La fiscal del caso SQM Carmen Gloria Segura envió el 17 de febrero pasado un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) que contiene «antecedentes relacionados con posibles delitos tributarios».
El documento detalla que «se trata de la emisión de facturas de la empresa Creatika Comunicación Digital (de propiedad del periodista Claudio Canales) a la empresa Kybalion Estratégica Consultores y a la empresa Imaginacción Estratégica Consultores por servicios no prestados por el emisor de dichas empresas, sino al PPD».
«Adjunto copia de la declaración de Claudio Canales y de Patricia Morales, junto a la copia de los documentos acompañados en sus declaraciones, referidos a emisión de boletas por servicios no prestados a Kybalion e Imaginacción», agrega el escrito.
CLAUDIO CANALES
El periodista Claudio Canales Jaramillo, que prestó servicios al PPD y también a la alcaldesa Carolina Tohá cuando era candidata a la alcaldía de Santiago en 2012, aportó nuevos antecedentes en la última declaración que realizó ante los fiscales el 5 de enero pasado. Dichos antecedentes, ponen el foco en la consultora de Correa.
Según el testimonio del dueño de Creátika Comunicaciones Digital, esto fue en 2011 y en el marco de unos trabajos que efectuó para el PPD, consistentes en asesorías a la página web del partido, con un costo de 8,5 millones de pesos. Pero a la hora de entregar la factura, le pidieron que no la hiciera a nombre de la tienda, sino que la enviara a la consultora Imaginacción.
La declaración de Canales, que se encuentra en reserva, detalla que quien le pidió facturar a la empresa de Correa fue el PPD Ricardo Brodsky, ex director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Al respecto, Brodsky señaló a este medio no recordar esa situación.
Anteriormente, en mayo de 2015, Claudio Canales ya había declarado como imputado en el caso SQM, testimonio que también se mantuvo en reserva, y que fue incorporado a la carpeta investigativa el 13 de julio pasado.
En la ocasión, la información que proporcionó al entonces fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, involucraba a la alcaldesa Carolina Tohá. Según el periodista, en 2010 prestó servicios a la ex ministra mientras era candidata a la presidencia del PPD, la que finalmente ganó. Pero los pagos no fueron hechos directamente por ella, ya que esta le indicó que “no tenía ese dinero como persona natural y que lo iba a conseguir”, declaraba el profesional, agregando que “me dijo que el tema operativo lo viera con Ricardo Brodsky. De ahí en adelante con Carolina Tohá veía los lineamientos generales, pero los detalles los veía con Brodsky”.
Su testimonio detallaba que, al momento de facturar a Brodsky el primer monto, este le dijo que contactara a David Flores, dirigente del PPD cuyo nombre aparece en noviembre de 2011 en la escritura inicial de Asesorías y Negocios (AyN) junto a Giorgio Martelli, que un mes después fue rectificada por el propio Martelli para reemplazar a Flores por el contador Jorge Lufin.
David Flores le señaló que debía facturar a Asesores en Gestión Integral (Agesin), empresa perteneciente a la contadora DC Clara Bensán, querellada por el SII en mayo. Lo mismo sucedió con la segunda factura. Pero con la tercera fue más complicado, porque Tohá ya había ganado las elecciones internas de la colectividad, por lo que tenían muy poco contacto. Finalmente, pudo llegar a un acuerdo con Brodsky por el último pago “y este habló con David Flores para que nos pagaran. (…) Él nos pidió que la glosa dijera ‘power point y secretaria cinco meses proyecto Soquimich’, lo que no es real”, en relación con que no hubo un servicio prestado a la empresa ligada a Julio Ponce Lerou. (El Mostrador)
