La Contraloría General de la República dio cuenta de una serie de irregularidades en el arriendo que realizó el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) del Hotel Radisson a mediados de año como una residencia sanitaria, disponiéndose la apertura de un sumario.
De acuerdo a la entidad fiscalizadora se pudo acreditar que la entidad no suscribió un contrato con la empresa Gestora Hotelera SpA. por los servicios prestados entre el 4 y el 30 de junio de 2020, «situación que expuso a la administración a riesgos por eventuales vicios en las contrataciones, al haber aceptado el otorgamiento de prestaciones con anterioridad a dichos trámites, sin haber regulado debida y anticipadamente sus condiciones».
Como también al vincularse comercialmente con una empresa «sin conocer sus antecedentes, experiencia y si se ajustaba a los requisitos para contratar con la Administración».
A ello se suma que el SSMN no respaldó «con documentación íntegra y exacta» el pago por $ 134.784.160 que se hizo a la empresa por el uso de habitaciones, y el cumplimiento de los criterios de ingreso por parte de los pacientes durante junio.
A la Contraloría tampoco le constó que el servicio hubiese analizado y evaluado a partir de criterios técnicos la selección del Hotel Radisson como residencia sanitaria; ni «para la definición de las condiciones pactadas y el resguardo del patrimonio público; y para la determinación de otros aspectos relevantes, tales como la capacidad y ubicación de dicho recinto, en atención a los principios de eficiencia, eficacia y económica».
La fiscalización detectó además que este «no mantuvo garantías que resguardaran el fiel cumplimiento de las condiciones acordadas» con la empresa, «aún cuanto estas son obligatorias», y que la entidad no acreditó la ejecución de las tareas encomendadas al personal médico y no médico contratado durante el mes de junio de 2020.
«En razón de las observaciones señaladas anteriormente, este Organismo de Control incoará un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos expuestos», acotaron.(Emol)
