El tensionamiento de las democracias por el impacto de los populismos de diferentes signos, de un racismo sin fronteras, la polarización asociada en algunos países a estilos de un presidencialismo autoritario y el debilitamiento de sus instituciones, es un fenómeno que se está globalizando con preocupantes expresiones en América Latina.
No podemos eludir estas amenazas, pues Chile no está exento de entrar a un ciclo complejo de debilitamiento institucional. Adicionalmente, debemos ser capaces de enfrentar con decisión y de manera transversal el populismo, que nunca tuvo espacio ni bases en nuestro país, y abordar seriamente el peligroso divorcio entre ciudadanía y sistema representativo.
Mark Twain decía que la historia no se repetía, pero rimaba. No debemos olvidar esa máxima, pues si revisamos la historia mundial de las últimas décadas, podemos apreciar de qué forma el debilitamiento de las instituciones democráticas, y en especial del Parlamento, no solo destruyó sistemas políticos, sino que llevó al mundo a la más grave confrontación bélica que ha vivido y a un Holocausto, de cuyo espanto la humanidad aún no termina de recuperarse.
Estos procesos son lentos y muchas veces comienzan con pequeños hechos, a los cuales se les baja la consideración y gravedad.
A pesar de estas tendencias y fenómenos, la opinión pública chilena mantiene una valoración de la democracia superior a la media de la región. No obstante, debemos ser capaces de reconocer también nuestras deficiencias y asumir que tenemos mucho camino por delante para avanzar en más y mejor democracia.
La política democrática, por definición, siempre es un espacio para la confrontación de proyectos, de miradas de mundo y de expectativas y sueños, que son contradictorios entre los diversos actores políticos. De ahí la relevancia de asegurar (y ese es el rol principal de quienes dirigen las cámaras legislativas) las condiciones de un debate serio, respetuoso, informado y sobre todo alturado.
Lo anterior es fundamental para que la ciudadanía aprecie la actividad pública como una labor centrada en la búsqueda del bien común y general de la población, con énfasis en las personas y en el desarrollo del país, y no como un espacio de aprovechamiento ilícito de los recursos de todos y todas.
En esa dimensión tenemos el imperativo de seguir avanzando en transparencia, probidad y en clausurar la dañina y perversa relación entre política y negocios, en todos los niveles del Estado.
Adicionalmente, debemos trabajar en la dirección de un nuevo pacto con la ciudadanía centrado en una nueva Constitución, que sea el armazón jurídico-político de una moderna institucionalidad que garantice derechos sociales y perfile la arquitectura de un Estado orientado a una democracia pluralista y participativa.
Tendremos que hacer esfuerzos compartidos para dejar de lado lo que considero dos conductas políticas equivocadas que debilitan las instituciones y la democracia: la de un gobierno que desvaloriza las instituciones políticas del Congreso y opta por el camino de dividir y dispersar a la oposición para avanzar en su agenda legislativa; y la de una oposición cerrada que rechaza de antemano el diálogo con el Ejecutivo para llegar a acuerdos específicos en torno a determinadas leyes.
Estamos llanos a un diálogo abierto y franco con el Gobierno. Sin embargo, es pertinente asumir y comprender que el contexto político condiciona y determina la relación institucional entre el Parlamento y el Gobierno, el cual no dispone de mayoría legislativa.
Respecto de la oposición, esta tiene el gran desafío de acordar mínimos, de coordinarse y articularse en torno a las grandes reformas que estarán en disputa durante el presente año legislativo. Tenemos que estar a la altura.
Sin duda uno de los principales desafíos de nuestra democracia es llenarla de contenido social, de más representatividad y un acercamiento con las personas. En esa dirección, una de las claves es poder avanzar este año en una legislación que garantice más derechos a las personas, con mecanismos que permitan su eficacia y exigibilidad, como es el caso de la reforma previsional, la del matrimonio igualitario y aquellas normas que aborden los derechos de los pueblos originarios.
Mi compromiso como presidente del Senado será avanzar en una agenda legislativa de derechos de las personas, en el fortalecimiento de nuestra democracia y sus instituciones, la articulación legislativa de la oposición y acercar a la ciudadanía al rol que cumple el principal foro deliberativo del país. (El Mercurio)
Jaime Quintana
