Día a día, a comienzos de este 2017, se va quebrando en La Araucanía el triste récord de atentados vigente desde el año anterior. Parece ya una competencia desatada entre los grupos terroristas por anotarse nuevos éxitos, cada uno más siniestro que el anterior.
Mientras tanto, el ciudadano común y corriente de la región se mueve entre el temor, el temblor y el terror. Ya no tiene tranquilidad alguna.
¿Y en Santiago? En Santiago pasamos de la indiferencia a la perplejidad y de la perplejidad a la indiferencia. Apenas conmueve el tema.
Pero hay una pregunta obvia que sí debe formularse una y otra vez, y que es muy incómoda: ¿qué pasa con la acción de inteligencia policial?
A esa interrogante general, hay que anexarle las otras preguntas de sentido común que todo bien pensante se formula: ¿saben o no los servicios policiales cuáles son los grupos subversivos organizados, quiénes son las personas que los integran en primera fila, quiénes son sus ayudistas nacionales y los extranjeros presentes, de dónde sale su financiamiento interno y externo, cuáles son sus santuarios, en qué dirección han planificado sus próximas acciones?
Las respuestas deben ajustarse a un simple esquema binario: ¿saben o no saben?
El sentido común y la alta consideración en que los chilenos tenemos a nuestras policías nos permiten responder: sí, de acuerdo a su probada capacidad, por supuesto que saben. Saben todo eso y mucho más (¿o alguien piensa que los servicios de inteligencia policial nos van a decir que carecen de esa información? Si así fuera, cerremos la puerta del país por fuera, ¿no?).
De hecho, cuando el único caso reciente que puede analogarse con La Araucanía tuvo lugar en Santiago, el caso bombas, con más de cien artefactos colocados o detonados, las fiscalías contaron con abundantísima información inculpatoria de origen policial y por eso numerosos anarquistas fueron detenidos y procesados (que algunos hayan sido absueltos, es harina del costal judicial).
¿Y si lo mismo que viene sucediendo en La Araucanía, pasara en Santiago, exento de connotaciones étnicas? O sea, ¿qué sucedería si durante meses unos sujetos quemaran camiones en Colina, Talagante, Buin, Maipú y Barnechea; si docenas de capillas fueran incendiadas en Cerro Navia, Recoleta, El Bosque y La Reina; si unos moradores fuesen asaltados en sus casas y quemados vivos en Providencia; si unos terrenos agrícolas fuesen ocupados y usurpados en Calera de Tango, Paine, Pirque y Pudahuel?
¿Qué sucedería? Que en pocas semanas toda la inteligencia policial sería eficaz en dar con las hebras sutiles y también con las cadenas gruesas de las redes criminales, para entregarles así la adecuada información a las fiscalías e iniciar las detenciones y los procesos. La trama sería desactivada. ¿Le cabe alguna duda? ¿Las policías negarían estar en posesión de esa capacidad, tanto en Santiago como en cualquier otra parte de Chile?
Una analogía más.
Cuando por negligencia o por maldad se queman amplios sectores de Valparaíso, nos dicen que estamos frente a una gravísima emergencia; pero cuando desde el extremismo de la ideología indigenista se quema y mata en La Araucanía, no estamos frente a una emergencia, nos dicen, sino frente a un problema estructural e histórico de relaciones mal concebidas (y, obviamente, por eso no se utiliza, bajo cualquiera de las fórmulas autorizadas, ninguno de los eventuales «estados de emergencia»).
En Santiago la señal política ha sido clara (caso bombas) y volvería a serlo: no se acepta una cosa así. Pero, qué triste, qué dramático, en La Araucanía ha sido igualmente clara: let it be. (El Mercurio)
Día a día, a comienzos de este 2017, se va quebrando en La Araucanía el triste récord de atentados vigente desde el año anterior. Parece ya una competencia desatada entre los grupos terroristas por anotarse nuevos éxitos, cada uno más siniestro que el anterior.
Mientras tanto, el ciudadano común y corriente de la región se mueve entre el temor, el temblor y el terror. Ya no tiene tranquilidad alguna.
¿Y en Santiago? En Santiago pasamos de la indiferencia a la perplejidad y de la perplejidad a la indiferencia. Apenas conmueve el tema.
Pero hay una pregunta obvia que sí debe formularse una y otra vez, y que es muy incómoda: ¿qué pasa con la acción de inteligencia policial?
A esa interrogante general, hay que anexarle las otras preguntas de sentido común que todo bien pensante se formula: ¿saben o no los servicios policiales cuáles son los grupos subversivos organizados, quiénes son las personas que los integran en primera fila, quiénes son sus ayudistas nacionales y los extranjeros presentes, de dónde sale su financiamiento interno y externo, cuáles son sus santuarios, en qué dirección han planificado sus próximas acciones?
Las respuestas deben ajustarse a un simple esquema binario: ¿saben o no saben?
El sentido común y la alta consideración en que los chilenos tenemos a nuestras policías nos permiten responder: sí, de acuerdo a su probada capacidad, por supuesto que saben. Saben todo eso y mucho más (¿o alguien piensa que los servicios de inteligencia policial nos van a decir que carecen de esa información? Si así fuera, cerremos la puerta del país por fuera, ¿no?).
De hecho, cuando el único caso reciente que puede analogarse con La Araucanía tuvo lugar en Santiago, el caso bombas, con más de cien artefactos colocados o detonados, las fiscalías contaron con abundantísima información inculpatoria de origen policial y por eso numerosos anarquistas fueron detenidos y procesados (que algunos hayan sido absueltos, es harina del costal judicial).
¿Y si lo mismo que viene sucediendo en La Araucanía, pasara en Santiago, exento de connotaciones étnicas? O sea, ¿qué sucedería si durante meses unos sujetos quemaran camiones en Colina, Talagante, Buin, Maipú y Barnechea; si docenas de capillas fueran incendiadas en Cerro Navia, Recoleta, El Bosque y La Reina; si unos moradores fuesen asaltados en sus casas y quemados vivos en Providencia; si unos terrenos agrícolas fuesen ocupados y usurpados en Calera de Tango, Paine, Pirque y Pudahuel?
¿Qué sucedería? Que en pocas semanas toda la inteligencia policial sería eficaz en dar con las hebras sutiles y también con las cadenas gruesas de las redes criminales, para entregarles así la adecuada información a las fiscalías e iniciar las detenciones y los procesos. La trama sería desactivada. ¿Le cabe alguna duda? ¿Las policías negarían estar en posesión de esa capacidad, tanto en Santiago como en cualquier otra parte de Chile?
Una analogía más.
Cuando por negligencia o por maldad se queman amplios sectores de Valparaíso, nos dicen que estamos frente a una gravísima emergencia; pero cuando desde el extremismo de la ideología indigenista se quema y mata en La Araucanía, no estamos frente a una emergencia, nos dicen, sino frente a un problema estructural e histórico de relaciones mal concebidas (y, obviamente, por eso no se utiliza, bajo cualquiera de las fórmulas autorizadas, ninguno de los eventuales «estados de emergencia»).
En Santiago la señal política ha sido clara (caso bombas) y volvería a serlo: no se acepta una cosa así. Pero, qué triste, qué dramático, en La Araucanía ha sido igualmente clara: let it be.
Gonzalo Rojas
