El alcalde comunista de la populosa comuna de Recoleta, Daniel Jadue, ha declarado que, no obstante condenar la violencia “creemos que el pueblo tiene derecho a defenderse, si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde”.
Si bien la afirmación pareciera enmarcarse en los límites de lo que el derecho occidental reconoce a los pueblos para rebelarse ante gobernantes de origen ilegítimo, o que teniéndolo devienen en espurios en su ejercicio, autorizando así la desobediencia y hasta el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por otros con legitimidad, el encadenamiento de sus argumentos ha llevado la discusión a un punto de quiebre de lo que la justa y recta razón asiste en materia de opiniones y acciones en una democracia que, aunque remecida, es sana y plena como la chilena.
En efecto, el dirigente comunista ha hecho su reflexión en el contexto de la ya extendida aprensión de un nuevo flujo de la violencia en las calles durante marzo próximo, para seguir impulsando cambios políticos y económicos “esperados por más de 30 años”. Jadue asegura que rechaza la violencia dado que, según éste, constituiría una estrategia de sectores de derecha que buscan mantener la discusión en el ámbito del orden público para criminalizar la protesta social, lo que la izquierda no acepta. Y pone como ejemplo la llamada “acción de autodefensa” que llevara a cabo el FMR hace unas décadas durante el gobierno militar. “Condenamos la violencia -ha dicho- pero creemos que el pueblo tiene derecho a defenderse si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde. Y usted comprenderá que, en este país -creo que es uno de los pocos consensos que existen- Carabineros, las FF.AA. y el gobierno hace rato que están perdiendo la legitimidad del uso de la fuerza que le hemos entregado democráticamente”.
Al pedírsele precisar las razones de esa pérdida de legitimidad, Jadue ha referido casos de “violación de derechos humanos, montajes, ocultamiento de información y obstrucción de justicia”, aunque sin entregar mayores antecedentes sobre aquellos y antes que los tribunales de justicia independientes hayan emitido sus veredictos definitivos sobre las denuncias que se han conocido y que mantienen a centenares de policías aún en procesos judiciales. “Condenamos la violencia, pero no estamos dispuestos a darle un cheque en blanco a un gobierno que viola los derechos humanos para que salgan a seguir asesinando a nuestro pueblo”, dijo. El dirigente comunista ha corrido así los límites del relativo de legitimidad democrática correspondiente hacia un punto en que pocas naciones liberales actuales pasarían la prueba.
A mayor abundamiento, a mediados de enero pasado, un ex dirigente del MIR chileno y del MRTA peruano, Jaime Castillo Petruzzi, emitió declaraciones de similar calado en el marco del lanzamiento del libro “Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM”, al proponer la posibilidad de instalar un “poder militar superior al de las FF.AA.” chilenas, con el propósito de “hacer colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado”, pues, en sus propias palabras, éstas “representan el principal impedimento” para alcanzar sus objetivos políticos. Por tal razón, el Ministerio del Interior se querelló contra Castillo por Ley de Seguridad del Estado, dado el obvio “mensaje de odio y violencia (que) se encamina hacia la desestabilización del sistema democrático representativo de gobierno. Es un mensaje subversivo nítido, innegable, manifiesto y decidido a actuar”, dijo la secretaría del Estado.
En ambos casos, como se ve, se pone en entredicho la cualidad libertaria y la legitimidad de Derecho del sistema democrático liberal de convivencia, seguramente debido a que, desde sus perspectivas, el Estado y sus autoridades corresponden a estructuras de dominación de clases, con las que la “burguesía” consolida su poder económico por sobre el de los trabajadores, cooptando el poder político administrativo del Ejecutivo y el jurídico del Legislativo, así como el poder Judicial y, por supuesto, el de las fuerzas de orden, seguridad y de defensa nacional que se ponen al servicio de esa “clase dominante”.
Se entiende de esa forma al Estado como un instrumento de dominio y no como una orgánica puesta al servicio de la persona -que es anterior al Estado- como protector de derechos y/o libertades ciudadanas, razón por la que sería legítimo reemplazarlo, usando la violencia, por un nuevo Estado que esté “al servicio del pueblo”. Esto último, por lo general, significa la administración estatal y gubernamental por parte de un partido único o dominante que impone su visión de mundo al resto en función de su propia utopía político-social.
El poder político temporal que mayorías circunstanciales delegan a grupos o representantes de aquellos en las democracias liberales, que, a su turno, convergen en respetar los derechos de las minorías, tiene dos afluentes claves de legitimidad que provienen de la larga tradición política romana: autoritas y potestas. La primera se gana por el prestigio que suscita obediencia voluntaria; y la segunda, que se impone mediante la coacción, cuando la razón y la norma son superadas.
Las democracias liberales consiguen combinar ambas vertientes, tanto por su modelo de elecciones periódicas que impiden la eternización de los elegidos en el poder; como por sostener, más allá de los gobiernos de turno, sus orgánicas de defensa y seguridad. Es decir, en ese marco las FF.AA. y de orden pertenecen al conjunto de la sociedad y no a un grupo, clase o sector determinado -lo que no siempre fue así-, y ejercen su poder coercitivo bajo parámetros jurídicos definidos por la Constitución y leyes respectivas.
De allí que pareciera demás señalar que calificar la democracia chilena, o a su actual Gobierno, como ilegítimos en su ejercicio o en su origen, es, a todas luces, hiperbólico e injusto, y solo podría entenderse en el marco de un esfuerzo de transmutación del discurso político con propósitos como los que ya declaró hace cuatro meses el propio presidente del PC: exigir la renuncia del Presidente de la República y convocar a nuevas elecciones. Es decir, en el marco de una lucha por el poder.
Porque, desde luego, hace apenas un mes, el Índice de Democracia 2019 elaborado por The Economist Intelligence Unit, ubicó a Chile en el exclusivo club de las 22 “democracias plenas” del mundo y en las que vive solo el 5,7% de la población mundial, merced, justamente, a la disposición de la gente a salir a la calle en 2019 -no obstante los disturbios-, pasando así de ser una ‘democracia defectuosa’ a una ‘democracia plena’ en la región -junto a Uruguay y Costa Rica- y muy lejos de los países peor evaluados de América latina: Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que Jadue, Castillo y sus partidos brindan permanentes elogios.
En defensa de su forzada articulación argumentativa buscando justificar en Chile una ilegitimidad producto de una autoridad espuria y un Gobierno “violador sistemático de DD.HH.”, Jadue ha terminado por enfrentar a sus propios aliados de centro izquierda -taxativos en condenar la violencia y que han instado a no confundirla con la protesta- contra acusándolos de haber avalado y firmado en 1988 una salida pactada “con la Constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para la dictadura y amarrando todo lo que amarraron para que las cosas nunca cambiaran”, mientras el PC “planteaba que la única manera de salir de la dictadura de manera legítima era con elecciones libres y con nueva Constitución. Nos demoramos 30 años en llegar exactamente a lo mismo”.
Es decir, Jadue y el PC han vuelto a notificar a la ciudadanía, a la derecha y a sus propios asociados de centro izquierda, que aquello que ni la centro izquierda, ni la izquierda dura pudo conseguir hace 30 años, consistente en cambiar la Constitución de 1980 por una nueva carta que reorganizara los equilibrios de poder político, social y económico del país -para lo cual, empero, debían derrotar militarmente a las FF.AA. a través de una fuerza armada revolucionaria como el FMR o el MIR-, lo intentarán ahora a través de la Convención Constituyente, mutada en asamblea constituyente originaria y soberana -si es que las mayorías de convencionales lo permiten- tal y como, por lo demás, ya han amenazado dirigentes de movimientos sociales cercanos al PC, se tenga o no el escudo de los nuevos artículos de la reforma constitucional que verificó el plebiscito de abril próximo y si es que los sectores democráticos del país no conforman el escudo político social que proteja a la ciudadanía del peligroso virus populista que puede destruir en pocos días las tan larga y trabajosamente ganadas libertades y derechos que hoy se pueden interpelar en las calles sin más condiciones que las de respetar la libertad y derecho de movimiento, trabajo y opinión de los demás ciudadanos con los que se coexiste.
Es evidente que los malestares que vive el país son resultado de un modelo socio económico que no estuvo lo suficientemente alerta ni exento de vicios y deficiencias que finalmente incentivaron la reacción popular que ha derivado en estos cuatro meses de vandalismo delictual y anárquico y que se teme continuarán alterando el normal desenvolvimiento de las ciudades en los próximos meses. Sin embargo, las democracias fuertes cuentan con los mecanismos de ajuste que permiten que, frente a tales dificultades, se puedan implementar las correcciones legales y normativas pertinentes para ir mejorando las condiciones del conjunto social, sin tener que renunciar a las libertades, ni a la democracia, sino por el contrario, mediante más democracia y libertades.
Amenazar con la continuidad de protestas sociales que, pacíficas o no, se transforman igualmente en marco para que bandas delictuales y anárquicas prepotentes y violentas hagan lo suyo en destrucción, imposición y daños a la propiedad pública y privada cuyos costos pagamos todos vía impuestos o mayores precios de bienes y servicios, podría entenderse en un entorno en el que el Gobierno y los poderes legislativo y judicial, es decir, el Estado chileno, hubieran sido sordos a los justos reclamos de millones de personas que honestamente han alegado contra los abusos e injusticias cometidos por ciertos sectores de las diversas élites nacionales, fenómeno que, por lo demás, no es único de Chile.
Sin embargo, las declaraciones de Jadue y Castillo Petruzzi, se enmarcan en un contexto distinto, en el que, cualquiera sea la conducción del Estado democrático liberal y su estructura y equilibrios de poderes, su postura intransigente -así como la de quienes han seguido ejerciendo la fuerza y la violencia en las calles- no cambiará fácilmente, porque aquellos no están en busca de solucionar los problemas sociales y económicos que demandan resolver las personas, sino en una lucha por el poder que implica “hacer colapsar la columna vertebral del Estado chileno” encarnada en las FF.AA. y Carabineros, los que, según Jadue, han “estado perdiendo la legitimidad del uso de la fuerza que le hemos entregado democráticamente”, razón por la cual “el pueblo tiene derecho a defenderse”.
La secuencia argumental queda así a un paso de la subversión revolucionaria legalmente punible, hecho que debería explicar demás las diferencias del PC y la izquierda dura con la de sectores reformistas de centro izquierda cuya valorización de la democracia los pone y ha puesto siempre en muy distintos planos de el de quienes, en realidad, buscan hacerla colapsar para imponer un nuevo orden y una muy distinta estructura de poder político, económico y social. (NP)
