Luego de conocer la fórmula de cálculo que utilizará el ministerio de Educación para dar gratuidad el próximo año al 50% de los alumnos más vulnerables de las instituciones de educación superior que cumplen con los requisitos, un estudio advierte que algunas casas de estudio presentarán déficit en sus ingresos de sumarse al beneficio.
Si bien el ministerio de Educación (Mineduc) se comprometió a que ninguna universidad recibiría menos recursos de los que captó este año, tras conocer los detalles de la glosa incluida en la Ley de Presupuestos, algunos rectores comenzaron a preocuparse sobre su eventual desfinanciamiento, según publica hoy «El Mercurio».
De acuerdo al análisis hecho por la fundación Acción Educar -ligada a ex asesores del Mineduc durante el gobierno de Sebastián Piñera- las universidades Católica y de Chile presentarían déficit en sus ingresos.
En el caso de la UC, la merma sería, en promedio, de $611 mil por alumno, mientras que en la universidad estatal sería de $135 mil por estudiante. Esto, considerando la matrícula actual de cada plantel, y tomando en cuenta que ambas compartirán un arancel regulado de $3,8 millones, incluyendo el 20% adicional que financiará el fisco.
Al respecto, el director de Acción Educar, Raúl Figueroa, explicó que parte de la brecha que se genera se debe a que el arancel regulado que propone el Mineduc se calcula en base al actual arancel de referencia, el que «no guarda relación con la estructura de costo de las instituciones».
Por su parte, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, dijo que «en las simulaciones que se han trabajado con el ministerio, la brecha (a financiar) que hemos tenido es mayor a los $1.200 millones, lo que es un monto significativo». Ante esto, la autoridad ha manifestado que de mantenerse las condiciones actuales de la gratuidad no adscribiría al beneficio.
Otro análisis realizado por el centro de estudios Clapes de la UC, asegura que, en total, 18 universidades -de las 28 que podrían acceder a la política el próximo año- podrían tener una merma producto de los aranceles regulados.
El estudio establece que entre las 10 instituciones que no se verían afectadas por la política, hay seis estatales y otras cuatro privadas del Consejo de Rectores (CRUCh). Asimismo, las casas de estudio sumarían unos US$ 30 millones en brechas, que deberán pagar por su cuenta.
