El Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó la detención -con fines de extradición- del empresario chileno Carlos Cardoen.
Según informó Ahora Noticias, esta misiva ingresó al país la semana pasada y Cancillería ya la remitió a la Corte Surpema.
Desde 1993, Interpol mantiene una alerta roja contra el empresario viñatero, a petición de Estados Unidos. Dicha solicitud fue reiterada por el país norteamericano en 2009 y renovada por el organismo policial hasta 2019.
A comienzo de la década del 90, el gobierno de EE.UU., a través del Departamento de Comercio y el Servicio de Aduanas, presentó una denuncia en contra de Cardoen por exportación ilegal de circonio, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de bombas de racimo, el que fue vendido a Irak.
Debido a la situación del empresario, desde 1995 la Cancillería ha enviado siete notas diplomáticas al gobierno de EE.UU., pero ninguna ha sido respondida hasta la fecha.
A lo menos en una ocasión, el expresidente Ricardo Lagos expuso el caso de Cardoen ante el Presidente Clinton, sin éxito. Lo mismo pasó con las gestiones realizadas por Cancillería durante la primera administración de Piñera y el segundo mandato de Bachelet.
El empresario Carlos Cardoen Cornejo afirmó noche haberse enterado durante la jornada que el gobierno de EE.UU. habría pedido su detención para iniciar un proceso de extradición en su contra.
A través de un comunicado, el empresario señaló que recibe con total tranquilidad esta situación e indica que esto es una “oportunidad de hacer valer mis derechos y mis defensas en mi país, con plena confianza en nuestras autoridades judiciales”.
En el texto asevera sentirse sorprendido que, después de 30 años de ocurridos los hechos y más de 26 de la acusación, el gobierno norteamericano decida finalmente solicitar “aquello que debieron haber hecho en 1994”.
Cardoen indicó sentirse seguro de su inocencia frente a los cargos que se le imputaron en su momento y afirmó que dichas acusaciones “tenían un origen más bien político que legal”. Agradeció además el apoyo del Estado chileno y del Senado, señalando que una reciente resolución de este último organismo “ratifica la vulneración de los derechos humanos que me afecta tras 26 años sin garantía de un debido proceso”.
“Espero que se cierre este largo proceso kafkiano del cual he sido objeto para poder dejar atrás esta amarga experiencia judicial”, enfatizó.
“Como siempre, junto a mi familia, enfrentaré estos cargos, que, aunque tardíos, permiten aclarar en Chile mi total inocencia y de las del equipo que me apoyaba en aquella época”, sostuvo.
SENADOR LETELIER
El senador socialista por la Región de O’Higgins, Juan Pablo Letelier, aseguró que “aplaudo lo que ha sucedido”respecto de la solicitud de Estados Unidos de detención con fines de extradición contra Carlos Cardoen, ya que desde mucho tiempo existirá un juicio contra el empresario.
“Que bueno que Estados Unidos finalmente pida la extradicción, que exista un juicio y él tendrá que defenderse de las acusaciones si es que violó la ley o no”, dijo en los micrófonos de Hablemos en Off, de Radio Duna.
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.@jplchile y situación de #CarlosCardoen «Que bueno que EE.UU. finalmente pida la extradicción y exista un juicio»http://duna.cl/tv
“Dicen que este tipo es un criminal pero nunca hubo una acusación formal”, agregó.
El parlamentario estimó que “no cabe duda que Estados Unidos lo usó como chivo expiatorio. Era de conveniencia, pero cuando cambiaron su política exterior en oriente medio, decidieron acusarlo”.
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“Si tiene una acusación, no puede ocurrir que durante 26 años haya una petición de Interpol que impida a un chileno viajar sin que se haga un juicio. A mí me parece positivo lo que hemos conocido”, cerró.
RESOLUCIÓN DEL SENADO
El 23 de enero pasado y por 26 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo, “realizar las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al empresario Carlos Cardoen ante Interpol, y plantee ante ese organismo su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Lo anterior, a raíz de la numerosas acciones del Gobierno norteamericano que le impiden al empresario viñatero salir del país desde hace 25 años (1993), desde cuando Interpol -a petición de EEUU- registra una Alerta Roja, que fue retirada en 2009, pero que fue renovada y permanece vigente.
La iniciativa tuvo su origen en la iniciativa transversal presentada por los senadores Letelier, Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Rincón, Von Baer, Allamand, Araya, Chahuán, Durana, Galilea, García, García Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Pérez, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Los legisladores instaron al Gobierno para que, “dentro del marco de las normas republicanas de separación de poderes y del ordenamiento jurídico internacional, adopte las medidas que correspondan para fortalecer el auxilio del Estado de Chile. Asimismo, para plantear su preocupación por la falta de adecuación de las prácticas institucionales de este organismo internacional con los estándares de derechos humanos en el marco de su próxima Asamblea General. Ello a través del compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía de Investigaciones de Chile, así como otros órganos competentes”.
Lo anterior, a raíz del respaldo que solicitó Cardoen en “la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado, que lo recibió en audiencia el 17 de julio de 2017, y el 19 de noviembre de 2018″, cuya instancia lo destacó como un “empresario que ha contribuido significativamente al desarrollo cultural y turístico de nuestro país”.
“En dichas sesiones se expusieron antecedentes sobre la práctica institucional de menoscabo a los derechos fundamentales por parte de Interpol, documentados en numerosos informes de la organización no gubernamental Fair Trials International. En el caso de Cardoen, esto se ha traducido en la mantención de una Alerta Roja por más de 25 años, sin que exista fundamento legal para ello”, señala el proyecto de acuerdo del Senado.
Lo anterior, considerando que la información proporcionada por Estados Unidos a Interpol señala que en relación a este caso “se solicitará su extradición a cualquier país que haya concertado con Estados Unidos un tratado actualmente en vigor que permita la extradición”.
El proyecto de acuerdo acusa que “han transcurrido más de dos décadas de dicha notificación, y sin embargo, y a pesar de encontrarse de forma pública y abierta residiendo en territorio chileno, el Gobierno de los Estados Unidos no ha presentado aún la solicitud de extradición correspondiente a los delitos imputados, impidiéndole así toda posible defensa ante un tribunal competente”.
También, en enero de 2019, en conversación con La Tercera, Cardoen recalcaba su inocencia frente a los cargos, pues “En primer lugar fui autorizado por el gobierno chileno, y con la anuencia y apoyo del gobierno norteamericano, porque en esa época Irak era aliado de Estados Unidos”, dijo.
Hasta 1987, Industrias Cardoen, junto con la Fábrica y Maestranzas del Ejército, produjo y comercializó armas, operación que llevó a venderle 150 millones de dólares a Hussein por tal concepto.
Pero su actividad no estuvo exenta de polémicas ni tragedias: el 29 de enero de 1985, su planta de Iquique fue destruida por una explosión en la que 29 trabajadores perdieron la vida.
Cardoen, en reiteradas ocasiones, ha acusado haber sido víctima de un “sabotaje” en relación a ese hecho.
El conflicto con Estados Unidos, además, le valió la pérdida de sus propiedades en el estado de Florida, inmuebles avaluados en 30 millones de dólares y la imposibilidad de salir del país durante todo este tiempo, ante en riesgo de ser detenido en otro territorio.
Su relación con tal país, admitió, surgió en base a una oportunidad comercial: importarlo desde allá, pese a que también lo comercializan otros, era más económico y ellos se lo ofrecieron, dijo.
A. ETCHEVERRY REPRESENTARÁ A EE.UU EN JUICIO DE EXTRADICIÓN
El destacado penalista Alfredo Etcheberry representará al gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ante el Poder Judicial chileno con miras a conseguir la extradición del empresario Carlos Cardoen, de acuerdo a fuentes consultadas por Radio Bío Bío.
No es la primera vez que Etcheberry patrocina a las autoridades estadounidenses. En 1991, el profesional fue querellante en la causa que sustanció el ministro de la Corte Suprema, Adolfo Bañados, por el asesinato del excanciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en septiembre de 1976.
Entre sus gestiones judiciales y la indagatoria del magistrado, Etcheberry logró que el exjefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y el segundo del organismo represivo, brigadier Pedro Espinoza, fueran condenados a 7 y 6 años de prisión, respectivamente en 1995.
El abogado de la Universidad de Chile, escritor de varios textos sobre derecho penal -citados frecuentemente en los fallos judiciales- también patrocinó a Perú en 2007, cuando desde Lima se solicitó la extradición de Alberto Fujimori, la que finalmente fue concedida.
Estados Unidos solicitó la detención de Cardoen para fines de extradición, atendida una investigación que mantiene abierta desde fines de los 80, donde se acusa al empresario de haber vendido bombas de racimo a Irak, con el circonio que compraba en el país del norte.
Desde entonces, EEUU lo ha mantenido con una “alerta roja” en Interpol, hecho que le prohíbe abandonar territorio nacional.
Fuentes que conocen del caso indicaron que uno de los hechos reactivaron la petición norteamericana, fue el reportaje que publicó el sitio Ciper Chile el 1 de febrero pasado. En él se reveló que Cardoen contrató los servicios del abogado Juan Pablo Hermosilla en 2008 para recuperar cerca de 50 millones de dólares que le debían los iraquíes. (La Tercera-Duna-Bio Bio)
