A poco más de una semana de la formalización del empresario Gabriel Urenda, acusado por la Fiscalía de estafa y apropiación indebidas, entre otras infracciones, la Corte de Apelaciones decidió endurecer las medidas cautelares que se le impusieron.
Luego de que querellantes apelaran a la decisión de la jueza Daniela Guerrero de dejar a Urenda con arresto domiciliario completo y arraigo nacional, después de una maratónica jornada en el Juzgado de Garantía, la Corte determinó revocarla.
En cambio, la instancia judicial ordenó prisión preventiva, la medida cautelar que habían pedido inicialmente tanto los abogados querellantes como el fiscal Felipe Sepúlveda.
«El imputado se encuentra formalizado por delitos que afectan distintos bienes jurídicos protegidos, en calidad de autor, siendo todos ellos reiterados, lo que permite sostener, en esta etapa inicial de tramitación, que la forma de comisión de los ilícitos y la pena probable asignada a ellos, constituye un conjunto de antecedentes calificados que llevan a concluir que la necesidad de cautela se satisface, en este caso, con la medida cautelar más severa del ordenamiento jurídico», indicó la Corte en su resolución. (DF)
