Amplio rechazo a admisibilidad de proyecto para anular Ley de Pesca

Amplio rechazo a admisibilidad de proyecto para anular Ley de Pesca

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La mesa de la Cámara de Diputados declaró esta tarde admisible el proyecto de ley que busca anular la actual Ley de Pesca, acusando vicios de constitucionalidad en su tramitación legislativa.

De esta forma, la moción presentada por la bancada del PC-IC será ahora revisada en su contenido de fondo por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la corporación, siendo éste es el primer paso para eventualmente derogar la ley aprobada en 2012.

La resolución de la mesa estaba inicialmente fijada para este miércoles 20 de enero, luego de ser postergada durante la semana pasada. Al respecto, el jefe de la bancada, Daniel Núñez, afirmó a Emol que se trata de «un acto de soberanía de la Cámara de Diputados frente al poder de grupos económicos como Corpesca, que recurrieron a actos ilícitos para apropiarse de recursos que son de todos los chilenos».

A su juicio, «este acto de admisibilidad reivindica al mundo político, frente al acto doloso de un (ex) senador de la UDI (Jaime Orpis) y de una ex diputada».

El titular de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD), argumentó que el proyecto «no invade materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República», siendo además una «iniciativa debidamente fundamentada».

DEBATE EN SALA

La resolución de la Sala generó polémica entre los diputados, debiendo iniciarse un improvisado debate entre quienes están a favor y en contra del proyecto.

El primero en pedir la palabra fue el diputado René Saffirio (DC), quien afirmó que lo hecho por la mesa «es separar los aspectos de forma con el fondo de la cuestión planteada en el proyecto que se debate, lo que es manifiestamente fuera de las facultades de la mesa».

Por su parte, el diputado Gabriel Boric (independiente) pidió que se vote la admisibilidad del proyecto y que pase a la comisión de Pesca de la Cámara, ya que cree que en la comisión de Constitución pasará al «olvido».

En tanto, el diputado RN Nicolás Monckeberg advirtió que con esto «está habilitando a que cualquier parlamentario, en cualquier momento de la legislación vigente pueda (a cualquier proyecto) por una mayoría circunstancial declararlo nulo de derecho público».

Finalmente, el diputado Ernesto Silva (UDI), acusó que anular una ley de este tipo «deja sin marco regulatorio una actividad, hay una diferencia del cielo a la tierra».

RENOVACIÓN NACIONAL

Tras la decisión de la Cámara de Diputados de declarar admisible el proyecto que busca anular la Ley de Pesca, los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida y Nicolás Monckeberg, acusaron al presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, como el principal responsable de lo que califican como un «absurdo».

«El responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma», dijo a Emol el diputado Fuenzalida, quien es miembro de la comisión de Pesca de la Cámara.

El diputado cree que Núñez tomó esa decisión «para evitar un problema y quedar bien con sus pares» de la Nueva Mayoría, traspasándole la responsabilidad a la Comisión de Constitución.

«Pero cometió una aberración institucional y jurídica que no tiene registro en la historia del Parlamento en Chile», puntualizó el diputado.

Según Fuenzalida, «con esta decisión nos transformamos en un parlamento bananero», ya que deja «la puerta abierta» para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. «Es una falta de seriedad absoluta del Parlamento», comenta.

En tanto en el Congreso, el diputado Nicolás Monckeberg señaló que si bien todos los parlamentarios tienen derecho a pedir que se modifique o derogue una ley, «a lo que no tenemos derecho los parlamentarios ni el presidente de la Cámara es a inventar recursos para anular leyes vigentes».

En este sentido, al igual que Fuenzalida, responsabilizó al presidente de la Cámara y aseguró que la decisión «puede tener un pésimo efecto a cualquier ley que en el futuro se quiera anular y dejar a los chilenos mirando cómo se pierden beneficios mientras las leyes estaban plenamente vigentes», comentó.

«Creo que hay que ser responsables, y el populismo, por muy cerca que esté el parlamentario de tomar vacaciones en febrero, debe ser eliminado de estas discusiones», dijo Monckeberg. «Me parece absurdo la decisión que ha tomado (Núñez) y espero que recapacite por el bien del país», puntualizó el diputado.

SONAPESCA

Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) apuntó directamente a los autores de la moción, los parlamentarios de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana.

«Esta iniciativa del Partido Comunista no sólo afecta al sector pesquero chileno en su conjunto, si no que también al país completo. Abre una alerta a otras señales económicas y productivas, que producto de iniciativas demagógicas y populistas sufran embates regulatorios como los que está detrás de esta moción. Lamentablemente, esta moción viene a afectar el clima de inversión y de certeza jurídica que al país tanto le ha costado construir», afirmó a La Tercera.

Orrego acusó al grupo de intentar  replicar en Chile el modelo legislativo venezolano. «El Partido Comunista ha preferido elegir el camino corto del chavismo venezolano en vez de seguir el camino correcto del Estado de Derecho y las reglas democráticas», enfatizó.

El dirigente gremial dijo  que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la posibilidad de que el Congreso anule una legislación. «Desde el momento que el Congreso se atribuye facultades que son propias de otros poderes del Estado, hace que ese acto sea insanablemente nulo, y por ende, contrario a la Constitución», precisó.

El presidente de la sociedad que agrupa a la industria pesquera, principal afectada por una eventual nulidad, recordó que la ley fue aprobada de forma contundente por el Congreso. «Durante la tramitación de esta ley en el 2012, la actual Ley de Pesca fue respaldada por 100 parlamentarios, diputados y senadores y sólo 30 votaron en contra. Aún aislando ese voto, no creo razonable que la aprobación tan contundente y mayoritaria por parte del Congreso hubiese sido distinta. Los alcances que puede tener una medida como esta, desproporcionada e imprudente, son incalculables».

Por último Orrego hizo un llamado a «los parlamentarios que aún creen en el Estado de Derecho, que aún confían en las instituciones de este país, para que terminen rechazando esta moción. Además hago un llamado a la tranquilidad de los miles de trabajadores, y todos los empresarios que están relacionados con la pesca industrial, que nosotros vamos a recurrir a todas las instancias, y vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias para defender sus puestos de trabajo.

CPC

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) manifestó hoy su preocupación y rechazo a la decisión de la Cámara de Diputados de declarar admisible el proyecto que busca anular la Ley de Pesca.

En una declaración pública, el gremio dirigido por Alberto Salas dijo que sería una «absoluta irresponsabilidad» avanzar en cualquier iniciativa que vaya en contra de la certeza jurídica y el Estado de derecho.

«Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas», dijo la CPC.

Para el gremio, la decisión de la mesa de la Cámara encabezada por Marco Antonio Núñez (PPD) constituye «un peligroso intento» por debilitar el ordenamiento jurídico de Chile, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional.

«Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes», afirmó CPC.

Debido a esto, el gremio empresarial llamó a quienes la Constitución les concede la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional, a hacerlo sin dilaciones, a fin que este órgano ponga término a esta iniciativa inconstitucional e ilegal.

En este punto, la CPC manifestó su confianza en que el gobierno tomará «también las acciones necesarias».

AVANZA CHILE

“Hay casos en que se puede discutir un punto de vista jurídico pero pocas veces surge un caso tan obviamente inconstitucional”, fueron las duras palabras del ex ministro del Interior de la era Piñera, Andrés Chadwick, en contra de la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD) de haber declarado admisible el proyecto que busca anular la Ley de Pesca.

“Me parece un error muy profundo el que ha cometido el presidente de la Cámara de Diputados”, continuó el ex parlamentario en conversación con Emol. Aseguró que “cada vez que un parlamentario jura, lo hace para respetar la Constitución y la ley. Se puede discutir un punto de vista jurídico, modificar o derogar una ley, pero anularla no existe y por lo tanto, debió haber sido declarado inadmisible. Faltó al juramento”.

Respecto al fondo del proyecto -que argumentan los diputados del PC Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez- de que habría habido presión indebida por parte de las empresas pesqueras durante la tramitación de la ley en 2012, el presidente de Avanza Chile fue enfático en aclarar que “esta ley fue largamente tramitada y se llegó a un acuerdo entre trabajadores artesanales, la industria y parlamentarios de todos los sectores y fue ampliamente aceptada por todos”.

ALEJAMIENTO DE FONTAINE

Por otra parte, el ex jefe de Gabinete de Sebastián Piñera fue tajante en rechazar las versiones que hablan de que la ley que propiciaba Juan Andrés Fontaine, el antecesor a Pablo Longueira en el ministerio de Economía y que fomentaba una inclusión mayor de nuevos actores en el mercado de la pesca, fuera la razón de su alejamiento de esa administración.

“El Presidente Piñera siempre impulsó, desde que estaba en el Congreso, otro tipo de proyecto con mayor competencia, pero no teníamos los votos para aprobarlo. Y con eso se encontró Pablo Longueira. De modo que esta ley no fue la razón del alejamiento de Juan Andrés Fontaine”, aclaró.

Con todo, el también ex parlamentario, se sumó a las palabras del vocero de Chile Vamos, que acusó a la administración actual de un “desgobierno”. “Así es, hay un desgobierno. Y se ve en muchos temas. Por ejemplo, aún hay cinco subsecretarías vacantes, entre ellas, la de redes asistenciales, la principal del ministerio de Salud. Durante el incendio en el relleno sanitario, esta subsecretaría debería haber jugado un rol clave, sin embargo está acéfala”.

CAMILO ESCALONA

El ex senador y actual vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, sostuvo que: “Lo que ha ocurrido ahora con la Ley de Pesca, que un grupo de parlamentarios ha presentado un proyecto de nulidad, es la consecuencia práctica de que la autoridad económica no hizo su tarea”.

El 21 de mayo la Presidenta de la República señaló que era indispensable revisar la Ley de Pesca, ya pasaron ocho meses, diez meses, ni siquiera se abrieron las consultas (…). El ministro de Economía ya tendría que haber abierto el diálogo en relación con este tema. Haber convocado a os diferentes actores”, explicó el dirigente PS, al programa ‘Cadena Nacional’, de Vía X. Además insistió en que “no resiste la Ley de Pesca así como está, porque tiene vicios de legitimidad”.

Para Escalona el problema que produjo la iniciativa que busca anular la ley se hubiera evitado si “el ministro de Economía hubiese hecho lo que la Presidenta anunció: abrir el diálogo para revisar la Ley de Pesca, porque una ley se corrige con otra ley (…). En este problema tiene una fuerte responsabilidad el ministro sectorial que no cumplió con la realidad que se desprendía del mensaje del 21 de mayo”.

La Presidenta, en su discurso, informó al país que se iba a revisar la Ley de Pesca y asumió un compromiso político. Con todos las imperfecciones que hubo, incluso el apresuramiento del que se acusa en Educación, ¿la autoridad esperó después recibir instrucciones? No. La Presidenta asumió un compromiso y la autoridad sectorial no lo siguió”, explicó el vicepresidente del PS, añadiendo que en el Gobierno “se generan dificultades políticas por graves carencias en la gestión”.

Cabe recordar que tras la polémica aceptación a trámite de la iniciativa propuesta por la bancada PC-IC, el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes, de cuya repartición depende la regulación de la industria pesquera, admitió que está en contra de la moción declarada admisible ayer para anular la denominada «Ley Longueira».

PC E IC

Los diputados y diputadas de la bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana, emplazaron a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y a los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente a reconocer todos los vicios de legitimidad que tiene la denominada “Ley Longueira”, a propósito de los cuestionamientos públicos que han realizado los defensores de los intereses del gran empresariado pesquero, en desmedro del proyecto que busca anular la viciada ley 20.657.

«Sería extremadamente grave que no solo sea un Senador el que actuó como empleado de Corpesca, sino que todo un partido político defendiendo los intereses de un grupo económico», agregando que «no puede haber certeza jurídica para quien obtiene dolosamente un beneficio económico a costa del patrimonio de todos los chilenos».

Los parlamentarios comunistas y de la Izquierda Ciudadana expusieron que la moción busca defender la democracia y el Estado de Derecho, reparando el grave daño hecho a la institucionalidad a través del cohecho, la facilitación de boletas ideológicamente falsas, el lavado de activos y el fraude al Fisco, delitos por los que justamente fue desaforado el senador Jaime Orpis (UDI), uno de los defensores de la “Ley Longueira”.

Según los parlamentarios PC-IC, estos hechos dan fundamento jurídico para la declaración de nulidad de la Ley de Pesca, en tanto constituye una grave violación al principio constitucional de los actos del Estado.

En ese sentido, la bancada PC-IC saludó como un avance decisión adoptada por la Mesa de la Cámara de Diputados al confirmar la admisibilidad del proyecto legislativo. Por otro lado, los parlamentarios recordaron como precedente que en el Senado se tramita actualmente una moción parlamentaria de nulidad a la Ley de Amnistía, a la que el Ejecutivo le ha otorgado urgencia en varias oportunidades.

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