En unos días se inician las clases de educación superior y comenzará un intenso debate sobre las instituciones que habrán de guiarla. En particular, se discutirá el rol que jugará la matrícula en el sistema. Algunos favorecerán ideológicamente la gratuidad, pero otros se opondrán a ella tanto por motivos de justicia como de eficiencia.
Destacábamos en una columna anterior que la gratuidad es injusta porque implica que la sociedad toda financia estudios que benefician sólo a unos pocos. Los recursos así gastados podrían ser utilizados para mejorar la cobertura y calidad de la educación prescolar y escolar y con ello permitir el acceso universal a la educación superior, hoy vedada a la mayoría de los estudiantes provenientes de la educación pública. Una educación escolar de calidad es una condición necesaria para una sociedad más inclusiva; en cambio, la gratuidad en la educación superior sólo perpetuará los privilegios existentes.
La educación superior tiene, en una buena medida, las características de un bien de inversión. Le otorga al estudiante capital humano, haciéndolo más productivo para la sociedad. El ingeniero, el médico, el abogado, la enfermera, etc. sin lugar a dudas son más valiosos para el país que esas mismas personas sin la instrucción correspondiente. La sociedad así lo reconoce, premiándolos con remuneraciones relativamente elevadas.
La inversión en capital humano, en su esencia, obedece a principios muy similares a aquella en capital físico. Se destinan recursos al estudio (matrícula, ingresos de trabajo dejados de percibir para estudiar), con la expectativa de obtener un flujo de ingresos más elevado que aquel que se hubiese recibido sin esos estudios. Esquemáticamente, la inversión óptima -tanto a nivel personal como social- se da entonces cuando el valor de los mayores ingresos del profesional iguala el valor de la inversión mencionada.
La gratuidad resulta ser ineficiente porque desde el punto de vista del educado -pero no así de la sociedad- reduce el costo de la educación. Como consecuencia habrá una mayor demanda por estudiar, que no se justifica socialmente. Se graduarán mas estudiantes que los óptimos y sus remuneraciones serán inferiores a las esperadas. Es, además, muy probable que no se pongan a disposición todos los recursos necesarios para financiar adecuadamente a esta mayor masa de estudiantes, lo que se traducirá en una caída en los estándares de calidad de la educación superior, como ha sucedido en prácticamente todos los países que han optado por la gratuidad.
Es decir, la gratuidad en la educación superior es injusta y, si adoptada, afectará negativamente el proceso de inclusión social en que se encuentra el país. Es además ineficiente, dado que tenderá a inducir una inversión mayor que la óptima en la formación de profesionales y simultáneamente a generar una caída en los niveles de calidad de la educación superior. Punto aparte es el efecto altamente pernicioso que la gratuidad tendrá inevitablemente sobre la autonomía universitaria.
