El sábado 23 de marzo de 2024 María Carolina Olguín, mamá de Carlos Robledo, publicó una carta en El Mercurio de Santiago que a muchos dejó helados, y quizás logró ser mucho más efectiva que muchos de los que escribimos sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el resguardo del orden público y los riesgos que ello conlleva para los militares que cuando salen a realizar esas funciones.
La carta de la señora Olguín busca llamar la atención al caso de su hijo Carlos, quien está preso con una condena de 10 años, ya que se le sindica de ser el culpable de haber disparado un tiro que lamentablemente mató un joven de 26 años que participaba en un violento saqueo del Mall de la Serena durante el llamado “estallido social”. Junto a él también se condenó al capitán a cargo de la unidad, un cabo y otro soldado conscripto.
Carlos Robledo tenía en ese entonces 18 años y estaba cumpliendo voluntariamente su servicio militar en el regimiento de La Serena. Él, al igual que otros, y como buen soldado disciplinado, obediente y respetuoso de la jerarquía militar, ese día cumplía las órdenes del Presidente de la República, el que había dispuesto para todo el territorio nacional un estado de emergencia producto de los violentos desórdenes y destrozos que estaban teniendo lugar en esos días, y que en La Serena se dieron con particular fuerza y violencia. Los que estaban realizando saqueos en la calle no eran blancas palomas y quizás mucho más que simples personas desencantadas con el Chile del 2019.
Carlos Robledo, al igual que muchos otros integrantes de las Fuerzas Armadas, están presos por realidades similares ocurridas durante algunos de los más que frecuentes estados de emergencia que han tenido lugar desde octubre de 2019 en adelante. Ellos son el vivo ejemplo de los riesgos que asumen los militares cuando se les solicita hacerse cargo del orden público, algo para lo cual no están entrenados, sólo debiera ser muy excepcional, y que deben realizar en ambientes en donde puede haber muertos o heridos desde el minuto que el Estado decide hacer uso de la fuerza militar para imponer el orden, la seguridad de la población, la paz y tranquilidad para los habitantes de Chile.
Carlos Robledo está preso. Está recibiendo el pago de Chile. Su familia pide justicia, pero también valientemente nos piden que hagamos algo por él, y por los otros militares que también corren la misma suerte. En ninguno de los casos de este tipo que se conocen los procesos judiciales han sido justos. Puede que lo sean en apariencia, pero ello es muy lejano a la realidad. Si tienen suerte, los defienden abogados que gestionan fundaciones como la que se llama “Nos Importan” que dirige Alejandra Cruzat, ya que de lo contrario les tocan inexpertos abogados de la Defensoría Pública debido a que no tienen recursos para contratar abogados penalistas con experiencia. ¿Por qué ello es importante? Lo es porque enfrentan en estos juicios todo el peso del Ministerio Público, a querellantes como el INDH y otras organizaciones relacionadas declaradamente de izquierda y enemigas de las Fuerzas Armadas, y también por qué no decirlo, a jueces que no les tienen simpatía a las instituciones armadas de Chile.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros están bastante limitadas en lo que pueden hacer para defender a su gente en casos como estos. En una no muy inteligente o bien claramente intencionada modificación de la justicia militar de hace varios años atrás, cuando hay un civil involucrado no aplica la justicia militar y queda en manos del Ministerio Público y tribunales civiles, lo que implica que quienes ven el tema no son especialistas en lo militar y en situaciones en donde las instituciones armadas deben emplear la fuerza.
Dentro de lo que les toca enfrentar a soldados como Carlos Robledo está todo tipo de acciones de los querellantes o del sistema judicial que buscan evitar que quienes tienen condenas menores a 5 años cumplan sus condenas en libertad. La última es que les aplican la ley de control de armas para que sus condenas sean efectivas en prisión. ¿Se imaginan a lo que han llegado tanto quienes proponen como quienes aceptan esos argumentos? Estamos hablando de jóvenes militares y policías que por definición portan armas en sus labores profesionales ya que representan la fuerza que el Estado aplica cuando es necesario asegurar el orden público con esos medios.
Todo lo que indico en esta columna es verídico y obviamente impacta a quienes visten uniforme. Claro que no quieren, al igual que en Argentina, tener que ser destinados a labores de seguridad pública ya que el riesgo de terminar ellos en la cárcel y no los que están causando desórdenes, delincuentes o criminales, es alto, muy alto, y es por ello que piden reglas de uso de la fuerza simples y claras, en caso de tener que ser juzgados, que sea bajo la justicia militar, y que por sobre todo, que el gobierno que da la orden para el empleo de fuerzas militares en labores de seguridad pública se haga responsable política y judicialmente, ya que son ellos y no los militares los que deciden el empleo de las Fuerzas Armadas en estados de excepción o eventualmente en labores de cuidado de infraestructura crítica.
Las Fuerzas Armadas se entrenan para la guerra, para neutralizar o eliminar enemigos. No se entrenan para realizar labores de seguridad pública, las que se supone sólo debieran ser excepcionales, y si es que ello llegara a cambiar, es decir lo excepcional se vuelve habitual, deben cambiar también las condiciones legales y judiciales bajo las que operan.
A varios civiles les cuesta entender la reticencia de las Fuerzas Armadas a involucrarse en temas de seguridad, al punto que algunos creen que es una actitud antipatriótica. En ese sentido no pueden estar más equivocados. Quienes visten uniforme militar han jurado dar la vida por Chile, pero no juraron inmolarse en labores de seguridad interior en donde si no tienen extremo cuidado, terminan ellos y nos los delincuentes tras las rejas.
Los ejemplos del soldado Robledo, del capitán a cargo de esa unidad, y los otros dos integrantes presos están muy presentes en quienes actualmente visten de uniforme, tal como es el ejemplo de quienes pasan su vejez en las cárceles de Punta Peuco y Colina por haber cumplido labores de seguridad pública durante el gobierno militar.
Si queremos a los militares en la calle no es gratis y les debemos asegurar las condiciones para que puedan ayudar a resolver los problemas que nos afectan, pero antes debemos apoyar a fundaciones como “Nos Importan” que están en terreno defendiendo a los Carlos Robledo de este mundo, o los infantes de marina que se enfrentaron a insurgentes mapuches en un enfrentamiento en que a ellos los hacen culpables de una lamentable muerte, siendo que los antecedentes indican lo contrario.
Bienvenidos al Chile en donde los buenos son malos, y en donde se encarcela a los militares, y no a los delincuentes, violentistas y criminales. (El Líbero)
Richard Kouyoumdjian
