El primer disparo en el siempre crispado septiembre vino por la mayoría de los ex comandantes en jefe de los cuerpos uniformados durante la democracia. Una carta que parece hecha para evitar el cierre del Penal de Punta Peuco encendió pasiones, pese a que su aparente objetivo era justamente lo contrario. El tono recuerda a las amenazas de los nostálgicos del autoritarismo en los primeros años de la democracia, que marcaban su enojo en cualquier momento que la justicia tratara de esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. El hito más recordado de esos años fue el llamado “boinazo”, consistente en una reunión de generales, rodeados de boinas negras armados hasta los dientes, para recordarle al gobierno civil quién tenía las armas.
Por esa misma razón, el objetivo que buscaba la carta tampoco se logre. Las relativizaciones de las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura, incluyendo al propio acto originario de bombardear la casa de gobierno, para convencer de que la paz social pasa por mantener un penal en condiciones mucho mejores a las que tiene cualquier cárcel del país, no va a generar una corriente de solidaridad en la opinión pública, sino lo contrario.
¿Entonces, cuál es la lógica política y comunicacional tras una carta llena de adjetivos y que obviamente iba a ser una provocación para el gobierno y, por tanto, complicarle una salida política al inminente cierre del penal de Punta Peuco?
Es muy probable que los ex comandantes en jefe le hablen a un público minoritario, pero creciente, que sigue pensando que era necesario todo lo que pasó para pacificar el país, y que se ven a sí mismos como puntal en la estabilidad democrática de estos años. Para ellos debe sonar a música en los oídos la frase sobre “el valor y la decisión con que los uniformados han construido la paz actual”, olvidando la transición y la larga lista de tragos amargos que tuvieron que soportar los primeros gobiernos democráticos, que incluyeron el riesgo que soportó el presidente Frei de quiebre de su propia coalición cuando estableció el penal especial para condenados por violaciones a los derechos humanos. El tono de la carta constituye una de las primeras victorias políticas del grupo de Punta Peuco, que finalmente logró diluir sus responsabilidades individuales y convertirlas en una proclama política de defensa de la necesidad histórica del autoritarismo, con candidato presidencial incluido. Hay que recordar que los voceros de ese grupo acusaron en su momento de blandos a los mismos firmantes cuando dirigían a sus instituciones por no defender a quienes eran investigados. Los ex comandantes, con honrosas excepciones, una vez colgados los uniformes, decidieron sumarse a sus propios críticos.
Lo más grave de la carta es la poca creencia de los firmantes en los mecanismos institucionales para administrar justicia, contenida en la amenaza directa de la frase “no pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado”. Entre los destinatarios de dicho mensaje está también la oposición actual, a quienes le recuerdan la famosa calificación de cómplices pasivos que hizo su actual candidato para referirse a los civiles que apoyaron el gobierno autoritario. Y, sin duda, recuerda aquella advertencia hecha por un comandante en jefe del Ejército, que dijo en su momento que si tocaban a uno solo de sus hombres se terminaba el Estado de derecho.
