Como un “atentado a la vida de un inocente” definió el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, los alcances del proyecto de ley que permite despenalizar la interrupción del embarazo. Otro punto que abordó la iniciativa legislativa del gobierno fue que no será aplicable la objeción de conciencia de clínicas y hospitales. “En nuestra Red UC no se harán abortos”, enfatizó.
¿Qué opina del proyecto del Ejecutivo?
Es una propuesta de aceptar el aborto, es decir, legitimar acciones conducentes a eliminar la vida de un niño en gestación, por decisión materna. Creo que es un atentado a la vida de ese inocente que no tiene voz para opinar. Es un acto discriminatorio que se realiza en una persona que no tiene la posibilidad de defenderse.
¿Es necesaria la iniciativa si ya se practica en el sistema de salud?
Legislar sobre la interrupción del embarazo por riesgo materno no tiene sentido en nuestro país. Las posibilidades de actuar de acuerdo al correcto acto y decisión médica están presentes en Chile. Si existen casos en que esto no se ha realizado, es un error médico que no debe solucionarse con una ley, sino con formación y acto profesional adecuado.
La propuesta del gobierno incluye que una mujer violada pueda abortar, ¿cuál es su postura?
La violación es un acto cruel, repudiable, por lo que la mujer debe recibir un apoyo y compañía para poder recuperarse de este vejamen brutal. Sin embargo, no podemos reparar un acto cruel y violento con otro acto similar: es decir, matar a un inocente. La respuesta de la sociedad debe ser el acompañamiento y apoyo de la mujer violada que está embarazada. El Estado debe implementar medidas de prevención de estas situaciones. El aborto no es una opción que demuestre un compromiso y apoyo por parte de la sociedad.
Usted calificó como “discriminatorio” que en la red pública no se haga un acompañamiento a mujeres con embarazos vulnerables.
Lo reafirmo, se discrimina a las mujeres que no tienen los recursos para optar por programas de acompañamiento en embarazos vulnerables. En los embarazos con malformaciones letales , por ejemplo, el sistema privado tiene programas de apoyo a las familias: les ayudan a soportar y entender mejor el dolor inmenso que se produce en esta situación. Las madres pobres deben tener este mismo acceso. No proveerlo es discriminatorio. La Presidenta ha dicho al firmar el proyecto: ‘No podemos obligar a mujeres que carguen solas con el dolor’, esto es, efectivamente, a lo que apunta este programa: apoyarlas y acompañarlas en el dolor.
Existen médicos en la Red UC Christus que poseen una postura liberal, ¿se les permitirá actuar si lo solicita una paciente?
Los profesionales que trabajan en nuestra universidad adhieren de manera libre e informada a la Declaración de Principios, que explicita de manera clara que el respeto a la vida es un bien mayor y principal en nuestro quehacer médico. Si hay profesionales que están disponibles para realizar abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares en donde esta práctica se realice y acepte. En nuestra red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo.
PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS
El presidente del PS, Osvaldo Andrade afirmó que «esta es una iniciativa que la Presidenta suscribió ayer, va a ir al Parlamento y se transformará en ley esperamos lo antes posible. Siendo ley tendrán que estar obligados a cumplirla todos, incluido el rector Sánchez».
«La ley contiene una reglamentación, un ordenamiento respecto a las objeciones de conciencia, es raro que la objeción de conciencia provenga de una clínica, una estructura. Yo siempre he entendido que las objeciones de conciencia dependen de las personas».
«Pero el rector Sánchez parece que tiene una opinión distinta, sería bueno que algún día la explicara. Estaba pensando pasar ahora por la clínica de la católica a preguntarle al edificio si tiene alguna objeción», añadió el jefe socialista.
En tanto, los diputados y ex dirigentes estudiantiles, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, emplazaron a Sánchez a no pedir fondos públicos «si no está dispuesto a cumplir ley».
En esta línea, Boric indicó a través de su cuenta de Twitter que el rector de la Universidad Católica «tiene todo el derecho a estar contra el aborto. Pero que no pida recursos públicos para la PUC si no está dispuesto a cumplir ley».
En tanto, Jackson aseguró que «la amenaza del rector Sánchez (PUC) hacia sus médicos es violenta e inaceptable para institución q recibe $ públicos».
El senador PS, Fulvio Rossi afirmó que «aquí hay que hacer dos consideraciones: las clínicas como de la católica reciben recursos públicos cuantiosos. Y por otro lado el Estado tiene derecho a exigir que la ley en un Estado de Derecho se cumpla y eso no excluye a las clínicas o a un hospital público».
«Si establecemos una garantía legal a las mujeres no puede haber ningún ciudadano o institución que se niegue», comentó el senador a La Tercera.
Sobre la objeción de conciencia a la que podrán acceder los médicos que no quieran realizar el procedimiento, el senador miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta aseveró que «la objeción de conciencia es de la persona no institucional».
Asimismo, afirmó que si es que una mujer se encuentra en alguno de los tres casos mencionados, «las instituciones tienen que garantizar» la atención.
«Aquí nadie esta por sobre la ley, y él tampoco, y la clínica tampoco», añadió el parlamentario.
Consultado por los dichos de los diputados Gabriel Borci y Giorgio Jackson quienes emplazaron a Sánchez a no pedir fondos públicos «si no está dispuesto a cumplir ley», Rossi dijo que «como agravante a todos esto está el hecho de que la Universidad Católica recibe importantes recursos para financiar la educación como también directamente a través de Fonosa».
«Independientemente que tenga fondos públicos o no tiene que cumplir la ley. Evidentemente el hecho que reciban aportes del Estado respalda ese argumento», enfatizó el senador socialista.
Sobre los casos de violación, el rector Ignacio Sánchez sostuvo que «no podemos reparar un acto cruel y violento con otro acto similar: es decir, matar a un inocente. La respuesta de la sociedad debe ser el acompañamiento y apoyo de la mujer violada que está embarazada. El Estado debe implementar medidas de prevención de estas situaciones».
Al respecto. Fulvio Rossi indicó que «esa visión parternalista es bastante irritante porque aquí el Estado no piensa obligar a nadie a abortar, sino que le dará el derecho a elegir».(La Tercera)
