El panorama para el proyecto minero Dominga vuelve a oscurecerse. La Fiscalía Nacional confirmó la apertura de una investigación penal contra los controladores de Andes Iron —empresa detrás de la iniciativa— para determinar su responsabilidad en delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias.
La causa, que será liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, se originó tras una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes apuntan a pagos irregulares que podrían haber viciado las decisiones judiciales que favorecieron al proyecto.
El foco de la investigación se centra en la relación entre Andes Iron y el estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos formalizados en la denominada «Arista Bielorrusa» del Caso Audio.
Esta ofensiva judicial ocurre en un momento crítico. Tras años de litigios, el fallo de la Corte Suprema parecía haber despejado el camino para que Dominga iniciara su construcción durante el primer semestre de 2026. No obstante, la acreditación de eventuales delitos penales en la obtención de dichas resoluciones podría congelar nuevamente los planes de la compañía en la Región de Coquimbo.
Para los parlamentarios denunciantes, la trama revelaría un intento de «comprar» decisiones favorables mediante redes de influencia, una práctica que el Ministerio Público buscará desentrañar a través de una serie de diligencias ya instruidas a la policía civil. (NP-Gemini-Bio Bio)
