Más de 70 organizaciones de derechos humanos, a los que se suman parlamentarios oficialistas y concejales de la región Metropolitana, dirigieron una carta al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, exigiendo su renuncia a raíz de la trama de formalización por el presunto delito de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social.
La misiva fue también entregada al Presidente Gabriel Boric en la oficina de partes del Palacio de La Moneda, en cuyas inmediaciones se registraron manifestaciones con motivo de la causa.
«Por un imperativo ciudadano que tiene su fundamento en el reconocimiento de la dignidad humana, nos dirigimos a usted para solicitarle que ponga término a sus funciones como Director General de Carabineros de Chile por estar involucrado en un procedimiento penal en calidad de imputado por hechos que han sido calificados por organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONG Human Rights Watch, entre otros, como constitutivos de delitos de lesa humanidad», sostienen las agrupaciones.
En esa línea, acusan que «la conducta desplegada por usted durante el estallido social, es de la máxima gravedad porque los funcionarios a su cargo realizaron acciones violatorias a los derechos humanos, que se enmarcan dentro de un ataque generalizado, sistemático y masivo en contra de la población civil, reproduciendo conductas criminales que solo habíamos vivido durante la dictadura civil militar, destruyendo la garantía de no repetición, con el resultado de cientos de personas con lesiones oculares gravísimas, miles de personas víctimas de apremios ilegítimos, lesiones graves y homicidio».
Dicho eso, aseveraron que Yáñez «violó la ley, violó los derechos humanos y fue partícipe de una acción criminal concertada y articulada desde el alto mando, del cual usted formaba parte, para reprimir ilícitamente y de una forma brutal e inhumana a la población civil».
Dicho eso, afirmaron que «su permanencia debilita la institucionalidad de la República y el Estado de derecho».
«El conflicto en el cual está envuelto tiene como contraparte al Ministerio Público un organismo constitucional, autónomo y jerarquizado que usted ha cuestionado requiriendo la inhabilidad de los fiscales que han solicitado su formalización criminal y además, durante la investigación ha tenido una conducta resistente a la acción de la justicia», añadieron.
Las firmas de la carta están encabezadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
En ella también aparece el nombre de las senadoras Fabiola Campillai (Ind), Claudia Pascual (PC), la diputada Karol Cariola (PC) y su par Boris Barrera (PC). También firma la Comisión Nacional de DD.HH del Partido Comunista. (Emol)
