La razón es simple y fundamental: el océano regula el clima, absorbe un 25% del óxido de carbono que emite anualmente la actividad humana, y el 90% del calor que se agrega al planeta. El océano es fuente de vida, y hoy está seriamente amenazado por la acidificación, la pesca ilegal y la contaminación por basura plástica. Además, el océano genera ingresos, por lo cual se ha ido instalando el concepto de “economía azul”.
Para un país oceánico como Chile, proteger nuestros mares es una tarea prioritaria. De hecho, la superficie marina de Chile es casi cinco veces más que su extensión terrestre.
Concurrí a la conferencia como enviado especial de Chile para los Océanos, acompañando al ministro de Relaciones Exteriores, a la ministra del Medio Ambiente y junto a una nutrida delegación entre los que estaban, entre otros, representantes de Rapa Nui, pescadores de Juan Fernández, el gobernador de la Región de Valparaíso y la alcaldesa de Valparaíso. Durante la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet, me correspondió como canciller liderar la protección de los espacios marinos como un pilar de la política exterior. Realizamos avances históricos, como la creación de áreas marinas protegidas que sumaron un total de 1 millón 400 mil km{+2}, pasando de un 4,2% de áreas protegidas de nuestra zona económica exclusiva a un 43% en 2018, sobrepasando con creces la meta 30/30 de lograr un 30% de las jurisdicciones nacionales protegidas al 2030.
Paralelamente, organizamos en Chile una conferencia denominada “Nuestro Océano” en 2015 que se ha trasformado en un referente mundial; implementamos una nueva política de combate a la pesca ilegal: impulsamos junto a Francia y Mónaco la inclusión del océano en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático: y elaboramos una Política Oceánica Nacional, inexistente hasta ese entonces.
Asimismo, iniciamos la coordinación regional para las negociaciones que condujeron al tratado para regular la biodiversidad en alta mar —espacio que cubre el 60% de la superficie de nuestro planeta—, exitoso acuerdo denominado Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como BBNJ por su sigla en inglés.
El acuerdo regula la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, establece un sistema de evaluación de impacto ambiental de actividades en esa zona, abre oportunidades para la transferencia de tecnología para los países en desarrollo, y propone un sistema de uso sostenible del material genético con mecanismos para un reparto justo de los beneficios de su uso.
Chile ha ofrecido la ciudad de Valparaíso como sede de la secretaría de este importante tratado global. En Niza promovimos nuestra postulación, decisión que se adoptará cuando al menos 60 países hayan ratificado el tratado. Durante la reunión se conoció que ya se han recibido más de 50 ratificaciones.
Chile ha ganado legitimidad mundial en materia oceánica, hecho reconocido por los gobiernos nacionales, incluyendo el actual, que han continuado la tarea de elaboración de planes de manejo de las áreas marinas protegidas y otras acciones en favor del océano, como una política de Estado. Así, por ejemplo, en 2023, para materializar la Política Oceánica Nacional, se anunció un Programa Oceánico Nacional consistente en 40 acciones distribuidas en cinco ejes sectoriales y un eje transversal.
La legitimidad de Chile en materia oceánica, permitió que en la conferencia de Niza los países miembros de la ONU aprobaran por aclamación que Chile y la República de Corea organicen la próxima cumbre oceánica, UNOC4, en 2028, la última reunión global oceánica antes del 2030, meta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En la cumbre de Niza promovimos la idea de una “pausa precautoria” para frenar la explotación minera de los fondos marinos, iniciativa que debiera adoptarse en el marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, hasta contar con evidencia científica sólida sobre los impactos de tal explotación. No debe primar la incertidumbre sobre la ciencia.
Es en multilateralismo y no en acciones unilaterales donde deben administrarse los bienes comunes de alta mar, con soluciones innovadoras y sustentables, basadas en ciencia. No hay otro camino que la cooperación para la gobernanza y el uso sustentable de los océanos.
Heraldo Muñoz
Excanciller de Chile entre 2014 y 2018
