resulta curioso que para tantos chilenos inteligentes sea tan difícil entender que los recursos son siempre escasos (porque los bienes que se producen son limitados) y las necesidades infinitas y que, tal característica de la realidad obliga a quienes tienen la responsabilidad política y social de conducir los gobiernos, de jerarquizar dichos requerimientos según las urgencias, evitando así una virtual quiebra del Estado -hay estados fallidos-, lo que, en los hechos, no es otra cosa que el grupo político de turno que administra los recursos tributarios ciudadanos, razón por lo que su caída es también la quiebra del orden institucional y finalmente del orden social.
Y para el desorden social, la primera condición es el desprecio o ausencia de reglas claras y sostenidas por parte de las propias autoridades, pues la incertidumbre de derechos impide un más confiado desarrollo de esos vilipendiados e injustos mercados, pero que, como hemos visto, son los que, a través de la libre iniciativa de las personas, dinamizan la sociedad, invierten, crean empleo y riqueza en las naciones que los protegen. Los señores de la gleba a cuya voluntad discrecional quedaban sujeto los siervos en su feudo familiar son historia más que superada por la democracia basada en las leyes y el Estado de Derecho al que todos deben someterse.
Los ejemplos de países devastados por haber destruido sus “alevosos” mercados sobran, por lo que, más valdría revisar la raíz ideológica profunda que valida aquella inexistente contradicción entre lo social y los mercados, entre lo estatal y lo privado, mercados que no son otra cosa que la libertad de las personas de emprender todos aquellos proyectos que su imaginación y capacidad permite y que el acuerdo social no prohíbe. El absolutismo monárquico del “buen rey” que gobierna las voluntades de sus súbditos para llevarles felicidad desde el Estado omnipotente, dejó de ser cautivantes desde la muerte del Rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. (NP)
Adso de Melk
