La ministra Romy Rutherford ha procesado a varios altos oficiales del Ejército por la arista denominada “empresas de turismo”, donde se investigan presuntos fraudes al Fisco por viajes al extranjero en comisión de servicio de oficiales y suboficiales. El origen del fraude sería el abultamiento de pasajes y devolución de dineros en efectivo por parte de las agencias de viaje.
Los funcionarios recibían unos ciertos derechos de viajes u orden fiscal, determinados previamente por la Unidad de Pasajes y Fletes, que éstos procedían a canjear en las agencias, para modificar las rutas o itinerarios y obtener saldos a su favor, que les eran entregados en dinero.
Según se ha conocido, existe un informe jurídico de octubre de 2018, ordenado por el Comando General de Personal de la Comandancia en Jefe del Ejército, al que tuvo acceso El Mercurio, según da cuenta en su edición del 25 de febrero pasado, donde se concluye que no han existido ilícitos por parte de los funcionarios por dichas conductas.
Como lo consigna el informe citado:“Los saldos a favor correspondientes a los cambios de itinerarios, en conformidad a las necesidades y derechos del usuario, eran entregados al interesado, por cuanto se entendía que no podían ingresar a la empresa, pues la agencia recibiría dos veces dinero por la misma orden”. Agrega que tampoco correspondía que los saldos se restituyeran al Fisco, pues de ellos ya se había desprendido el Estado, otorgando un derecho al personal, “calculados bajo parámetros impuestos por las leyes (reglamentos) y las autoridades, valores consignados en las órdenes para su canje para el titular”.
De este modo, según el informe, las agencias defraudarían al oficial, al quedarse con el saldo, y el Estado experimentaría un enriquecimiento sin causa, si pretendiera su reembolso. Bajo ese entendimiento, durante más de 30 años, muchos cientos de funcionarios actuaron bajo la convicción de haberse ajustado al derecho, a los reglamentos, a las órdenes de las autoridades y a las indicaciones de las agencias de turismo.
Sin embargo, el transcurso del tiempo no valida un abuso ni transforma la mala fe en buena fe. En el derecho civil, la costumbre no constituye derecho. Los acuerdos entre funcionarios y agencias, en que resultan saldos a favor de aquellos, perjudica el patrimonio fiscal. El objeto del pago es un traslado y no un negocio. Pero como el mecanismo nace de una unidad superior, que entrega una especie de “vale” para el canje, ello es considerado una orden de autoridad “validante”. Este ardid se ha practicado a la vista del Estado y ministros de Defensa por años. Hasta es posible que se repita en otras reparticiones, como la Cancillería y sus muchas misiones al extranjero. Deberá ponerse pronto remedio a la industria del abultamiento y sancionar a quienes generaron el mecanismo y actuaron de mala fe.
Álvaro Ortúzar/La Tercera
