Andrea y Marianela son dirigentas de un comité de allegados y al igual que miles de mujeres chilenas, se organizaron para cumplir el sueño de la casa propia. Llevan doce años en eso. Buena parte de su juventud ahorrando y postulando, pero no pasa nada. Su problema es que viven en Lo Barnechea, que pasó de un pueblito cordillerano a un dinámico polo inmobiliario. Los precios de los terrenos se dispararon y las familias sin recursos viven allegadas o se tuvieron que ir de la comuna, rompiendo sus redes familiares.
Josefina tuvo una vida distinta. También es vecina de Lo Barnechea, pero nació en una familia que le permitió estudiar y tener una vida tranquila. Un día me compartió una carta donde Andrea y Marianela contaban su historia y que me conmovió igual que a Josefina. La desesperación de no tener noticias, las promesas incumplidas de varios gobiernos, las personas que fallecieron esperando su casa, la angustia de ver a sus niños hacinados. Vimos una luz de esperanza al saber que en Lo Barnechea existe un terreno de 92 mil metros cuadrados del Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN), que permitiría que Andrea, Marianela y otras quinientas familias puedan tener su vivienda. Además, la municipalidad de Lo Barnechea está de acuerdo, y ha trabajando con dedicación en un proyecto de integración social para este predio.
Sin embargo, luego de 12 años, el terreno sigue vacío. Al parecer el Estado considera que es demasiado caro para destinarlo a vivienda social, y que al hacerlo, estas viviendas costarían mucho más que el promedio que se entrega en Chile a las familias sin recursos. Se trata de un argumento discutible si consideramos que en Lo Barnechea no existen opciones alternativas. Además luego de doce años, ese precio de mercado no es real, ya que sería impresentable que el Estado rompa la promesa que les hizo a los vecinos, y decida vender a una inmobiliaria. Ante ello, el destino del terreno es permanecer eriazo o ser declarado área verde, lo que baja su precio a casi cero, sin resolver el problema habitacional.
Otra razón para explicar la demora es la resistencia de los vecinos de La Dehesa a recibir un proyecto de integración social. El municipio ha trabajado con ellos, y luego de tensas negociaciones, estos residentes estuvieron dispuestos a aceptarlo solo si se urbaniza un tercio del predio, dejando el resto como un parque de “amortiguación”. Le llaman así, pero revisados los antecedentes técnicos del loteo, estos dos tercios del predio no serían más que un muro para separar las viviendas sociales de las casas existentes, solo que en este caso sería un muro verde y ecológico.
El problema es que el muro verde dejaría a 200 familias sin casa, incluyendo a Andrea, Marianela y su comité. Cuesta entender que algo así pueda ocurrir en un país que explotó por la indiferencia con la segregación urbana y la dura realidad que viven millones de capitalinos hacinados o en los extramuros. Pero está ocurriendo y no es el único caso. La falta de voluntad del Estado y la resistencia de vecinos a recibir viviendas sociales está deteniendo proyectos en Las Condes, La Reina, Maipú o la Comunidad Ecológica de Peñalolén, lo que ha generado frustración y rabia en los comités de allegados, que han ahorrado su plata como el Estado les pidió sin tener ninguna respuesta por años.
Es normal que existan aprensiones entre grupos socioeconómicos en una ciudad que se ha ido segregando. Pero se deben resolver conversando. No bloqueando terrenos o exigiendo muros verdes en un predio que les pertenece a todos los chilenos. Tampoco es coherente el argumento del Estado respecto al valor de la tierra y además es insostenible que deje un predio eriazo por otros diez años mientras cientos de familias viven hacinadas o deben migrar a la periferia. Esta inoperancia podría derivar en una toma como las muchas que hemos visto en los últimos tres años, lo que sería fatal, ya que implica saltarse la fila e instalar un campamento gigantesco sin condiciones mínimas de urbanización ni densidad.
Por eso desarrollamos junto a Andrea, Marianela y Josefina un proyecto de integración social sin el muro verde, pero con un diseño que preserva vistas y quebradas, con una densidad similar a los barrios de casas de Ñuñoa. Pensamos que es posible afinarlo con el municipio y los vecinos de La Dehesa y que podemos derribar las desconfianzas y el argumento del Estado sobre el precio del terreno. Además consideramos que es urgente hacerlo, para dar una señal que entendimos lo que reventó en el estallido y que estamos tomando medidas para que no vuelva a ocurrir. Para que Andrea, Marianela y Josefina se sientan parte del mismo país y que su futuro no dependa del hogar donde nacieron.
Iván Poduje
Arquitecto
