La moción en segundo trámite legislativo, después de ser respaldada por el Senado, fue aprobada por nueve votos a favor, de los RN Diego Schalper, José Miguel Castro y Andrés Longton; además de Cristián Araya (republicano) y Raúl Leiva (PS); Henry Leal y Jorge Alessandri (ambos de la UDI), Gloria Naveillán y Andrés Jouannet.
La iniciativa prosperó pese a los votos en contra de representantes de la bancada del Frente Amplio Maite Orsini y Mercedes Bulnes, quien asistió en reemplazo de Lorena Fríes; además de Alejandra Placencia, del Partido Comunista, y Jaime Araya (Ind.-PPD). Todos ellos sumaron los cuatro rechazos, lo que llamó la atención en parte del oficialismo, porque la iniciativa fue priorizada por el Gobierno, al incorporarla en la agenda de seguridad acordada con el Congreso para dotarla de un fast track legislativo.
El proyecto no ha sido expedito en su discusión principalmente por sus ejes, los que no son compartidos por todos los legisladores. Lo relacionado con la flagrancia permanente, la legítima defensa privilegiada –que sectores han señalado que podría convertirse en una eventual autotutela- y el castigo con presidio de las tomas, son aspectos resistidos por parlamentarios de Gobierno, mientras que la oposición se ha mostrado a favor.
Las opiniones controvertidas se reflejaron al momento de poner en votación en general el proyecto. ‘Es una oportunidad única que tenemos de poder encauzar lo que ha pasado desde 2019, la Región de Antofagasta ya no da más de campamentos, mucho se podría arreglar con este proyecto’, comento el diputado Castro, de RN.
Quien también lo respaldó, Henry Leal, argumentó que ‘por las cientos y miles de familias que en La Araucanía tienen sus predios ocupados por años sin que puedan hacer uso de ellos, por esas personas que represento, y son de mi distrito, voto a favor de esta moción en general’.
Desde el Socialismo Democrático, el diputado Leiva respaldó la iniciativa, fundamentando que esta debe ser para todo el país y no solo para lo que se podría considerar la macro zona sur; junto con expresar aprensiones en aspectos específicos del articulado del texto, el parlamentario dijo estar ‘de acuerdo con que se tiene que sancionar con pena corporal el delito de usurpación, pero en caso alguno es procedente la legítima defensa privilegiada ni tampoco hacer aplicable a este delito el artículo 130 del Código Penal’.
FA-PC: ‘CRIMINALIZA LA POBREZA’
Entre los rechazos, la diputada Orsini (RD) expuso que ‘no es lo mismo una ocupación abusiva de un terreno que una ocupación por necesidad. No podemos aprobar un proyecto de ley que criminaliza la pobreza, no podemos legislar para desalojar tomas, campamentos donde la realidad es compleja y la pobreza y la precariedad existen. La legítima defensa privilegiada podría generar situaciones de más violencia y podrían poner en peligro a la ciudadanía’.
A su turno la diputada Placencia (PC) afirmó que ‘este proyecto de ley no resuelve lo que pretende regular. Esta comisión, y lamentablemente no es una novedad, ha pecado de no abordar estos temas de forma integral. Criminalizar la pobreza como ya se ha dicho acá me parece que no es una buena medida y es uno de los impactos más importantes que tiene este proyecto. Fomentar la autotutela me parece que no es el camino correcto. La legítima manifestación pacífica también corre riesgo’.
Las argumentaciones de las diputadas oficialistas fueron rebatidas por la oposición, con la que Schalper dijo ‘tener una diferencia con cierta izquierda radical’. Lo mismo retrucó Jouannet, sobre el proyecto que ahora será tramitado en particular en la comisión de Seguridad.(El Mercurio)
