Durante el Gobierno de la Unidad Popular, el jurista y asesor legal directo de Salvador Allende, Eduardo Novoa Monreal, acuñó el llamativo concepto de “resquicio legal”. Esta doctrina fue clave para la implementación del ambicioso programa de transformación económica de la UP, que incluía expropiaciones, estatizaciones y nacionalizaciones. El resquicio legal consistía en detectar vacíos dentro de un sistema normativo intrincado, para habilitar interpretaciones creativas de la ley que permitieran avanzar en objetivos políticos sin vulnerar la Constitución. Novoa Monreal fue, en ese sentido, un verdadero alquimista del derecho.
A solo cuatro meses de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, pese a que la Constitución consagra el carácter obligatorio del voto, el Congreso Nacional aún no ha aprobado la ley que fija las multas para sancionar a quienes no sufraguen. Así, de mantenerse el escenario actual, la elección se realizará con un voto que en el papel es obligatorio, pero en la práctica será voluntario, al no existir sanción económica alguna. Todo gracias a un resquicio, esta vez, constitucional.
Aunque existe un proyecto ya aprobado en el Senado que establece un rango de multas, el Gobierno no solo no lo ha priorizado en su agenda legislativa, sino que además ha dilatado su tramitación, enredando el debate con maniobras tácticas. La omisión, no parece casual.
Por un lado, el Ejecutivo busca reducir la cuantía de la sanción, lo que relaja el carácter obligatorio del voto. Es probable que la información de que los votantes “obligados” —es decir, esos siete millones de electores que no participaban bajo el régimen de voto voluntario— tienden a apoyar en mayor medida a candidatos de oposición, haya motivado este súbito interés en atenuar las multas.
Pero eso no es todo. Las fuerzas oficialistas también buscan eximir de la sanción por no votar a los 800 mil extranjeros habilitados para sufragar al cumplir el requisito de cinco años de residencia en Chile.
Este cambio de actitud resulta especialmente llamativo. Hasta hace poco, la izquierda defendía un enfoque de derechos para abordar la inmigración. En 2020, por ejemplo, diputados del Frente Amplio —entre ellos Gonzalo Winter, uno de los más cercanos al Presidente— patrocinaron un proyecto que otorgaba el derecho a voto a los extranjeros en el plebiscito constitucional de entrada, e incluso permitía que postularan como candidatos a la Convención Constituyente. Del mismo modo, la propuesta constitucional del Apruebo en 2022 —también respaldada por la izquierda— no contempló restricción alguna para el voto extranjero tras cinco años de residencia. En consecuencia, el voto extranjero o se promovía o sencillamente “no era tema” para este sector.
Tras las elecciones municipales 2024, con resultados en mano, probablemente el análisis del oficialismo fue que el voto extranjero los perjudicó, especialmente en aquellas comunas con alto porcentaje de población inmigrante habilitada para sufragar, las que coincidentemente cambiaron de signo político, pasando de ser controladas por el oficialismo a ser gobernadas por la oposición como: Santiago, Independencia, San Miguel y otras.
Así, tras años de defensa de una política de fronteras abiertas en al ámbito migratorio, la izquierda ha entrado —sin pudor— en la disputa por el voto antiinmigrante. ¿La excusa perfecta? Abrir el debate sobre el derecho a voto migrante, cuestión que perfectamente se podría debatir, pero no a cuatro meses de la elección parlamentaria y presidencial. Para el Gobierno, poco parece importar que el daño colateral aparejado a este giro copernicano de posición en el otorgamiento al derecho al sufragio sea el debilitamiento del voto obligatorio.
La dilación en la tramitación de esta norma relativa a las multas por no sufragar no parece ser torpeza ni negligencia. Huele a cálculo. Y lo inquietante no es solo la triquiñuela jurídica, sino la vocación que la anima: una política dispuesta a renunciar a sus principios —como el voto obligatorio o el sufragio extranjero— si es que aquello otorga una ventaja en los próximos comicios.
Al final, la doctrina de Novoa Monreal sigue viva. Ya no como herramienta para “transformar”, sino en una versión más burda: inclinar el tablero electoral. (Ex Ante)
Jorge Ramírez
