Como cada noviembre, los gremios de funcionarios públicos del país -liderados por la ANEF y su casi vitalicio presidente Raúl de la Puente-, están en pie de guerra por el reajuste salarial que propone el Gobierno.
Este mes no ha sido la excepción y los funcionarios están en paro nacional en reclamo por el reajuste real (menos inflación) de 3,2% -el más bajo en nueve años-, que propuso el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y que los gremios acusan de insuficiente y piden 7,5%.
Para complicar las cosas, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de ley por 97 votos en contra de parlamentarios de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, cero a favor y 12 abstenciones, por lo que pasó también sin éxito a comisión mixta. Ahora la situación sólo podría salvarse por insistencia o veto presidencial.
CRÍTICAS A VALDÉS
De la Puente calificó a Valdés de ser un “ministro tremendamente terco. Creo que esta derrota lo tiene que hacer reflexionar. Lo decimos con toda claridad, entre el 3,2% y el 0%, los trabajadores lo decimos con la frente muy en alto, preferimos el 0% con dignidad”.
Carlos Insunza, dirigente nacional de la Anef y funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), fue aún más belicoso: “Le decimos al ministro: no le vamos a dar tregua, vamos a seguir movilizándonos (…) Antes de decirnos que suframos nosotros las consecuencias de las políticas fiscales, les diga a las AFP, a las isapres y a los bancos que se ajusten el cinturón, porque ellos tienen multimillonarias utilidades explotando a los trabajadores del país”.
La respuesta del titular de Hacienda es que gobernar “tiene siempre esta dificultad de tomar decisiones, si tuviéramos recursos ilimitados sería muy fácil”, y destacó que se congelaron los sueldos sobre $4,8 millones líquidos como una señal de austeridad. “Espero que a todos les haya quedado claro que no hay más recursos”, dijo y reafirmó que el 3,2% es “la mejor oferta que podíamos hacer”.
La falta de recursos del fisco se debe, principalmente, al pobre crecimiento de la economía, que durante los casi tres años de gestión de la Presidenta Michelle Bachelet ha sido del 2% pero el gasto se ha duplicado, por lo que el déficit fiscal está en rangos preocupantes, al igual que la deuda pública del Estado.
AUMENTA EL GASTO EN PERSONAL
Pero si el ministro Valdés ahora apela a la austeridad fiscal, desde el retorno de la democracia el gasto en los sueldos y regalías en los funcionarios de la Administración Pública -que incluye a quienes trabajan en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo- ha crecido 1.000%, con importantes alzas en determinados períodos presidenciales.
Por ejemplo, entre el 2006 y este año el monto se ha más que duplicado, ya que cuando comenzó a gobernar Bachelet en su primer mandato, el fisco destinaba US$5 mil 206 millones a pagar los sueldos, bonos y aguinaldos de los empleados fiscales, cifra que se disparó a los US$11.632 millones este año y llegará a US$12.185 millones en 2017.
Dichas alzas se explican tanto por el aumento en los salarios como por la contratación de nuevos funcionarios. Entre 2010 y 2015 el sueldo promedio de un funcionario público pasó de $525 mil a $778 mil, cifra muy superior al registrado en el sector privado, que subió de $368 mil a $517 mil en el mismo período.
Es decir, el incremento salarial de los empleados fiscales ha crecido en 48% entre 2010 y 2015, superior en ocho puntos al 40% de los trabajadores privados. Adicionalmente, en la última década los funcionarios han aumentado en 62 mil.
COSTO PROMEDIO DE EMPLEADO PÚBLICO: $2,5 MILLONES
Para Cecilia Cifuentes, investigadora asociada del Centro de Estudios Financieros ESE Business School, es “indudable que la situación laboral de los funcionarios públicos ha mejorado en forma significativa en la última década, bastante más allá de la mejoría que han tenido los trabajadores del sector privado”.
Lo que se ha logrado no sólo por la vía de reajustes altos, sino también en otra serie de beneficios, que llevan a que el costo promedio de un funcionario para las arcas fiscales supere $ 2,5 millones al mes.
“¿Se justifica esa mejoría en términos de mejoras en eficiencia y en gestión? No pareciera, ya que un porcentaje importante de los programas evaluados cada año por la Dirección de Presupuesto tienen resultados insatisfactorios”, sostiene la economista UC.
Por otro lado, argumenta que situaciones como las que se han visto con el Registro Civil, Sename, Gendarmería, Ministerio de Salud, entre otras, “muestran problemas de capturas del Estado por parte de los funcionarios, que dificulta los avances en gestión”.
Cifuentes explica que el hecho de que por cada $1 en subsidios y transferencias que entrega el fisco se gasten $0,57 en burocracia, “es un indicio de que la eficiencia y la gestión es una tarea pendiente, que finalmente dice relación con la necesidad de reformar el Estado. En comparación con la OCDE, Chile tiene un porcentaje muy reducido de gobierno digital, y bajos niveles de confianza de los ciudadanos en los organismos públicos”. (El Líbero)
