Escribo esta columna siendo el mediodía del martes 19 de marzo y que sepa, y muy a pesar del ministro de Justicia y de buena parte del oficialismo, el general Ricardo Yáñez aún no renuncia a la dirección general de Carabineros. Trataré de ser lo más justo posible en esta columna respecto tanto del general director como de los impactos y consecuencias que esta situación genera para la seguridad nacional, y en particular de los temas que atienden las policías.
Está claro que los casos de Yáñez y Muñoz son completamente distintos. Todos los antecedentes disponibles indican que Sergio Muñoz actuó equivocadamente y que no merece estar a cargo de la PDI, en cambio, a Ricardo Yáñez se le quiere formalizar por su responsabilidad de mando durante el llamado estallido social. Se le hace responsable por el actuar de Carabineros, los que según los que acusan, habrían violado los derechos humanos de quienes protestaban contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Ricardo Yáñez era el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros en octubre de 2019. Lo que en una empresa sería el gerente de Operaciones. El Ministerio Público lo quiere formalizar por cargos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio “por omisión”. También se quiere formalizar a quien era su jefe, el general Rozas, el cual al igual que Yáñez se estaban haciendo cargo del desmadre que teníamos a fines de octubre del 2019. Carabineros era nuestra primera línea y los que junto con las Fuerzas Armadas evitaron que se consumara un golpe de la izquierda en donde el PC jugaba un rol principal en la agitación popular.
Dejar solo al general Yáñez es tan grave como el olvido por los que están presos en Punta Peuco y otros penales por causas de derechos humanos. Lamentablemente el gobierno de Piñera fue tibio en estas materias, y al igual que Poncio Pilatos, se lavaron las manos y dejaron solos a quienes trataban de colocar orden y defender la Moneda. Privilegiaron salvarse ellos y arrojar a los leones a quienes visten de verde.
Carabineros no actuó de mala fe como quieren demostrar algunos integrantes del Ministerio Público, de la ultraizquierda y del actual gobierno. Hizo lo mejor posible con los medios humanos y materiales de los que disponían. Lo hizo con el entrenamiento y doctrina que se había desarrollado con los años. Lo hicieron sin inteligencia e información. Es por Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas que estamos donde estamos y eso es algo que el PC y que quienes instigaron el estallido social no perdonan.
Es obvio y no muy difícil de entender que remover al general director en la situación de seguridad pública que tenemos no ayuda. Se podría calificar como una estupidez o una mega imprudencia, y en ese sentido cuesta entender el comportamiento del Ministro de Justicia, quien sale en un acto completamente reñido con la institucionalidad, a recomendarle por televisión al general director que renuncie. Una acción que hace pensar que Cordero más bien es el abogado del gobierno y no el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el que por lo demás, quizás debiera estar más preocupado de la situación que tiene en Gendarmería y las cárceles, fuente de muchos de los males que nos aquejan actualmente.
Si el Presidente de la República quiere echar el general Yáñez sólo basta con que lo haga con un decreto fundado que se envía al Congreso, que es la forma que la Constitución exige para remover a los comandantes en jefe y los jefes de las policías. El problema está en que el gobierno no tiene razones válidamente legales para colocar en un decreto que exige estar fundamentado y es por eso por lo que insiste a través de los medios que sea el general el que dé un paso al costado. Ellos no tienen razones lógicas para sacarlo y no pasa de ser más que una venganza de la ultraizquierda y el PC, quienes están dispuestos incluso a jugar con la seguridad pública en su afán de darse un gustito, algo que por lo demás recién hicieron con el director del Senapred, quien cometió el error de señalar la incompetencia de las alcaldesas del FA de Viña del Mar y de Quilpué, y asumir las culpas de los incendios de la Quinta Región como era lo que le pedía el Ejecutivo para de, esa forma, salvar las responsabilidades de los partidos de su coalición, y que por otro lado, esgrimen todo tipo de razones para mantener a la Directora de Presupuestos en su puesto a pesar de estar imputada en el caso convenios, en lo que es una muestra de los dobles estándares con los que trabajan.
Sólo en Chile pasa que las instituciones peor evaluadas le hacen zancadillas a los mejores de la clase. Es cosa de ver la última encuesta de plaza pública de Cadem que pide la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, o la versión en que se evalúa el prestigio institucional, una encuesta en donde Carabineros y la PDI salen en los primeros lugares.
Para ir cerrando, y muy en serio, tenemos que cuidar a las instituciones de la defensa nacional y las que se dedican a la seguridad pública. Las necesitamos en el máximo de sus capacidades y no podemos permitir que el gobierno las maltrate, descuide y denigre. El general Yáñez no se merece lo que está recibiendo, pero más importante aún, Carabineros de Chile y los chilenos tampoco.
Si Muñoz es culpable de algún crimen o es culpable de algo, el máximo rigor de la ley, y para quien sea su reemplazo, que mantenga a la PDI en el destacado lugar que ocupa, y en el caso de Yáñez, resista general, y si cae, de seguro habrá un general de Carabineros que sabrá cumplir con su deber.
Los países caen cuando sus instituciones se corrompen, o bien están débiles, y hoy por hoy, las únicas que aún continúan sólidas son los bomberos, las Fuerzas Armadas y las policías. Eso lo saben quienes las quieren afectar, pero también es algo que debemos cuidar tanto quienes están en servicio, los que estuvimos en servicio, y los chilenos de buen corazón. (El Líbero)
Richard Kouyoumdjian
