La tramitación de las indicaciones que buscan reformar la ley que permite otorgar pensiones de gracia no ha estado exenta de controversias.
Pese a que ayer se aprobó la idea de legislar en la comisión de Desarrollo Social con el respaldo de la oposición, rápidamente alertaron que la propuesta no permite revocar el beneficio.
La idea de dejar sin efecto algunas pensiones de gracia se intensificó luego de que hubo personas que accedieron al beneficio teniendo antecedentes penales, otros volvieron a delinquir y también porque se entregó a víctimas del 18-O, que a su vez habían sido condenados por saquear.
La propuesta avanzó con ocho votos a favor de la oposición y tres en contra de las diputadas Claudia Mix (Comunes), María Candelaria Acevedo (PC) y Clara Sagardia (IND – CS).
Sin embargo, se le solicitó al Gobierno volver a ingresar la propuesta ya que este no establece la obligación que se revisen los antecedentes antes de otorgar el beneficio y tampoco permite que el Presidente pueda revocar una pensión de gracia.
La presidenta de la comisión, Marlene Pérez (IND-UDI) explicó que el Ejecutivo enviará nuevamente las indicaciones el día jueves para votar el próximo lunes.
«Lamentar que el Gobierno esté evadiendo su responsabilidad. Por quinta vez invitamos al subsecretario del Interior, pero lamentablemente siempre tiene algo más importante que hacer. Enviaron indicaciones sustitutivas y dejaron fuera los proyectos que presentaron tres parlamentarios. Acá no hay ninguna intención de buscar un acuerdo, sino que imponer un reglamento para las pensiones de gracia, no era lo que se esperaba. Le solicitamos al Ejecutivo que revaluara las indicaciones que se comprometieron a presentarlas otra vez el jueves, tenemos que llegar a un acuerdo. La ciudadanía está esperando que haya una regulación y que nunca más un delincuente reciba una pensión de gracia, cundo este beneficio es para las personas que más lo necesitan».
El presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN) también criticó la propuesta del Ejecutivo. «Son tremendamente indignantes y es una provocación directamente. Este Gobierno dijo hace algunas semanas que las indicaciones iban a buscar revocar o dejar sin efecto las pensiones de gracia mal otorgadas a delincuentes que fueron condenados por ser victimarios y no víctimas, que son con recursos públicos de todos los chilenos. Y lo que hicieron las indicaciones fue precisamente lo contrario. Es decir, avalando y protegiendo a las personas a las cuales ellos le entregaron pensiones de gracia y le subieron al doble su valor, algunas incluso llegando a los $600.000, resulta que ahora quieren mantener esas pensiones a estos delincuentes condenados y quieren que todo opere hacia el futuro».
Agregó que «eso es impresentable y les aseguro que aquello no va a ser aprobado, por lo menos no va a contar con el voto de la mayoría de este Congreso, que lo que busca es algo muy simple, que quienes estén condenados bajo ese contexto sobre todas las cosas y que no tienen nada de víctimas, se tenga la posibilidad de revertir las pensiones y que puedan dejar de percibir estos altos montos que le cuestan millones de pesos a todos los chilenos».
No solo de la oposición surgieron los cuestionamientos, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), miembro de la comisión de Seguridad, dijo que «es decepcionante que la indicación del Ejecutivo siga permitiendo que se otorguen pensiones de gracia a condenados por delitos graves, es complejo entender la lógica detrás de seguir permitiendo esta absurda situación, y, por otro lado, tampoco aclara suficientemente que se podrán revocar las ya obtenidas; la redacción plantea una solución a un problema inexistente y evade resolver el tema de fondo, que es simplemente revocar las pensiones entregadas a quienes cometieron delitos graves, e impedir que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a las mismas. La responsabilidad de arreglar este lío continúa en el Parlamento». (Emol)
