Parte del prefacio que la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, escribió para el documento que contiene el Pacto de Escazú dice lo siguiente: “Este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos”.
Su objetivo, agrega, es garantizar a las personas el derecho a tener acceso a información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.
Desde que fue redactado 17 países han suscrito el acuerdo que es considerado un hito para el mundo: es una muestra tangible del compromiso de América Latina y el Caribe con la integración regional y con un desarrollo más igualitario, justo y sostenible, dice la representante del organismo.
La sorpresa fue, sin embargo, que a pesar de haber liderado las negociaciones Chile se negó a firmar el acuerdo en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado. Lo que argumentó Cancillería posteriormente, es que otorgar jurisdicción a tribunales internacionales debe ser estudiado con responsabilidad, porque significa una cesión de la soberanía nacional.
A poco de que se cumpla un año de ese hecho, Alicia Bárcena accedió a responder un cuestionario por escrito de La Tercera en el que asegura que el acuerdo plasma las prioridades de la región y que se trata de algo “fundamental” para abordar los desafíos apremiantes de los países latinoamericanos ante el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Además, dice, el pacto contribuye a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de tratados multilaterales como el Acuerdo de París.
– Chile lideró las negociaciones junto a Costa Rica, pero finalmente no firmó. ¿Qué le parece esa decisión?
La Cepal está muy satisfecha con que ya 17 países de la región hayan firmado y un buen grupo haya anunciado su firma durante la próxima Asamblea General el próximo septiembre en una ceremonia al efecto. Esperamos contar con Chile entre el grupo de países que están mostrando su compromiso con el desarrollo sostenible, la democracia ambiental y los derechos humanos y nos acompañe en esta oportunidad.
– ¿Debería el gobierno de Chile reconsiderar su decisión y firmar el tratado?
Desde Cepal esperamos que los 33 países de la región se adhieran al Acuerdo de Escazú y estamos trabajando junto con los países que ya lo han firmado y ratificado para ello. La invitación es a todos los países de América Latina y el Caribe a sumarse a este esfuerzo regional, colectivo y a observar las disposiciones establecidas por el Acuerdo de Escazú en sus ámbitos nacionales.
¿Por qué firmar Escazú?
Para Alicia Bárcena, uno de los elementos más evidentes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -un plan de acción que en 2015 adoptaron los Estados miembros de la ONU en favor de las personas, el planeta y la prosperidad- tiene que ver con el enorme desafío ambiental que enfrenta el mundo por el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. En ese sentido, precisa, se requieren profundas transformaciones para avanzar hacia un desarrollo sostenible. “Hoy es más claro que nunca que estos desafíos no pueden ser abordados por un actor por sí solo”, dice.
De este modo, agrega la máxima representante de la Cepal, la promoción de la democracia ambiental refuerza la habilidad de los gobiernos para abordar la emergencia.
“Esto ya lo advirtieron los países en la COP 20 en la que se aprobó la Declaración de Lima que plantea que la participación de la sociedad en su conjunto y su acceso a la información y conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas efectivas contra el cambio climático, así como para asegurar la colaboración activa de todas las personas en la puesta en práctica de estas políticas”, comenta Bárcena.
Lo que hace el Acuerdo de Escazú es garantizar un entorno seguro para quienes defienden el medio ambiente: “se hace cargo de una dramática situación que afecta a quienes están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Recordemos las intimidaciones que ha recibido la joven Greta Thunberg”.
– ¿Cuál es la importancia de suscribir el Acuerdo de Escazú?
La adopción del Acuerdo de Escazú marca un hito sin precedentes para el multilateralismo regional con miras al desarrollo sostenible. Este es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, el único derivado de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo en proteger de manera específica a las defensoras y defensores ambientales. Ello es particularmente relevante en nuestra región donde los que alzan su voz por el ambiente sufren con demasiada frecuencia intolerables intimidaciones, amenazas y hasta ataques contra su vida o integridad.
– ¿Qué ganan los países con la firma?
Hay que recordar que este proceso se inicia en Río+20 con una declaración impulsada por Chile en la que se manifestaba que los países de América Latina y el Caribe habían avanzado considerablemente en el reconocimiento legal de los derechos al acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, pero no obstante, esos esfuerzos y progresos reconocían que debían alcanzar compromisos para su implementación cabal. Y eso es lo que viene a reforzar el Acuerdo de Escazú. Los países que acuerdan obligarse en virtud de este Acuerdo adquieren un piso común, gatillando en algunos casos un mayor desarrollo de derechos ciudadanos y en otros la implementación efectiva de los derechos garantizados en sus marcos nacionales. Al mismo tiempo, el tratado permitirá a los Estados Parte apalancar recursos para cumplir con los objetivos y compromisos asumidos e intercambiar experiencias, favoreciendo la replicabilidad de buenas prácticas.
Quintero y Puchuncaví
Para la Cepal -cuya oficina central se encuentra en Chile- ser parte de este tratado es fundamental para fomentar un crecimiento económico compatible con la inclusión social. Además, envía una positiva señal a inversionistas y socios comerciales de los Estados sobre el compromiso con la “buena gobernanza, transparencia y buenas prácticas”.
Con todo, el acuerdo contribuye a “nivelar la cancha” y avanzar en materia de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, dice Bárcena que agrega que ningún país está exento de oportunidades de mejora.
El organismo leyó con atención el informe de la Defensoría de la Niñez donde se advierte que 17 derechos del niño están siendo vulnerados por la contaminación en Quintero y Puchuncaví: “es una dramática situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes en donde la población aún no tiene acceso a la información respecto de los agentes contaminantes a los que están expuestos y carece de espacios de participación efectivos para el control ciudadano”.
“En ese contexto, la Defensora de la Niñez hace un llamado a los órganos de la administración del Estado a observar las mejores prácticas posibles sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, conforme los tratados internacionales y en línea con lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Avanzar en las recomendaciones a Chile de la OCDE sobre democracia ambiental son otro ejemplo en que el Acuerdo resulta de utilidad”, dice Bárcena.
Agencias
