Continuando el debate sobre el proyecto que pretende indultar a detenidos delitos cometidos durante el estallido social, hoy los senadores de la comisión de Constitución recibieron en audiencia a dirigentes de comerciantes afectados por la violencia ocurrida luego de las manifestaciones.
Ahí destacaron las intervenciones del director Ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo y el presidente de la Corporación Comercio Unido de Valparaíso, Héctor Arancibia.
Ambos entregaron cifras de la afectación, relatando cuántos empleos se han perdido y negocios que debieron cerrar, pero además contaron cómo debieron enfrentar el día a día en plena crisis social, particularmente en el torno a Baquedano en Santiago Centro y en calle Condell de la ciudad Puerto.
Ambos pidieron a los parlamentarios «actuar con sentido común» y rechazar la iniciativa, enfatizando de todos modos que se debe analizar en la justicia los casos de las personas detenidas.
ENTORNO DE PLAZA ITALIA
Izquierdo detalló que en el entorno al monumento a Baquedano se perdieron siete mil de los cerca de diez mil puestos de trabajo que existían antes del 18 de octubre de 2019.
«Cuando hablamos de puestos de trabajo se trata de siete mil personas, padres, madres de familias y mismo número de hogares, que tienen que mantenerlos y que hoy no tienen ingresos gracias a esta violencia inusitada», dijo el dirigente agregando que «el 80% de los negocios en el barrio Baquedano sufrieron daño físico».
«Hubo muchos de ellos que se vieron forzados a dejar para siempre los barrios», sostuvo asegurando que a juicio de su gremio «liberar a estas personas es darle un puñetazo en la cara para quienes vivieron todo eso».
El presidente de la multigremial emplazó uno por uno a los senadores de oposición que integran la comisión: Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (ind./PPD).
«¿Cómo le va a explicar a los ciudadanos una votación a favor de un proyecto cómo este? No podemos bailar al ritmo de una primera línea que parece gobernar la política y debemos recuperar el sentido común (…). La existencia de este proyecto nos violenta, no podemos permitir las marchas ciudadanas que hubo, con todos los actos de violencia que vimos después de esas marchas».
«NO QUEREMOS VER MORIR LA CALLE CONDELL»
El representante de Valparaíso, en tanto, argumentó que «los delincuentes que hoy pretenden indultar, nos destruyeron la calle Condell». «Esta es una ciudad acostumbrada a las marchas, nosotros tenemos en tiempos normales hasta cuatro marchas semanales, sabemos cómo se comportan los manifestantes, son marchas pacíficas. Ahora vimos descolgados que comenzaban a patear las cortinas de nuestros locales para claramente saquearlos y los mismos manifestantes se encargaban de sacarlos», comentó Arancibia, agregando que el tramo mencionado tiene cinco cuadras «y es o era la principal arteria comercial de Valparaíso y nosotros no vamos a permitir que esta muera».
El presidente de los locatarios de la ciudad detalló que cerca del 40% del comercio fue destruido. «Hoy da pena ver las condiciones en qué está, los locales quemados que no sabemos hasta cuándo van a estar en esa condición (…). Locales desocupados y en arriendo, y el resto de los que seguimos en pie, convertidos en bunkers ateniendo por pequeñas puertas».
«Vivimos cinco meses de saqueos y desgracias, que no podíamos trabajar en forma normal (…) y los que lográbamos vender, era el 15%. Teníamos en promedio el 80% de pérdidas, esos cinco meses fue así, fueron meses durísimos e interminables«, continuó.
Arancibia relató que «con un grupo de comerciantes nos quedábamos hasta las cuatro de la mañana cuidando nuestros locales. Salvamos varios, algunos los salvamos incluso de ser quemados, lamentablemente no lo logramos con todos, eran demasiados los vándalos que andaban, y no podíamos interponernos en locales que son de cadenas, nos dedicamos al comercio detallista».
A eso, indicó, le sumaron al contratación de guardias de seguridad privados. Según dijo, los mismos comerciantes veían «organizándose» a los grupos que luego actuaban contra los locales. «Han intentado volver a sus andanzas, pero gracias a Dios sin la fuerza y convocatoria de antes, ¿será porque sus cabecillas están tras las rejas?», planteó.
«Las verdaderas víctimas fue el comercio establecido, destruyeron mucho más que locales comerciales, destruyeron años de sacrificio, miles de familias desempleadas«, indicó a los senadores entrando al fondo de la discusión del proyecto impulsado por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC).
«Sugiero dejar de lado el populismo y enfocarse en lo que es realmente importante para todos los chilenos. Lo que más pedimos es que nos dejen trabajar«, indicó contando sobre algunas personas que justo antes del estallido habían hecho «grandes inversiones» pensando en las fiestas de fin de año y «lo perdieron todo, quedando con deudas que aún no pueden pagar».
La comisión escuchó en la sesión anterior a familiares de personas que se mantienen en prisión preventiva y la próxima recibirá en audiencia a abogados especialistas en el área. Se estima que la próxima semana podría ser votado por la instancia e incluso en la Sala.
SENADOR ARAYA: DELINCUENTES COMUNES PODRÁN PEDIR INDULTO
Mientras la Comisión de Constitución del Senado continúa abordando la discusión por el indulto a los llamados «presos de la revuelta», el presidente de la instancia, senador Pedro Araya, abordó las «complejidades» que presenta el texto, por las distintas aristas que se ven involucradas políticas, personales, sociales y jurídicas.
Así las enumeró este jueves en conversación con EmolTV, donde dijo estar consciente «que tenemos que buscar una salida política a un problema cuyo origen principal es político, pero esa solución política no puede exceder el marco jurídico que tenemos como país, y ahí es donde tenemos varios problemas, porque el proyecto tiene muchas complejidades jurídicas».
Uno de ellos, es que «no sabemos cuántos son los presos de la revuelta, quiénes son y cuál es su situación procesal. El Ministerio Público ha dicho que no está en condiciones de decir cuántos son, por la sencilla razón de que no hay un delito específicamente asociado a la revuelta«.
De esta manera, explicó, estas personas ingresan al sistema penal «con un código estadístico que se usa dependiendo del delito por el que está siendo investigado y ese cambia dependiendo de quién da la información: Carabineros, el tribunal o la fiscalía».
El segundo gran problema del proyecto, sostuvo, «es el catálogo de delitos a indultar, porque el que se presentó es extremadamente amplio, uno podría entender que se indulte a quienes fueron condenados por desórdenes en la vía pública o daño a la propiedad pública, pero me pregunto por qué razón deberíamos indultar delitos tan graves como porte y tenencia de armas de fuego (…) u homicidio frustrado».
En tercer lugar, «es que tiene una confusión doctrinaria jurídica respecto de dos instituciones que extinguen la responsabilidad penal: indulto y amnistía, que si bien tienen el mismo fin, tienen efectos y requisitos distintos».
En el indulto, la persona juzgada no cumple la sanción penal, mientras que la amnistía «borra el delito», es decir «ni siquiera va a haber investigación para saber si fue culpable o inocente».
Con esto, el senador consideró que «de aprobarse como está (el proyecto), supondría que una serie de investigaciones se lleven adelante, donde además, delincuentes comunes van a poder pedir el beneficio, no se va a poder llegar a término de saber fue lo que ocurrió y si la persona investigada era o no responsable de los hechos».
(Emol)
