Una resolución “del todo extraña”, comentan al interior de Gendarmería, fue la que se conoció hoy y en la que el ministro Alejandro Madrid, quien investigó el caso Frei, y que libera de Punta Peuco al exfiscal militar Fernando Torres Silva, condenado por el asesinato del exquímico de la DINA Eugenio Berríos, y que sustituye los días que le quedaban por cumplir en la cárcel por arresto domiciliario total, invocando para ello “razones humanitarias”. Pero lo raro no es la decisión en sí, sino que además el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago le ordena a la entidad penitenciaria destinar a oficiales de la institución para custodiar el cumplimiento de la medida en el hogar del condenado.
La situación hizo que el alcaide de Punta Peuco, Nelson Arias, pidiera al magistrado aclarar su decisión judicial, ya que no cuenta con personal para tales efectos y porque la ley de penas sustitutivas tampoco considera dicho procedimiento. En efecto, en la resolución de Madrid se indica que el arresto en su hogar deberá efectuarse “bajo los debidos resguardos de Gendarmería de Chile”. Es así que hoy se ofició al magistrado indicándole que por ley “no se contempla la posibilidad (de enviar gendarmes) y menos establece la forma en que podría ejercerse el anotado resguardo”.
Asimismo, Arias ejemplifica que el legislador cuando dictó la Ley de Penas Sustitutivas señaló que cuando un tribunal determine el cumplimiento de la pena en el domicilio del condenado estableció como mecanismo de control el sistema de monitoreo telemático. “En este orden de ideas y considerando lo expresado precedentemente, es que solicito a su ilustrísima tener a bien considerar lo planteado y pronunciarse al respecto, en atención a que no existe norma habilitante que permita a Gendarmería cumplir con lo dispuesto en vuestra resolución”, sostiene el alcaide de Punta Peuco en un documento oficial enviado a Madrid.
Al interior de Justicia ha llamado la atención la resolución, ya que no se dio traslado a las demás partes, funda la resolución en un proyecto que se ha rechazado por dos comisiones en el Senado y no menciona ningún estándar para modificar sentencias por crímenes de lesa humanidad que están en el Estatuto de Roma.
Actualmente, además, el exfiscal militar Torres Silva se encuentra internado en el Hospital Militar desde el año pasado, aquejado de un cáncer terminal. A ello se suma que si bien fue liberado por el caso Berríos, está condenado por otras dos causas, una de ellas el homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, aunque esta última es una pena remitida. Por el momento, entonces, Gendarmería aguardará la aclaratoria del magistrado. (La Tercera)
