«Integración vertical entre Metrogas y Agesa», es como se titula uno de los capítulos -que, hasta ahora, había pasado inadvertido- contenidos en el informe final del estudio del mercado del gas en Chile que publicó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en diciembre-, el cual da cuenta de un controvertido mecanismo utilizado por la empresa Metrogas que pudo haber provocado un alza de hasta 20% en el precio del gas natural.
Un reportaje emitido por Chilevisión anoche sacó a la luz el tema, que se remonta a 2016, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley para fortalecer la regulación del mercado del gas en el país, el cual mejoró el cálculo de la rentabilidad máxima fijadas a este tipo de compañías y definió sanciones para aquellas que las superaran, como pasar a ser una empresa completamente regulada.
Al frenar la rentabilidad, se preveía que las empresas bajarían el precio del gas a los clientes. Hasta ese entonces, Metrogas compraba a la firma GNL Chile gas natural que luego vendía a hogares e industrias.
Sin embargo, poco antes de que la ley entrara en vigencia, ocurrieron movimientos: Según la FNE, Metrogas en junio de 2016 creó la empresa Agesa y dividió sus operaciones en dos. Así, Metrogas mantuvo el negocio de distribución, mientras que Agesa se quedó con todos los contratos de abastecimiento, incluyendo el con GNL Chile.
«Casi de inmediato luego de la división (esto es, el 20 de julio de 2016), Metrogas y Agesa celebraron un contrato de suministro, que en términos simples permitió a Metrogas recontratar el suministro que antes tenía asegurado de GNL Chile, pero a un precio mayor. Así, este contrato logró elevar de manera importante los cosos que antes tenía Metrogas», apuntó el informe de la fiscalía.
Esta operación, añadió, «produjo un desvío de rentabilidad desde una empresa con rentabilidad regulada hacia una empresa relacionada o integrada que no está sujeta a dicha restricción».
De esta manera, si bien Metrogas cumple con la rentabilidad máxima establecida en la ley, buena parte de sus ganancias se las llevaría por otro lado Agesa, una empresa que no está regulada.
«Es posible afirmar que existen utilidades que son traspasadas a Agesa que no serían observadas por el regulador, así como tampoco serían consideradas para los chequeos anuales de rentabilidad, lo que tendría un amparo explícito en la ley, en la forma del artículo 12 transitorio de la Ley N°20.999″, añade la FNE, agregando, por lo tanto, que existirían deficiencias en la ley, lo que habría permitido a Metrogas llevar adelante el mencionado mecanismo.
Con esto, según la FNE, los ingresos adicionales obtenidos por Metrogas-Agesa gracias a este esquema rondan entre los $61 mil y $68 mil millones al año. O sea, en cinco años, entre $305 y $340 mil millones. U entre US$350 millones y US$394 millones al cambio de hoy.
El informe, además, calcula el sobreprecio debido a este esquema es de entre 12,7% y 20,2% para hogares, entre 5,6% y 12,1% para el comercio y entre 11,2% y 17% para las industrias.
El contrato entre Metroga y Agesa está vigente hasta 2030. «La división de Metrogas el año 2016 y su posterior uso del artículo 12 transitorio de la Ley Nº20.999 han tenido un efecto significativo en el mercado. Lo anterior, le ha permitido ser la única empresa distribuidora de GN que no tuvo que ajustar sus márgenes a la baja luego de la entrada en vigencia de la nueva regulación de cálculo de rentabilidad, sino que, por el contrario, pudo mantenerlos o incluso subirlos. Lo anterior ha significado un impacto particularmente relevante para el sector residencial, que podría estar pagando entre un 12,7% y 20,2% menores precios de no haberse aplicado el referido artículo transitorio», concluyó la fiscalía.
DESCARGOS DE METROGAS
Al respecto, en una declaración pública, Metrogas respondió que «la comercialización mayorista o aprovisionamiento es una actividad no regulada, y que en general tanto en Chile como en la experiencia internacional, está separada del negocio de distribución de gas natural».
«Agesa cumple un servicio donde participan otras empresas del mercado, tanto públicas como privadas, que tiene como objetivo el aprovisionamiento o comercialización mayorista, incluyendo la logística del mercado de GNL y sus respectivos riesgos, buscando conseguir un suministro de gas competitivo, cubrir los riesgos mencionados y garantizar el suministro«, agregó.
Y continuó: “En ese contexto, como el aprovisionamiento es una industria totalmente diferenciada de la distribución, tanto en Chile como en el mercado internacional, entendemos que Agesa percibe un margen asociado al desarrollo de su negocio y como se desprende del Informe de la FNE este margen es el menor del mercado. De todas las distribuidoras de gas natural, Metrogas es la empresa sin subsidio estatal, con el menor costo de aprovisionamiento, según se desprende de la figura 36 del Informe de la propia FNE. Esto permite que los clientes opten al precio más barato del mercado”.
En relación a los supuestos menores precios que podrían pagar los clientes al eliminar el artículo 12 transitorio como sugiere la FNE, «cabe mencionar que el propio informe resalta que Metrogas es quien compra el gas a un precio más barato y en caso de adquirirlo a través de otro proveedor, de los disponibles en el mercado, el precio de compra de Metrogas con una alta probabilidad sería mayor al del contrato suscrito actualmente con Agesa y no necesariamente se lograría cubrir todos los riesgos que hoy asume dicha empresa”, finalizó.
CATEGÓRICA CONDENA DE SFF
Un enérgico rechazo a cualquier práctica contraria a la libre competencia manifestó el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, luego que se difundiera un capítulo del Informe del Gas Natural elaborado por la Fiscalía Nacional Económica en diciembre de 2021, en el cual se señala que la empresa Metrogas, vía integración vertical, podría haber provocado alzas de hasta 20% en el mercado del gas natural.
De acuerdo a un reportaje de Chilevisión emitido el domingo pasado -basado en un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)- Metrogas habría creado una empresa espejo llamada Agesa mediante la cual cobró un sobreprecio de hasta 20% más a los clientes, durante los últimos cinco años. La empresa creada tendría los mismos dueños de Metrogas.
Ante el hecho, von Appen manifestó en un comunicado que “hemos sido los principales impulsores de las buenas prácticas empresariales, la transparencia y la libre competencia. Hacemos un llamado a la prudencia hasta que la situación sea debidamente aclarada”.
“La empresa Metrogas ha hecho sus descargos públicos y, de existir cualquier situación irregular, en Chile existe una sólida institucionalidad de libre competencia que debiera operar si es necesario”, agregó el líder de los industriales.
GOBIERNO Y PARLAMENTARIOS
Diversas voces han salido a criticar el mecanismo utilizado por Metrogas, apuntando a la empresa por supuestamente buscar «subterfugios» y aprovecharse de un vacío legal. Por ello, desde el mundo parlamentario han alzado la voz urgiendo al Gobierno que presente pronto un proyecto de ley que pueda hacerse cargo del problema, considerando que en enero la entonces administración de Sebastián Piñera presentó una iniciativa en esa línea, pero que fue retirada una vez que Gabriel Boric asumió en el poder.
«Logramos que el Presidente Piñera presente un proyecto donde se abordaban todos estos problemas, tanto de gas natural como de gas licuado», señaló a Cooperativa el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), quien presidió en su momento la comisión parlamentaria encargada de investigar el mercado del gas.
Sin embargo, indicó que «ahora, cuando estábamos pidiendo la urgencia, el Gobierno del Presidente Boric retira el proyecto desde el Congreso, insistiendo en que va a presentar un nuevo proyecto». Para Calisto el tema es urgente, ya que «hay que terminar con esta colusión a nuestro juicio por parte de las empresas».
En esa línea, afirmó que la nueva iniciativa que presente el Ejecutivo debe «abrir el mercado del gas» y que «las empresas que entregan gas directamente a los usuarios no sean las mismas que importan el gas. Esas mismas empresas controlan todo el mercado». «Lo mismo en el caso del gas licuado: controlan toda la cadena de mercado, por lo tanto, lo que hay que hacer es terminar con este monopolio de estas grandes empresas que controlan el mercado a su pinta», añadió.
«En segundo lugar, el Estado tiene que poner tope, que no se cobre más de un margen porque es un elemento de primera necesidad. Esos son los dos elementos que tiene que tener la propuesta del Presidente Boric», aunque recalcó que “la propuesta que hizo el Presidente Piñera no era mala propuesta».
Por su parte, el diputado Andrés Celis, expuso que «claramente esta ley que fue promulgada y entró en vigencia en 2016, tiene un gran vacío«, y resaltó la necesidad de que «se puedan evitar estas empresas espejo que se constituyen fuera del país y así eludir la ley, que hubiese un tope en rentabilidad para que el consumidor pagara menos, lo cual en la práctica no ocurre«.
«Aquello es a lo menos eludir la ley, tengo dudas incluso de que esto podría ser constitutivo de algún delito», dijo, insistiendo en que «hay un vacío legal y ante ese vacío llamaría al presidente Boric a presentar un proyecto de ley para evitar estos subterfugios».
A su vez, el diputado Cristian Tapia (Independiente), comentó que el cuestionado mecanismo utilizado por Metrogas «es una irresponsabilidad y derechamente hay una sinvergüenzura de la empresa«.
«La verdad es que cuando se legisló y sale este proyecto nadie pensó que podíamos tener una empresa de estas características, pero una vez más nos damos cuenta que en este país hay empresas y empresarios que solamente les importante llenar sus cuentas corrientes y ahí la gente queda sumamente desprotegida. Yo espero que la ley vaya sumamente fuerte en este aspecto y esta empresa pueda ser castigada como corresponde. No hay que dejar impune esta acción», manifestó.
GOBIERNO ELABORA PROYECTO
Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que lo de Metrogas «es algo que no podemos dejar pasar, es grave porque afecta y vulnera la fe pública, hay cuestiones que involucran obviamente a miles de familias en este sistema que se ha producido de abusos y ganancias, que además va en contra del espíritu de la ley».
Dicho eso, aseguró que desde el Ministerio de Energía se está trabajando en un proyecto que modifique las regulaciones de los mercados de gas licuado y gas natural, recogiendo, además, las observaciones realizadas por la FNE.
«Esto (el proyecto) debería ingresar ahora en el mes de julio o agosto, para poder avanzar en una legislación más robusta que se haga cargo no solamente del problema de los precios y las regulaciones necesarias en el mercado, sino que también en el ámbito de las sanciones».
También habló la decisión de descartar el proyecto del Gobierno anterior, señalando que «no resolvía este tema, no tenía nada que ver con prevenir este tipo de situaciones o resolver este tipo de situaciones, porque no tenía que ver con la rentabilidad integrada que se produce en el mercado, particularmente del gas natural, sino que decía relación con las posibilidades de acceder a los ductos y la ampliación del mercado, pero no la regulación en este tema».
«Lo que pasó es que se retiró este proyecto porque mezclaba dos mercados que son totalmente distintos y que requieren regulaciones distintas, en segundo lugar, no se hacía cargo de este problema y, en tercer lugar, teníamos que avanzar en una legislación que fuera legitimada, dialogada y que resolviera los problemas contingentes que tenemos en torno a los precios», añadió. (Emol)
