Los funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía emplazaron a la Presidenta Michelle Bachelet y a los integrantes del Senado a que «preserven la independencia» en el proceso de designación de los jefes superiores de ambos servicios.
«Velando por el desarrollo de un proceso de nominación, al margen de toda presión política, conflicto de interés o compromiso ajeno a nuestro quehacer institucional», destacaron.
En ese sentido, apuntaron a que «la convicción de que tanto el Contralor General de la República como el Fiscal Nacional del Ministerio Público deben ser funcionarios de carrera, que pongan a disposición de la institucionalidad la experiencia que permita afianzar, la Fiscalización de la Administración del Estado y la Persecución Penal, respectivamente».
«Demandamos de las autoridades que la designación de los cargos se efectúe en forma independiente, por los poderes llamados a intervenir en ellos, sin transponer los procesos, buscando paridades entre coaliciones, pues se trata de instituciones de diferente naturaleza y cuyo rol es fundamental en nuestro Estado de derecho», indicaron los funcionarios.
«Es de suma relevancia evitar que la persona nominada, sea el resultado de una negociación política, con objetivos ajenos al fin de dotar de un mejor liderazgo a las respectivas instituciones o con criterios de mantener equilibrios políticos, materia ajena a este proceso constitucional», prosiguieron.
«Llamamos a la Presidenta Bachelet y a los Senadores de la República, a tener presente, lo requerido por los trabajadores, con el fin de resguardar el rol institucional y la transparencia que ambas nominaciones requieren», concluyeron.
La declaración de los funcionarios de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía ocurre en la misma jornada en que se realizará en el Senado la votación por el nombramiento de Enrique Rajevic como Contralor General de la República.
Asimismo, a la medianoche de hoy se vence el plazo para que la Mandataria nomine al nuevo Fiscal Nacional sobre la base de la quina propuesta por la Corte Suprema.
Bachelet debe decidir entre Jorge Abbott (director ejecutivo del Ministerio Público), Raúl Guzmán (Fiscal Regional zona Metropolitana Sur), José Morales (fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad), Luis Toledo (Fiscal Regional de O’Higgins) o Juan Enrique Vargas (decano de Derecho de la UDP).
