El mes de marzo a la vista se asocia habitualmente con la reanudación plena de la actividad política, económica, social y educacional del país, tras el período estival veraniego que, terminado el Festival de Viña, comienza a culminar con esa próxima llegada del otoño, el 21 de ese mes.
Pero no es esta la continuación de un año cualquiera. En los meses que vienen la ciudadanía se verá enfrentada a una serie de hechos sociales, económicos y políticos que seguramente harán de 2023 un lapso para recordar en el calendario de la historia nacional.
Por de pronto, el 7 de mayo se dará otro paso relevante en el nuevo proceso constituyente acordado tras el fracaso del anterior, luego del mayoritario rechazo a su propuesta el 4 de septiembre de 2022, al ser convocados a una elección de 50 consejeros constitucionales, evento que está llamado con votación obligatoria, es decir, en el que deberán participar los más de 13 millones de ciudadanos legalmente habilitados al efecto.
Como se sabe, el 6 de febrero pasado, los partidos políticos inscribieron a sus candidatos para la elección de quienes redactarán la nueva propuesta de Carta Magna, luego que, desde enero de 2023, el Congreso trabajara en la redacción de un reglamento interno por parte de 18 miembros de la Cámara y el Senado.
Con arreglo a dicho acuerdo, este próximo lunes 6 de marzo se debe instalar una Comisión Experta, compuesta por 24 especialistas, de los cuales 12 son escogidos por la Cámara de Diputados y otros 12 por el Senado. Estos, en un plazo de 3 meses, deberán elaborar y presentar un anteproyecto o borrador de Nueva Carta Magna al Consejo Constitucional que los ciudadanos elijan el 7 de mayo.
El mismo próximo 6 de marzo deberá conformarse, además, un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 juristas, quienes trabajarán en este proceso como árbitros para el buen cumplimiento de las llamadas 12 bases institucionales, fijadas por el Congreso en su trabajo de enero y febrero y que, de acuerdo a la mirada de expertos, conforma un conjunto de normas que aseguran cierta redacción de una carta ajustada a los principios básicos de una democracia social, paritaria, plural, abierta, de derechos y libertades propia de la tradición occidental.
De esta forma, tras la elección de consejeros constituyentes del próximo 7 de mayo, un mes después, el 7 de junio, comenzará a operar este nuevo órgano electo, el que, en un plazo de cinco meses, es decir, el 7 de noviembre, deberá haber consensuado y aprobado internamente la propuesta de texto de Nueva Constitución que presentará al juicio de la ciudadanía el 17 de diciembre, día para el cual está programado el Plebiscito de Salida, nuevamente con votación obligatoria, y en el que se deberá aprobar o rechazar finalmente su redacción, exactamente 100 días después del cierre del padrón electoral respectivo.
Junto a esta relevante actividad en la que el país busca ponerse de acuerdo en un convenio social, político y económico que rija la estructura del Estado, la separación de sus poderes y oriente su gobernanza por los próximos decenios, la actual administración está promoviendo la materialización de tres grandes reformas económico sociales de enorme complejidad, como son el sistema previsional, de salud y tributario, este último como una derivada de la necesidad de nuevos recursos fiscales para atender los cambios en los dos primeros, hecho que, a su turno, responde a una nueva concepción global del Estado que, de acuerdo a las 12 bases institucionales, se quiere edificar con este proceso, es decir, uno que supere su actual condición de “subsidiariedad negativa” (el Estado se abstiene de intervenir donde los grupos o asociaciones menores se bastan a sí mismas en sus respectivos ámbitos), por otro que asegure los derechos incluidos en la carta de modo compulsivo -es decir exigibles judicialmente al Estado- bajo las reglas de un “Estado social de derechos”; o como se diría desde una perspectiva liberal, de subsidiariedad positiva, es decir, el Estado ejecuta una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad u otra razón
Como puede deducirse, el vínculo entre las reformas que promueve la actual administración con las normas de la nueva carta constitucional a ser redactada, es evidente, aun cuando aquellas se estén negociando bajo normas de la constitución vigente, la que, como se ve, presenta un extenso campo para cambios y ajustes necesarios, aunque, por cierto, seguramente más reducido del que pretendía la anterior propuesta refundacional, rechazada por una enorme mayoría el 4-S, pero que, no obstante, el Gobierno ha insistido en materializar en esos ámbitos con una profundidad e intensidad que no da cuenta de la voluntad ciudadana expresada en los resultados del anterior proceso constitucional.
Se trata de aspectos de la vida social, política, económica y cultural de relevante importancia para la mayoría de los chilenos, pues, eventuales modificaciones voluntaristas o erróneas, aún bajo la tutela de la actual carta, pueden generar distorsiones graves para una mejor gestión previsional o de salud -o fuertes daños patrimoniales al Fisco-, ambas necesidades muy sentidas por las familias chilenas, incorporadas, en su mayoría, a modelos mixtos de gestión que se han ido instalando en el país en un largo proceso de conversaciones democráticas entre los diversos gobiernos y sus respectivas oposiciones. En ellos, tanto el papel del Estado subsidiario, como el de las personas, en su expresión empresarial, tienen espacio de libertades y normativas que buscan equilibrar el interés del ciudadano requirente del servicio, con el interés del emprendedor o empresa que lo ofrece con el propósito de obtener una justa renta para el capital y el consumo postergado.
Si a estas complejidades se le añaden las serias y prolongadas crisis en seguridad ciudadana y crimen organizado que avanza en las principales ciudades del país, así como el fenómeno hasta ahora imparable de la inmigración ilegal que ha obligado al Gobierno a buscar el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores que son propiamente policiales, las perspectivas de una mejor gobernanza penden peligrosamente de ajustes legales que ya suscitan preocupación entre especialistas y la ciudadanía, dados sus eventuales efectos tanto en el profesionalismo de las propias instituciones armadas, como en los entornos de acción en los que la nueva función forzadamente reglada, tenga impacto.
Por lo demás, la crisis de los incendios forestales en la zona sur del país aún no culmina y sus efectos fiscales ya pueden evaluarse en varios cientos de millones de dólares que el país ha perdido y que ya no podrán ser utilizados para financiar derechos sociales que serán incluidos en la nueva carta, ni aquellos que, respondiendo a la constitución vigente, deberían ser solventados, pero que, en diversos ámbitos locales y provinciales, se denuncian hace largos años como insuficientes o inexistentes y que expresan una ausencia de Estado en amplias zonas del país.
Pero aquello parece no importar porque de lo que se trata es cumplir con un programa prometido, que ofrece más derechos -aunque más carga impositiva sobre los ciudadanos-, no obstante que, por décadas haya relevantes necesidades insatisfechas en un Chile olvidado y que se manifiesta con crudeza cada vez que el país se ve enfrentado a grandes desgracias como los incendios de más de 450 mil has. en esta temporada y de las cuales, al menos el 25%, se reconoce como quemas intencionales, pero que, respecto de sus causantes, la administración poco o nada consigue.
A mayor abundamiento, en marzo retornan los estudiantes a sus deberes escolares y universitarios así como al resurgimiento de los temas siempre pendientes en educación -desde la deuda universitaria, hasta la calidad de la infraestructura y profesores- en los que los ya reconocidos grupos de izquierda y antisistémicos volverán a promover sus consignas y reivindicaciones, con marchas y confrontaciones con Carabineros. Como se sabe, a éstas siempre se unen no solo las exigencias de otros grupos de minorías e identitarios que añaden dificultad a la resolución de los conflictos, sino bandas de delincuentes juveniles y anarquistas que aprovechan la oportunidad para destruir y quemar propiedad pública y privada. Luego, sectores de izquierda promueven ante los Tribunales las respectivas demandas contra la represión y violaciones a los derechos humanos que terminan ocupando primeros lugares en la emisión de noticias de TV y se convierten en trending topic en las redes sociales, enervando aún más la situación.
Pero la derrota de las posiciones político constituyente del sector más radical de las actuales coaliciones de Gobierno trajo modificaciones en la correlación de fuerzas al interior de la administración y se anuncia, para los primeros días de marzo, un reajuste del gabinete ministerial que ha acompañado al Presidente en este año de administración. Este proceso previsiblemente tendrá su propio momento de agudización de contradicciones y problemas en sus relaciones que si, como se espera, el costo es pagado básicamente por ministros y subsecretarios del FA-PC, habrá que estar atentos al efecto que esa decisión tendrá para la actividad opositora estudiantil de izquierda en la calle y en otros escenarios, máxime cuando este año se conmemora el cincuentenario del golpe de Estado.
Desde luego, se trata de desafíos que la administración deberá encarar desde la conducción política, pero lo cierto es que “el determinante en última instancia” es y será la economía; y si el Gobierno, las organizaciones intermedias y el empresariado responden con presteza y rapidez a las urgencias que han provocado los incendios negligentes y con dolo en el sur del país, reconstruyendo la mayor parte de lo perdido antes del invierno, como pidiera el propio mandatario; si en paralelo se entrega eficazmente el Bono Marzo a sectores vulnerables de manera que puedan enfrentar el aumento de los gastos familiares que se añade en ese mes, sin agregar presión al IPC; si hay una convergencia en el Congreso para avanzar en aspectos de la reforma previsional que permitan aumentar prontamente las pensiones a jubilados de capas medias que, a su turno, facilite su convivencia con el resto de sus familias; si la administración avala y estimula la gestión de las policías en su dura lucha contra la delincuencia juvenil y el crimen organizado que los utiliza en sus fechorías; y si la presencia de las FF.AA. en el Norte actúa como un desestimulo al arribo de los miles de inmigrantes ilegales, así como al desarme de la acción de grupos terroristas en el Sur mediante el ataque a sus fuentes de financiamiento, es posible que, a pesar de la complejidad que augura el 2023, finalmente no solo se pueda cruzar el pantano de esta verdadera reorganización nacional que vive el país, de manera exitosa, sino, también, merced a una actividad económica juiciosa y bien conducida desde el Estado, apoyando obras públicas y sin ahogar al sector privado con normas y tributos que desestimulen su actuar, la pronosticada caída del producto interno bruto pudiera ser menos profunda que la estimada y el país aterrice en un 2024 con mayores perspectivas y mejor futuro. (NP)
