La movilización —de alguna manera— ya cambió a Chile. Desde dejar en claro que no existe el tal “milagro chileno” hasta las vecinas que se conocieron tocando las cacerolas, está naciendo un nuevo país donde hay menos espacio para los eufemismos, los abusos y la desigualdad. Así —de manera dura—, vamos aprendiendo también que hay otro camino, que, si nos unimos, somos mucho más fuertes que cuando se impone la resignación de “rascarse con las propias uñas”, como se nos enseñó en tantas décadas de dogmatismo neoliberal, de este modelo que se nos impuso hace 40 años.
Mientras Chile sigue en la calle, la estrategia del Gobierno ha sido irresponsable por partida triple. Empezó ninguneando a los estudiantes que se rebelaron frente al alza del transporte, luego sigue dejando pasar los días sin hacer propuestas de fondo, mientras inventó una guerra cuya represión selectiva ha violado sistemáticamente los derechos humanos de quienes se manifiestan en paz, mientras mira pasivamente la violencia injustificable de incendios y saqueos.
Más allá de ciertas teorías conspirativas, las personas saben que no es el Frente Amplio el que ha convocado estas movilizaciones. Pero, a diferencia de esa élite que llena los poderes del Estado, los directorios empresariales y los micrófonos, la desigualdad no nos sorprende. Es más, en enero de 2016 publiqué una columna en el diario Publimetro que se llamó “La Rabia” y donde me preguntaba: ¿Qué pasa cuando esa rabia se acumula por días, por meses, por años?
Al contrario, venimos luchando hace años por muchas de las propuestas que levanta la gente, y por eso estamos en la calle. Por lo mismo, debo reconocer que no hemos logrado tener la claridad y agilidad para impulsar con más fuerza las soluciones que la mayoría reclama, pero no ve avanzar.
¿Cuántos días más podemos seguir igual? Tendremos que inventar nuevas formas de movilización, porque otro mes así es demasiado duro para muchísimas familias. No podemos volver a la normalidad previa, al “oasis” que era Chile en palabras del Presidente Piñera, quizás el símbolo más evidente de la concentración del poder político, económico y mediático en toda nuestra historia. Pero necesitamos crear una nueva normalidad, una que permita seguir mostrando la fuerza pacífica de esta mayoría que dijo basta, mientras avanzamos en transformaciones reales y retomamos trabajos, estudios y servicios.
Los caminos de salida no son simples ni evidentes, más cuando la movilización es menos orgánica que los estallidos de 2006 y 2011, teniendo su mayor expresión de liderazgo en un sinfín de organizaciones sociales de distinto tamaño, articuladas en torno a una amplia variedad de demandas. Quizás por esa misma horizontalidad y diversidad, el llamado de estas organizaciones sociales al Gobierno ha sido reconocer la soberanía de la gente, comprendiendo que el poder para resolver la crisis está en cada chilena y chileno. Esto tiene una forma muy clara e institucional, y pasa porque el Presidente convoque a un plebiscito para que la gente decida. Un plebiscito que permita definir democráticamente la magnitud y los mecanismos para cambiar las reglas que hicieron posible tantos abusos.
Este reconocimiento a la soberanía popular es indispensable en un contexto de crisis de legitimidad de las instituciones que, en tiempos normales, debieron procesar y resolver este descontento. Pero los reiterados casos de cohecho, corrupción y privilegios que han marcado a la élite política tienen al Poder Ejecutivo, al Legislativo, a los partidos políticos y a los medios de comunicación en sus valores mínimos históricos de confianza ciudadana.
Por eso es tan compartida la idea de un plebiscito, donde una de las alternativas debe ser la elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, a la vez que podemos resolver cuestiones sustantivas que son urgentes, como fijar bandas de precio a los medicamentos, impuestos dirigidos a los súper ricos o definir un piso mínimo para las pensiones, que impida que las AFP sigan condenando a la pobreza a quienes ya cumplieron toda una vida de trabajo.
Todavía era menor de edad cuando, en 1988, Chile decidió votando en un plebiscito el fin de la dictadura. Hoy, 31 años después, queremos volver a votar para cambiar las reglas que esa dictadura nos legó. Vamos que se puede. (El Mercurio)
Beatriz Sánchez
