El fiscal nacional, Jorge Abbott, habló esta mañana respecto a las críticas que han apuntando en los últimos días al Ministerio Público producto de las investigaciones en contra de imputados por desmanes o saqueos en el marco de la crisis social.
El persecutor se refirió a los reproches del Gobierno, desde donde el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sostuvo -según consignó La Tercera- que «muchas veces» el Ministerio Público «no nos acompaña» en la persecución de estos delitos, afirmando que «básicamente (los detenidos) quedan rápidamente en libertad, ni si quiera van a los controles».
Críticas que se suman a las de abogados penalistas que cuestionaron a la fiscalía por solicitar una audiencia de salida alternativa a 26 imputados por un saqueo en pleno estado de emergencia.
Al respecto, Abbott expuso a Cooperativa que «aquí desgraciadamente nosotros vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto que es de carácter social y político cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar el conflicto».
Entonces, continuó, «lo están desviando al área penal donde nosotros tenemos la responsabilidad que la vamos a asumir, la estamos asumiendo«, añadiendo que «si se fijan en los informes de todas estas instituciones relativas a los derechos humanos (Amnistía Internacional y Human Rights Watch) no dicen relación con críticas a funcionarios del sistema judicial (…), no hay críticas a cómo hemos actuado hasta ahora, porque lo hemos hecho bien».
Tras ello, señaló: «Quiero hacer una pequeña reflexión. El subsecretario del Interior y los ministros del Interior de todos los gobiernos cada vez que hay un procedimiento policial exitoso aparecen en la prensa junto con las policías, a veces con los fiscales (…). Entonces, los éxitos sí los reclaman, pero cuando hay críticas dicen ‘no, es el Ministerio Público’. Ahí no tienen ninguna responsabilidad ni vinculación».
«Es decir, las utilidades las hace el Ministerio del Interior y las pérdidas las hace el Ministerio Público«, recalcó.
Y por otro lado, Abbott llamó a «distinguir» entre las distintas personas que han sido detenidas desde el estallido social. «Hay personas que han cometido hechos violentos respecto de los cuales nuestra política es clarísima: tenemos que ser particularmente severos en la represión de ese tipo de conductas, por ejemplo, la quema del metro, que es una investigación compleja».
«Las personas que promovieron, que llevaron adelante esos incendios, por cierto que el Ministerio Público -una vez establecida sus identidades- va a buscar la mayor de las sanciones. Pero, por Dios, respecto de aquellas personas que ingresaron una vez que estaban los supermercados abiertos y sustrajeron algunas especies, no nos pidan las penas del infierno«, apuntó.
Y añadió: «Eso es demonizar una situación que no tiene la gravedad que tiene quien organizó ese saqueo. Hemos visto la situación de algunas personas que ingresaron ahí por una situación de oportunidad (…), se trata muchas veces de personas dueñas de casa».
CRITICAS DEL FISCAL GUERRA
El fiscal regional de la zona Oriente, Manuel Guerra, por su parte, conversó con Radio Pauta. Consultado sobre los saqueos en su jurisdicción, señaló que “en nuestro caso fue el delito más cometido las dos primeras semanas desde el 18 de octubre. Los primeros días de noviembre se quemaron supermercados en Peñalolén y Macul. Y después de eso comenzó a bajar progresivamente. Esa es una realidad y la otra han sido los delitos de desórdenes públicos”.
Sobre una eventual coordinación para la comisión de delitos, sostuvo que “hay varias líneas de acción. Efectivamente hay algunos hechos más graves que fueron los atentados a las distintas estaciones del metro el 18 y 19 de octubre. En ese caso particular una de las líneas de investigación es la posibilidad que grupos se hayan organizado, ya sea con antelación o ese mismo día, para cometer los delitos. Esa es una línea que están trabajando todas las fiscalías regionales metropolitanas. En los robos en lugar no habitado mayoritariamente observamos un tema de generación espontánea. En el caso de la gran mayoría de la gente, las personas que están formalizadas en su mayoría son personas sin antecedentes penales. Son personas que enfrentan por primera vez el sistema penal”.
También se le preguntó sobre las críticas que ha recibido la institución por los procedimientos abreviados que se han adoptado, a lo que señaló que “aquí hay un lugar común bastante frecuente. Y es que cuando las cosas no andan bien en seguridad pública se centra la mirada y el ataque en otras instituciones que actuamos con posterioridad a la ocurrencia de los delitos, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Desde el mismo día que esto ocurrió en la noche, al día siguiente en la mañana nosotros en Santiago y todos los fiscales del país hemos estado trabajando intensamente, reforzando nuestros turnos, dedicando a distintas unidades de manera especial a este tema”.
“Nosotros trabajamos sobre la base de los insumos que nos entrega la policía, y con esto no me estoy desligando de responsabilidades. Tenemos muchos casos en que la prueba es mínima. Que se detuvo a una persona detenidas con especies de supermercados pero no tenemos evidencia de cómo ingresaron, de cámaras de vigilancia y ningún otro elemento. Y yo entiendo que en el caso de la Fiscalía Centro Norte que se ha planteado esta salida alternativa ha sido porque no hay antecedentes. No hay un tema de favorecer la delincuencia, de tener una mirada que propicie la impunidad. Nosotros no podemos llegar y acusar gente si después estas personas van a ser absueltas por la justicia”, añadió el persecutor.
Posteriormente, Guerra apuntó contra algunos representantes del gobierno: “Aquí se hacen muchas gárgaras con la Ley de Seguridad del Estado. Nosotros, en los principales hechos, los más graves, desde el día 18 al 21, yo le puedo decir certeramente que en la Fiscalía Oriente no vimos a ningún abogado del Ministerio del Interior presente en una audiencia de control de detención en el momento en que correspondía hacer valer la Ley de Seguridad del Estado”.
“Fueron muchos controles de detención en todo Santiago, y si alguien brilló por su ausencia fueron los abogados del Ministerio del Interior. Me parece impresentable que el día de hoy que se sindique al Ministerio Público como el responsable de la baja intensidad de las medidas cautelares, y los abogados no estuvieron presentes cuando debían estar. Yo no sé de quién es esa responsabilidad , no sé qué es lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, pero mientras los fiscales trabajaron toda la noche como lo hacen los 365 días del año, se presentaron audiencias de control de detención para defender la legalidad de los procedimientos y formalizar, brillaron por su ausencia en la gran mayoría los abogados del Ministerio del Interior, que recién días después aparecieron, presentaron querellas, se coordinaron con nosotros”, sostuvo el fiscal regional.
Guerra afirmó que “yo creo que está bueno que se utilice al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un gobierno le va mal en materia de seguridad. Aquí hay una cosa muy clara, el Ministerio Público actúa una vez que se cometen los delitos. ¿Cuál será el aparato de inteligencia para detectar que se podía generar una revuelta de esta naturaleza? En la gran mayoría de los casos Carabineros, no es que no quiso, no pudo llegar por la múltiple cantidad de eventos. ¿Cómo nosotros vamos a poder formalizar gente si no tenemos elementos probatorios? Yo creo que está bueno de entrar a buscar de quién es la culpa”.
“Nosotros estamos actuando conforme a la ley que nosotros no creamos. Recién ahora se está planteando una agenda de seguridad para elevar las penas de ciertos delitos y tipificar ciertas conductas que no estaban especificadas en la ley. Pero se pretende bajo todo evento responsabilizar al Ministerio Público, y si no es el Ministerio Público, es el Poder Judicial porque deja feliz a la gente. Pero la gente elegida en el Parlamento no somos nosotros, y están reaccionando ahora. Ahora se dieron cuneta que el robo en lugar no habitado tenía baja pena, que el tema de los encapuchados y las barricadas era relevante”, aseguró él.
MINISTRA RUBILAR
La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, señaló que la Fiscalía «no tiene que defenderse», sino que debe «aprovechar esta oportunidad para ser mejor» en su trabajo.
«Yo creo que nosotros hoy tenemos un conflicto social y político que tiene aristas penales, y en esas aristas penales y de seguridad no podemos tomar la decisión solos como Gobierno. Y por eso el Presidente llamó en algún momento al Poder Judicial, a la Fiscalía, al contralor y a todos», precisó Rubilar a Radio Bío Bío.
En ese contexto, la ministra manifestó que «la Fiscalía tiene mucho que decir y yo creo que puede ver esto como una tremenda oportunidad de mostrar su trabajo, cómo lo hace, dónde hay deficiencias, cómo podemos reforzarlo, si hay problemas legales, legislativos de código penal, de atribuciones, de herramientas».
«Que la Fiscalía en vez de defender lo tomó como una oportunidad, tal como lo está tomando el Gobierno, como lo está tomando el Parlamento y como lo está tomando la ciudadanía», afirmó. Y agregó que «yo creo que la Fiscalía no tiene que defenderse, yo creo que la Fiscalía tiene que aprovechar esta oportunidad para ser una mejor Fiscalía después de 48 días».
CORTE SUPREMA
«Siempre quisiéramos que la justicia fuera justa y rápida. En la cultura de hoy, cuando se toma el teléfono, marca dos teclas y se comunica con Corea, no tenemos la mentalidad de avanzar con calma y reposo, que es lo propio de la justicia que debe reconstituir (los hechos)».
Con estas palabras el ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió en Radio Universo a la polémica con el Gobierno desatada por las libertades condicionales que se han otorgados a varios imputados por saqueos.
«Y aquí en todos estos procesos el Gobierno es parte, los querellantes son parte, los imputados tienen a su lado la Defensoría Penal Pública, (…) entonces todo esto tiene que irse trabajando para que luego el juez pueda disponer», explicó esta mañana.
Y agregó: «Por una parte está la sensación de castigo y por otra la necesidad de respetar los derechos de las personas, y eso el juez debe balancearlo debidamente». En este sentido, completó: «Si yo soy abogado y preparo todo lo que llevo ante el juez, una de las alternativas es que fracase (…) entonces no es extraño que una de las partes quede decepcionada, más bien es lo común. A alguien se le va a dar la razón».
«Yo no soy quién para defender al Ministerio Público, pero sólo digo que es mucho más fácil arrancar que perseguir, y cuando usted persigue en los términos que dice la ley tiene que tener extremo cuidado, si no no está respetando los derechos de las personas«, agregó.
Consultado por la calidad de las pruebas que se están aportando, el vocero del máximo tribunal señaló: «Si son buenas llevan a la condena, si no son buenas llevan a la absolución».
Sobre las declaraciones cruzadas entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, que respondió las críticas de los abogados del gobierno Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik apuntando a las salidas alternativas obtenidas en el caso Penta (donde ellos actuaron como defensores), Cisternas respondió «sin comentarios».
«Esta sensación de impunidad a que se hace referencia tenemos que colocarla en el contexto. Es una gran cantidad de saqueos y atentados de toda especie, no es fácil la labor de las policías para detectar y aprehender a esas personas, y la del Ministerio Público para acumular pruebas que le permitan llegar con alguien al tribunal y poder formalizarlo, de eso no podemos extrañarlos. Y tampoco podemos extrañarnos de que el juez de garantía no deje en prisión preventivo a estas personas o a muchas de estas personas», expresó.
«El juez concede una parte de las prisiones preventivas pedidas, pero esa parte es altísima, más o menos el 80%», señaló.
«El sistema permite las salidas alternativas y si el Ministerio Público está lleno de denuncias, va a optar en términos prácticos por salidas alternativas para dar de baja algunos casos y preocuparse de los restantes», sentenció.
«El principio de nuestro sistema procesal penal es que la gente tiene derecho a esperar la sentencia en su casa», afirmó. «De esta forma -continuó- el juez coteja si la persona tiene antecedentes previos, si el conjunto de pruebas es suficiente y si el delito merece una pena alta. Este es un robo en lugar no habitado y además es inespecífico porque son 100, 200 los que entraron. ¿Entraron incitando, rompiendo o simplemente fueron en la avalancha? Entonces el juez debe tomar una decisión al tenor de lo que se le presenta (…) las policías dicen que recorren con fotos, hay videos de la ciudadanía (…) pero lo más importante es que es robo en lugar no habitado y que tiene baja pena».
Consultado por la cantidad de hechos delictivos registrados en los últimos días, Cisternas dijo que «es claro que han ido bajando los hechos de violencia y destrucción, pero no se sabe si será tendencia. Por eso estamos a la expectativa por el funcionamiento de los juzgados de garantía que están en la primera línea por la gran cantidad de imputados que ha sido formalizados, esto supera con creces lo habitual».
Interior destaca que ayer «fue la primera jornada que no se informan eventos graves en regiones» desde 18-O 23
«No nos sentimos superados, los juzgados de garantía se han organizados con turnos extraordinario para despachar audiencias. A veces han tenido que quedarse hasta las 7 u 8 de la noche, pero se ha realizado el trabajo, en algunas ocasiones o unos casos se ha trasladado de tribunales porque han sido motivo de violencia y han sido necesario cambiarlos», agregó.
MINISTRO BLUMEL
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que «lo que más nos importa es que todas las instituciones del Estado, todas las instituciones democráticas hagan su máximo esfuerzo en este periodo tan complejo y difícil que estamos viviendo para poder recuperar la paz social, el orden público y sancionar con mucho rigor a quienes están cometiendo delito».
En ese contexto, el ministro recalcó que «necesitamos una justicia que actúe oportunamente, con mucha fuerza y con el máximo rigor de la ley, especialmente cuando se cometen delitos que causan tanto daño a las personas y que también dañan a la democracia».
«Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que las instituciones que están a cargo de la persecución penal y de la administración de justicia actúen con rigor, pero también con oportunidad, es decir, con la máxima celeridad posible, porque esos delitos no sólo causan daño a las personas, sino que también amenazan nuestra democracia», precisó.
Con esto, Blumel precisó que «estamos claros que no es solo la persecución de la justicia y el rigor de nuestra legislación penal lo que va a resolver esta crisis, este estallido social, evidentemente que no», aunque tienen una tarea importante dentro de su ámbito.
A su juicio, «no hay que mezclar las cosas, los problemas sociales se resuelven con diálogo, con buena política y con la participación de todos los sectores, del mundo social, del mundo político y de la sociedad civil. Los problemas de administración de la justicia y también de sancionar a quienes cometen delitos los tienen que abordar con las instituciones de nuestro ordenamiento democrático, las instituciones que tiene un mando o una responsabilidad en esa materia».
El ministro además confirmó que recibió ayer y dentro de los plazos, el informe pedido la semana pasada a Carabineros, luego de que se conocieran las conclusiones del reporte de Human Rights Watch y que arrojó «graves violaciones» de los derechos humanos por parte de uniformados durante las manifestaciones.
«Sí, llegó el informe, lo estamos estudiando y vamos a informar prontamente sobre las medidas y disposiciones que están contenidas», dijo el jefe de gabinete. Asimismo, Blumel afirmó que «nos interesa hacernos cargo de los cuestionamientos que se han hecho y no sólo fortalecer el control del orden público, sino que hacerlo con un total y estricto respeto por los derechos humanos de todas las personas».
CHV Y OPOSICIÓN REÚNEN FIRMAS PARA CITAR A ABBOTT
En la tarde de ayer martes ingresó un documento al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, para que cite a una sesión especial para el día martes 10 de diciembre.
Según el texto se trata de «conocer el avance de las investigaciones relativas a ataques a infraestructura sensible para el desenvolvimiento de la vida diaria como el metro, supermercados y centros de abastecimiento», y en ese contexto se invita a exponer al fiscal nacional, Jorge Abbott, en un texto firmado por 40 diputados, de casi todos los partidos, como UDI, Evópoli, RN, parlamentarios del Frente Amplio, Gabriel Boric, Diego Ibáñez y Gonzalo Winter, además de los DC Jorge Sabag, Manuel Antonio Matta y Miguel Ángel Calisto, y el radical José Pérez.
En la sesión se analizará «aspectos formales y de fondo en cuanto al modo en que se han desarrollado las distintas etapas investigativas y de juicio respecto a personas que se han puesto a disposición del Ministerio Público».(Emol-El Mercurio-Pauta-Cooperativa-Bio Bio-Universo)
