En poco más de tres meses los chilenos deberemos pronunciarnos en relación con la propuesta emanada de la Convención Constitucional. ¿En qué aspectos, entre muchos, debiéramos poner atención para tomar la decisión de aprobar o rechazar? Dos sobresalen por su capacidad de inclinar la balanza: el sistema político y los derechos sociales. Para algunos importará sobre todo el diseño del sistema político en tanto de sus disposiciones depende la fortaleza de nuestra democracia y, por consiguiente, el desarrollo del país en los próximos años y décadas. Para otros, en cambio, pesarán los derechos sociales —redactados con minucioso detalle—, para inclinarse sin reservas por la ratificación de la propuesta constitucional.
Pero, ¿debería la inclusión de un extenso catálogo de derechos sociales ser razón suficiente para el Apruebo, con independencia de la propuesta de un sistema político que, por ejemplo, pudiera incrementar el riesgo para la democracia y el desarrollo en el país? La respuesta obvia es que ningún demócrata podría ratificar una propuesta semejante. La democracia, sobre todo en los tiempos que corren, no debería ser sometida a ningún riesgo, ni siquiera a uno que se estime de baja magnitud, emanado de normas constitucionales inadecuadas o inconsistentes con el peligro que entrañan. Desafortunadamente, disposiciones de este tipo se encuentran en el borrador de la Convención Constitucional. Algunos, con sorprendente seguridad, negarán su existencia —o sus posibles efectos—, pero lo cierto es que las hay y el riesgo que importan para el futuro de nuestro sistema democrático es considerable.
Cabe notar que la constitucionalización de los derechos sociales no es una condición necesaria para su expresión material en una determinada sociedad, como lo muestran numerosos casos de países donde tales derechos han alcanzado las más altas coberturas y amplitudes del mundo, sin que sus constituciones los hayan enunciado siquiera o con el nivel de detalle del borrador en cuestión. Nuestro propio caso es ilustrativo: en Chile se han alcanzado algunos de los mayores avances en materia social de la región sin que la Constitución vigente lo mandatara explícitamente. Téngase presente que lo contrario también es cierto: que enunciados explícitamente en la Carta Magna, los derechos sociales sean letra muerta, como se puede apreciar de la experiencia en algunas naciones latinoamericanas.
No ocurre lo mismo con las disposiciones que promueven y refuerzan el sistema democrático. Son una parte esencial de la Carta Fundamental, la que no tendría sentido si carece de ellas. Resguardar a la nación de la tiranía es quizás su primer objetivo en tanto la democracia, el gobierno del pueblo, cesa de existir cuando aquella se entroniza. Al respecto, no caben vacilaciones. Las inconsistencias o fisuras del sistema político son la puerta de entrada del autócrata del siglo XXI, de cualquier signo, que se sirve de ellas para instalarse y permanecer en el poder. En consecuencia, en dichos enunciados constitucionales se juega el destino de la nación; lo que allí se disponga —o se deje de disponer— determinará el futuro de generaciones de chilenos.
Un texto constitucional que en razón del diseño del sistema político pudiere facilitar la instalación de un gobierno iliberal o autocrático no admitirá otra alternativa que el Rechazo. Por cierto, la misma opción procedería si acaso sus disposiciones pusieran en peligro la unidad de la nación creando inéditas diferencias entre los chilenos. Ratificar la propuesta constitucional de una Convención Constitucional legitimada por el contundente resultado electoral del plebiscito de noviembre de 2020 sería la decisión lógica y previsible. Pero rechazarla por las graves razones expuestas, que todo indica permanecerán en el texto final, ha de ser la opción de quienes ven en la democracia la única forma de gobierno para preservar la unidad y alcanzar el desarrollo de Chile de cara al futuro. (El Mercurio)
Claudio Hohmann
Alfredo Moreno
