Para entender lo complejo que resulta mirar los eventos pasados a la luz de los criterios de hoy basta con contrarrestar la relevancia que busca dar el gobierno del Presidente Boric a los 50 años del golpe militar de 1973 con la poca disposición que tiene el oficialismo de recordar la respuesta de varios de los partidos actuales de gobierno ante el arresto por cargos de crímenes de lesa humanidad del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998.
Mientras el golpe militar fue uno de los momentos más trágicos en la historia de la república, los esfuerzos que llevó a cabo el gobierno concertacionista de Eduardo Frei para evitar que Pinochet fuera juzgado en España -con cancilleres socialistas liderando las tratativas para lograr el retorno de Pinochet al país- nos recuerda que la historia de la reconstrucción democrática de Chile es un proceso cargado de claroscuros y contradicciones que invitan a bajarse de los pedestales de superioridad moral cuando buscamos atribuir responsabilidades a los actores políticos de hoy por los hechos y omisiones de los actores políticos de antaño.
Las causas del quiebre de la democracia de 1973 siguen dividiendo profundamente a la ciudadanía en Chile. Desde aquellos que prefieren centrarse en la crisis social y política por la que atravesaba el país hasta los que optan por centrarse en las violaciones y los derechos humanos cometidos por la dictadura, las distintas lecturas y énfasis sobre lo que pasó en Chile -en sus causas y consecuencias- evidencia que el país todavía no es capaz de construir un relato unitario sobre las causas del quiebre de la democracia el 11 de septiembre.
Afortunadamente, ha habido muchos más avances en la construcción de un acuerdo más amplio respecto a la defensa de los derechos humanos en la actualidad y a la condena de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Es cierto que sobreviven defensores de la dictadura militar y otros que relativizan las violaciones a los derechos humanos cometidas actualmente por gobiernos autoritarios en otras partes del mundo. Pero nadie públicamente defiende -o se atreve a hacerlo- las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.
Las discrepancias sobre las causas que llevaron al quiebre de la democracia en Chile inevitablemente conllevan lecturas distintas sobre las razones que llevaron, 15 años después, al inicio de la transición a la democracia, con el plebiscito de 1988. Precisamente porque esa transición se dio en el contexto institucional establecido en la Constitución de 1980 -promulgada en dictadura- y porque el general Pinochet se mantuvo en la comandancia en jefe del Ejército de Chile hasta marzo de 1998 -y luego pasó a ocupar un escaño vitalicio en el Senado de la República- la naturaleza de la transición supuso suspender por varios años la evaluación sobre el legado de la dictadura.
Después de todo, Patricio Aylwin, y su coalición centroizquierdista, la Concertación, asumió el poder fuertemente limitado por los enclaves autoritarios de la institucionalidad política heredada de la dictadura. Cuando Aylwin dejó el poder en 1994, Pinochet mantuvo su cargo. Para resumir una larga y compleja historia, la democracia chilena creció y floreció bajo la sombra del legado autoritario que seguía especialmente presente en Chile, y que se manifestaba en la persona de Pinochet y en el poder que tenían los enclaves autoritarios.
El arresto de Pinochet en Londres en octubre de 1998 puso a prueba el delicado balance entre la naciente democracia y el legado autoritario. La decisión del gobierno de Frei de sumarse a los esfuerzos por evitar que Pinochet fuera extraditado a España para ser juzgado, los intentos por generar las condiciones para que Pinochet fuera juzgado en Chile -cuestión que siempre pareció altamente improbable- y el esfuerzo que fue finalmente exitoso por lograr que Pinochet fuera liberado por razones humanitarias dejó en claro que la transición chilena fue pactada -como brillantemente demostró el politólogo recientemente fallecido Oscar Godoy en una artículo publicado en la Revista de Estudios Públicos.
La justificada condena tajante al golpe militar de 1973 que hoy impulsa el gobierno del Presidente Boric contrasta con el pragmático esfuerzo del gobierno de Frei -y sus ministros del propio Partido Socialista- para evitar que Pinochet fuera juzgado en Europa por los crímenes de la dictadura. Por eso, resulta curioso que el saludable -aunque doloroso- debate sobre las causas del quiebre de la democracia y el legado de la dictadura en el Chile de hoy no incorpore con más fuerza el particular momento del arresto de Pinochet en Londres en octubre de 1998.
Ya que el gobierno de Boric correctamente quiere sacar a la pizarra a la derecha política chilena que apoyó el golpe (y también a buena parte del PDC que le dio su apoyo implícito) y que fue parte de la dictadura militar, parece razonable también que se expanda el debate sobre las razones que tuvieron el PS, el PPD y el PR -partidos que hoy forman parte del gobierno- para activamente dedicarse a evitar que Pinochet fuera juzgado en Europa por los crímenes cometidos por la dictadura.
Después de todo, si vamos a apuntar con el dedo a los que defendieron y apoyaron el golpe militar, también corresponde ampliar la condena moral a los que, 25 años, ayudaron a evitar que Pinochet enfrentara a la justicia en Europa. (El Líbero)
Patricio Navia
