Los bancos de inversión extranjeros siguen de cerca el debate constitucional en Chile, a pocos meses de que se lleve a cabo el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta. Ahora fue el turno de Fitch Ratings, que estima que el borrador sigue generando incertidumbre para la economía. JP Morgan en tanto, endureció sus críticas al texto.
“No aclara completamente cómo las nuevas disposiciones afectarían el entorno para los negocios o el funcionamiento del gobierno”, dice la corporación financiera con sede en EEUU, y también tiene sus dudas de que el proceso constitucional podrá ser suficiente para “abordar las tensiones sociales”, indica el informe.
No obstante, Fitch también se refiere a lo que podría ocurrir si se impone el rechazo el próximo cuatro de septiembre.
“El apoyo para abordar la desigualdad a través de una nueva Constitución fue fuerte en el plebiscito de 2020, lo que significa que podría surgir una nueva iniciativa de reforma si esto sucede (gana la opción del rechazo). Esto extendería la incertidumbre sobre las implicaciones para la economía, la gobernabilidad y la formulación de políticas, y podría reducir la efectividad del proceso como canal institucional para el descontento social”, plantean.
Por otro lado, Fitch sostiene que el documento no entrega claridad en temas como la forma de gobierno y los poderes del Estado, considerando los frenos y contrapesos entre estos; los derechos de propiedad; y estima que los derechos sociales consagrados en el borrador podrían tener para el Estado “implicaciones fiscales significativas”.
En esa línea y a modo de ejemplo, Fitch dice que a ellos no les queda claro que el pagar el “precio justo” por la expropiación es lo mismo que el valor de mercado y comenta que las nuevas legislación medioambiental podría aumentar el costo o los riesgos legales para las empresas, y teniendo un efecto en desalentar la inversión en empresas como las mineras.
Además, el documento de Fitch agrega que las nuevas facultades de la Cámara de Diputadas y Diputados podría facilitar la aprobación de iniciativas evaluadas negativamente para la economía, como el retiro de dinero desde los fondos de pensiones.
Sin embargo, el informe de Fitch Ratings valoró que las propuestas “más radicales” no hayan quedado en el borrador, y destaca que el estallido social haya tenido una respuesta institucional por medio del proceso de una nueva Constitución.
JP Morgan ya había manifestado su aprensiones contra el borrador de la nueva Constitución y hoy volvió a analizar el texto, pero con un mayor análisis y endureciendo el tono de sus críticas.
El texto plantea con preocupación que para definir o cambiar normas se necesite una mayoría simple, y se deje atrás la necesidad de quórum supra mayoritarios para modificar aspectos como los sistemas de justicia o legislativo y procesos electorales, entre otros temas.
“En cualquier caso, la vara baja para hacer cambios legislativos, a través de diferentes mandatos políticos (y/o territorios autónomos), implica descontar ex ante el creciente riesgo de cambios, imponiendo así una mayor prima a los proyectos de inversión”, afirma el documento.
El informe continúa lamentando que el Estado deje de tener un rol subsidiario y así abrir paso a un proceso para “socavar la protección relativa de los derechos de propiedad, particularmente en el caso de expropiación”.
Según el análisis de la banca de inversión, el borrador de la nueva Constitución “no parece tan protectora de la inversión privada a largo plazo como la actual”.
JP Morgan también prevé que la entrada en vigencia del nuevo texto significa un aumento en los costos de producción para cumplir con las normas que entren en vigencia, como las ambientales y laborales. Además, la banca de inversión proyecta que el alza del gasto fiscal vendrá acompañada de mayores impuestos para las empresas.
En esa línea, el documento finaliza proyectando que la deuda del Estado aumentará ante el escenario de financiar los nuevos derechos sociales, la tendencia al gasto que tendrían la nuevas unidades territoriales autónomas y porque la la iniciativas de gasto ya no serían exclusivamente materia del presidente.
Además, JP Morgan se muestra pesimista respecto al futuro de la deuda pública de Chile debido al alza que tendría y dado que estima que el Banco Central pierde su autonomía para enfrentar los temas macroeconómicos, debido a que los miembros del organismo podrán ser acusados constitucionalmente.
Sin embargo, el texto dice que tendrá que pasar años de legislación para determinar los impactos reales de la entrada en vigencia de la nueva Constitución y así la incertidumbre económica se extendería más allá del plebiscito. (Pulso)
