Se ha criticado mucho la teoría de empate que pretende imponer la UDI en el “Pentagate”. Pero la actitud del gobierno respecto del tema es también bastante olímpica, por decir lo menos. Porque una cosa es rechazar la idea de que todos hacen lo mismo y, otra muy distinta, es mirar para el lado sobre casos concretos. Ampararse siempre en la frase de que todo se hizo apegado a la ley -como ahora con el “Yategate” del canciller- es una explicación bastante pobre para un asunto tan delicado.
Pero donde La Moneda está cruzando una línea verdaderamente peligrosa es con el ministro de Obras Públicas. Porque digamos las cosas como son: Undurraga recibió platas políticas del grupo Penta. Así de simple y claro. Si a cambio entregó un estudio que nadie uso, de una fundación cuyo domicilio legal era una botillería, puede que lo exima de un delito, pero el fondo es lo mismo. Le pasaron plata igual que a Velasco, que en vez de vender un estudio, dice que cobró $ 20 millones por un almuerzo. O que a Moreira, que simplemente reconoció que pasó una boleta falsa. Claro, algunos dirán que hay matices en estos casos, pero convengamos que son muy tenues.
Esto lo tiene más que claro el gobierno. Es más, se sabe que Undurraga estuvo a punto de salir, pero luego se impuso la tesis de que era mejor aguantar para no distraer la atención. Para que no ocurriera el empate que pide la UDI y los costos los siguiera pagando ese partido. Bajo aquel diseño, el afectado ministro, que lo tenían escondido, termina de gira por el sur con la misma Presidenta, como si nada pasara. Algo que no sólo es poco estético, sino que bastante impresentable. A estas alturas, nadie entiende un gobierno que un día saca una ministra por un par de declaraciones y al otro día decide mantener a otro vinculado a hechos bastante más graves. Porque, al final, el desempate que busca La Moneda en el caso Undurraga es tan o más criticable que el empate que piden sus adversarios.
Con todo esto, sucede el peor escenario, porque el gobierno se hace cómplice de su cuestionado ministro, relativiza el tema y pierde su capacidad de conducir el caso. Si lo que hizo Undurraga no importa en términos políticos, la cosa se reduce a lo legal, lo que es un error. Este caso tiene por cierto aristas tributarias y legales, pero sobre todo posee consecuencias en el plano de lo público. Así por lo demás lo entiende toda la opinión pública, quien ve en esto un nuevo ingrediente para agregar al desprestigio de los políticos. Por eso, lo que hace el gobierno al proteger a Undurraga no sólo es incorrecto, sino también la mejor forma de lograr precisamente que la idea de que todos lo hacen se imponga. Y si bien la estrategia le puede redituar en el corto plazo, es bastante pobre mirando un poco más adelante.
En definida, si La Moneda quiere ser consecuente con la crítica a la teoría del empate, debe actuar en consecuencia y dar señales concretas de que está dispuesta a actuar con la misma severidad con que ataca a sus adversarios. Y cuando los casos son graves como éste, ampararse en matices es totalmente insuficiente. (La Tercera)
