Durante esta jornada de jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe respecto a las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social y la polémica que ha existido.
Entre otros, el documento evidencia que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos.
“O bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, agrega el informe de la CGR.
En cuanto al INDH, “se constató que 10 de los casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante”.
“Lo que da cuenta, además, de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”.
Además, según indicó el ente contralor, se verificó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
“En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales”, detalla el informe.
Entre ellos “se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
Sumado a lo anterior, se comprobó que el documento “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022”, que contiene la categorización de las lesiones que pueden haber sufrido los postulantes (…) no se encontraba aprobado formalmente”.
Además, la Contraloría concluye que no se da cuenta “de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición”. (Bio Bio)
INFORME DE CONTRALORÍA SOBRE PENSIONES DE GRACIA
TOHÁ: BORIC YA REVOCÓ BENEFICIO A PORNOGRAFO
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República respecto al proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social, en donde cuyo documento concluye que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.
“La verdad es que las personas con condena son más de 58, el número es más alto. Las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuestos el año 2021 y que se implementó el año 2022. Y en base a un oficio que dictó el entonces subsecretario Galli, que detallaba el procedimiento para el otorgamiento de las pensiones de gracia y dentro de los requisitos a contemplar, no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales”, comenzó diciendo la titular del Interior.
“Respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera. De hecho, la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior y dentro de las pensiones que llevó el expresidente Piñera, también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos muy graves. Entonces, por eso tenemos que cambiar ese proceso hacia el futuro”, complementó.
En ese sentido, la ministra aseguró que “el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos en tanto la ley de presupuestos como el oficio que se dictó, que dictó el ex subsecretario Galli”.
Asimismo, Tohá sostuvo que “en el intertanto se van a revisar las pensiones para empezar las del estallido, pero después vamos a ver también las otras y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave y hay antecedentes penales de cuidado que ameritan esta revisión”.
En esa línea reveló que “el Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones. La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido (…) y de hecho firmada”, que el caso de “la persona con antecedentes de pornografía infantil, inmediatamente se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente, digamos, y grave, como es la pérdida del globo ocular”.
“De hecho, la mayoría de los casos que se han conocido con antecedentes penales graves no corresponden a personas que tienen los daños más severos. Por ejemplo, la pérdida del globo ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daño”, agregó. (La Tercera)
INDH: NO SE ENCARGÓ MEDIR MAGNITUD DE LESIONES
Una declaración pública emanó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre el informe que Contraloría remitió a la Cámara de Diputados y Diputadas dando cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia.
En el escrito, la entidad indica que «de los 19 casos en que la Contraloría formuló comentarios por los antecedentes médicos de los pensionados de gracia, el INDH remitió antecedentes que subsanaron nueve de ellos».
«En cuanto a los 10 casos restantes en que la Contraloría mantuvo sus observaciones originales, el pasado 5 de enero el INDH le envió nuevos antecedentes, además de solicitarle la reconsideración para así dejar sin efecto la iniciación de un proceso disciplinario, planteado por el ente contralor».
Asimismo, señalaron que «los antecedentes entregados por el INDH dan cuenta de la acreditación de la condición de víctima hecha por el Instituto, de acuerdo a los criterios establecidos para dicho procedimiento (ser víctima de violaciones de derechos humanos; hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019; que existiera relación con la crisis social; y plausibilidad o razonabilidad de la ocurrencia de menoscabo laboral)».
En esa línea, informaron que «el INDH además remitió a la Contraloría antecedentes referentes a diagnósticos de centros de salud y en dos casos Protocolo de Estambul realizados por el Servicio Médico Legal (instrumento de la ONU que permite acreditar casos de tortura), entre otros«.
«Cabe destacar que las leyes de Presupuesto de 2021 y 2022 encomendaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos que acreditara la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos a las personas que sufrieron lesiones en el contexto de la crisis de octubre de 2019. Al mismo tiempo, no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas«, agregaron.
Por lo demás, apuntaron que «el otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran».
«Todas las pensiones otorgadas por decisión del Ministerio del Interior lo fueron en virtud de la glosa de personas de afectación en el marco de las manifestaciones. No lo fueron conforme a las glosas que mencionan al INDH. La evaluación o acreditación de lesiones y el menoscabo laboral que puedan ocasionar están fuera de las facultades que la Ley N°20.405 otorga al INDH y eso son tareas completamente ajenas a su misión y competencias», sostuvieron.
El comunicado cierra indicando que «el informe de la Comisión Investigadora de Pensiones de Gracia de la Cámara de Diputadas y Diputados, publicado el 5 de enero de 2024 dejó constancia de que se cumplió la obligación que impusieron las glosas, dentro del marco de las competencias del INDH. Este documento no formuló reproche al procedimiento de acreditación de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos realizado por el INDH». (Emol)
