Pese a que en un comienzo no se contaba con el quórum necesario para que la comisión especial que analiza la acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia Javiera Blanco por la crisis que enfrenta el Servicio Nacional de Menores (Sename) sesionara, finalmente ésta igualmente operó ya que llegaron sus cinco diputados integrantes y escucharon a los tres abogados constitucionalistas invitados. Patricio Zapata (el mismo del consejo de observadores del proceso constituyente) y Miriam Henríquez fueron convocados por la Nueva Mayoría, mientras que Víctor Manuel Avilés fue citado por Chile Vamos.
Según estipula el reglamento, los diputados deben informar al pleno de la sala si el libelo es valido primero en su forma – si se rechaza en este punto, no avanza- y en su fondo para que ellos puedan someterlo a votación, para eso escuchan distintas voces que los aconsejan. Así y según lo evidenciado hoy en la la opinión de los expertos, en el primer punto la acción impulsada por el independiente René Saffirio sería inviable, ya que no sólo estaría mal redactada, dijeron los juristas, sino que también comete imprecisiones jurídicas. El análisis de los tres puntos Saffirio y los diez legisladores que lo apoyaron, basaron la acusación en tres capítulos: en el primero acusa a la secretaria de Estado de comprometer gravemente el honor de la nación, también de faltar de manera fragante a normas de la constitución al falsear información y por último la imputa de no cumplir las leyes al no fiscalizar los procesos. Según explicaron los tres juristas, los argumentos que se exponen en el texto apuntan a una responsabilidad política y eso no es el fin de este tipo de acciones, por lo que las causales han sido mal invocadas. En tanto sólo Avilés sostuvo que cuando la ministra se defienda, podría probarse que ella entregó información falsa a sabiendas, pero a priori no hay una prueba de una actitud imputable.
Asímismo los abogados constitucionalistas coincidieron que la mayoría de las impugnaciones son de responsabilidad estatal o de Gobierno, pero no se le pueden asignar a una sola persona su responsabilidad. De hecho, Patricio Zapata llamó a «terminar con el círculo vicioso» y «vueltas de manos» que se generó con la distitución de los ministros de Educación Yasna Provoste (2009) y Harald Beyer en 2012. «Esto es una bomba atómica, donde una interpretación relajada está provocando que el sistema presidencial esté bajo peligro», dijo el académico y resaltó que la acusación implica orden de arraigo para la ministra en cuestión mientras dure el proceso y de aprobarse se le sanciona con la prohibición de ejercer durante cinco años un cargo público «demostrando que las responsabilidades son personales y se transgreden derechos fundamentales». Sólo quedaría un elemento con fuerza «Según lo que hemos escuchado hoy día, pareciera ser que hay uno solo de los tres argumentos que tiene fuerza, que e sla infracción a las leyes, por eso vamos a esperar con mucha ansia la defensa de la ministra el día lunes (29) porque lo que ella tiene que acreditar es que ese control jerárquico que tiene la ministra, que es justamente actuar con diligencia frente a ordenes de Contraloría u organismos internacionales, ella actúo con la debida diligencia, con celo y motivada o no hizo nada», explicó el parlamentario miembro de la comisión, Gonzalo Fuenzalida (RN).
Asimismo la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola (PC) resaltó que son cuatro los abogados constitucionalistas -los tres de hoy y el doctor Jaime Bassa que expuso el lunes- los que han planteado que la acusación está basa en elementos políticos que pueden ser revisados en una comisión investigadora pero no llevados hasta este punto. «En relación a los elementos jurídicos, son cada vez más los abogados que van descartando el asidero de estos argumentos, solamente uno de ellos hace un planteamiento del incumplimiento de las leyes, como una causal que podría tener cabida en el caso de que la defensa no sea capaz de demostrar de que no hay incumplimiento de la ley en el rol fiscalizador que tiene el parlamento y la obligación que tiene el Ejecutivo de responder con veracidad», indicó.
El lunes 29 se presentará Blanco ante la comisión que se iniciará a las 9:30 horas. Luego de eso, la instancia se declara en trabajo permanente y comienza la elaboración de su informe, en ese período puede solicitar más datos a las partes y oficios a la institución y en un plazo de seis días debe emitir un informe al pleno de la Sala donde a través de un diputado informante recomendarán a sus pares aprobar o rechazar la acusación según las exposiciones y los antecedentes recopilados.
Emol/Agencias
