El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, anunció una modificación sustancial al proyecto de ley de reajuste al sector público para destrabar su tramitación en el Congreso. Ante las acusaciones de la oposición sobre un intento de proteger a los funcionarios que ingresaron durante la administración de Gabriel Boric, el Ejecutivo decidió elevar el requisito de antigüedad para acceder al derecho de reclamo ante la Contraloría General de la República (CGR). Mientras la propuesta original exigía dos años de funciones, la nueva indicación establece que solo podrán impugnar despidos o no renovaciones aquellos trabajadores a contrata que lleven al menos cinco años en sus cargos.
SALIDA DE ASESORES Y GABINETES
Para despejar dudas sobre la instalación de la próxima administración de José Antonio Kast, el ministro Grau subrayó que el proyecto incluirá, por primera vez de forma explícita en la ley, la obligación de que todos los asesores de gabinete cesen sus funciones el 11 de marzo. El secretario de Estado recalcó que, en caso de no presentarse las renuncias voluntarias, los jefes de servicio tendrán el mandato legal de hacer efectivas dichas salidas. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que el equipo entrante pueda configurar sus gabinetes de confianza con eficiencia y sin obstáculos administrativos.
IMPACTO Y EXPECTATIVAS PARLAMENTARIAS
El proyecto de reajuste, que contempla un incremento salarial nominal del 3,4% y tiene un costo fiscal superior a los US$1.700 millones, ha sido uno de los debates más complejos del cierre de legislatura debido a la inclusión de más de 100 normas misceláneas. Desde Hacienda confían en que este cambio en la «cláusula de amarre» sea suficiente para alcanzar un acuerdo transversal en la votación final de este lunes. La oposición, aunque valoró el gesto, ha mantenido una vigilancia estricta sobre otros artículos que podrían comprometer la flexibilidad del próximo Ejecutivo para reorganizar el aparato estatal. (NP-Gemini-Emol)
