“Sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido”, reza la primera frase de El Proceso, de Kafka, que relata cómo Josef K., un empleado de banco, se ve envuelto en un proceso judicial absurdo y sin sentido. Parecida sensación debe tener el intendente Guevara, al ser amenazado con destitución e inhabilitación para cargos públicos, por haber adoptado medidas para intentar cumplir con su deber de asegurar el orden público.
La acusación constitucional próxima a votarse le imputa haber vulnerado el derecho de reunión al disponer un “copamiento policial preventivo” de la otrora Plaza Italia, o lo que queda de ella. En realidad, y más allá de si fue o no eficaz, la medida tenía por objeto recuperar ese espacio público para que los ciudadanos pudieran ejercer el derecho de circular y reunirse en lo que es un bien nacional de uso público. Quienes infringen el derecho de reunión son los grupos de manifestantes “pacíficos”, vándalos y violentistas subversivos que llevan tres meses impidiendo que se haga uso normal de todo ese sector.
La Constitución impone al Presidente de la República la responsabilidad del orden público y la ley da a los intendentes atribuciones para velar por la tranquilidad pública y el resguardo de personas y bienes, y requerir el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Si hubiera que reprochar algo a Guevara, sería por condescender con manifestaciones que son desde el inicio violentas, ya que interrumpen el tránsito, se apropian de espacios públicos y han convertido un barrio completo en una “zona de sacrificio”.
Se alega que el intendente habría actuado inconstitucionalmente al fundarse en una norma reglamentaria como el decreto supremo 1.086. Pero es la Constitución la que dispone que “las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”. Dado que el aseguramiento del orden público corresponde al Ejecutivo, el constituyente estimó prudente reservar esta materia a la potestad reglamentaria del Presidente. ¿Cómo puede imputarse infracción constitucional si la autoridad se ha ceñido a la normativa que la misma Constitución autoriza a regular el ejercicio del derecho?
Este decreto ha sido aplicado por todos los gobiernos: ni Aylwin, ni Frei, ni Lagos, ni Bachelet, ni Piñera lo derogaron. Y esto se entiende porque su contenido es razonable y sigue el esquema que puede verse en la regulación legal de países como España, Italia, Francia o Reino Unido. No se requiere permiso sino aviso previo, que los convocantes se identifiquen y que asuman la responsabilidad como organizadores; en caso de que pueda causar trastornos a la circulación vehicular o a los derechos de los demás, la autoridad puede pedir que se varíe la fecha o el lugar de la reunión.
Por lo demás, si no se ha dictado una ley, ha sido porque el Congreso en más de 30 años no ha tenido la diligencia de discutir varios proyectos que se han presentado en tal sentido. Los diputados acusan al intendente por no haber obrado conforme a una ley que si no existe, es por responsabilidad de los propios acusadores.
En cualquier caso, esta discutible deficiencia de la normativa reglamentaria fue subsanada por la Ley Orgánica de Gobierno Regional, aprobada a propuesta del Presidente Aylwin. Esa ley dispone que corresponde a los gobernadores (y por ende a los intendentes) “autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes”. Con esta última expresión se alude al decreto 1.086, dándole así un contundente respaldo legal.
No exageramos al calificar esta acusación de kafkiana. Más aún si se observa que diputados que firman la acusación, como Karol Cariola, Manuel Monsalve y Luis Rocafull, votaron a favor la reforma legal que dispone la elección de gobernadores regionales y aprobaron que los delegados presidenciales provinciales —sucesores de los actuales gobernadores— puedan autorizar reuniones en lugares públicos “en conformidad con las normas vigentes”, esto es, al decreto supremo que ahora tachan de abusivo e inconstitucional. (El Mercurio)
Hernán Corral
